Anatomía de la impunidad

La impunidad en México se mantiene como una de las peores del mundo de acuerdo con el Índice Global de Impunidad (IGI) que publica la Universidad de las Américas Puebla y que compara a 69 países en un análisis multivariable de este problema.

Desde 2015, cuando se realizó el primer estudio bianual, nuestro país se ha mantenido en el sótano de dicha evaluación. En su primera medición ocupamos la posición 58 de 59 naciones integradas al modelo. Para 2017 obtuvimos la posición 66 de 69 naciones y en 2020 estamos en la posición 60 de 69, aunque los datos no son fácilmente comparables porque la muestra tuvo, por metodología, la salida de algunas naciones y la incorporación de otras.

El modelo no es un indicador de seguridad pública, tampoco es un diagnóstico de coyuntura, ni está construido con variables de percepción social como si lo hace la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) que difunde trimestralmente el INEGI.

Antes bien, es un diagnóstico de la cadena de funciones públicas que permite procurar justicia. Para ello, evalúa con datos duros las capacidades del Estado, a través de la corresponsabilidad del Poder Ejecutivo y el Judicial para brindar y garantizar acceso y resolución de los procedimientos de justicia. Es, en palabras llanas, una radiografía de que funciona y que no desde que se comete un delito en México, hasta que se dicta sentencia, pasando por la evaluación de los sistemas de seguridad, justicia y derechos humanos.

Así, las naciones menos impunes en 2020 fueron: 1) Eslovenia, 2) Croacia, 3) Grecia, 4) Bosnia y 5) Suecia. Los últimos en el ranking (con mayor grado de impunidad) los ocuparon: 1) Tailandia (último lugar), seguido de, 2) Honduras, 3) Marruecos, 4) Argelia y 5) Azerbaiyán.

Cuando desagregamos las dimensiones que considera dicho modelo podemos construir una evaluación más acertada sobre los elementos que están fallando en cada país y que requieren una revisión de las políticas públicas aplicadas.

Pues México parece estar subiendo peldaños en el sub rubro de Sistema de Seguridad donde ocupa el lugar 35 de 69, y lo mismo sucede con la política de derechos humanos, en la que el país se ubica en la posición 45 del total de naciones evaluadas.

Pero el Sistema de Justicia, es decir, la efectividad del modelo judicial para procesar conforme a derecho a los inculpados está arrastrando la capacidad institucional de México hacia los últimos lugares del ranking.

La reflexión es relevante, pues quiere decir que hay un esfuerzo nacional que ha ido incrementando las capacidades de combate a los factores de inseguridad y que cada vez se hace con mayor apego a los derechos humanos, pero dicha voluntad tiende a estancarse cuando los procedimientos pasan al Poder Judicial. O, lo que es lo mismo, en México hoy tenemos una fuerza policiaca superior a las de Estados Unidos (204 por cada 100 mil hab.) o Canadá (185 por cada 100 mil hab.) que ronda los 348 policías por cada 100 mil habitantes, pero tenemos solo 2 jueces por cada 100 mil habitantes, contra 43 jueces que tiene Eslovenia (lugar 1 del ranking), Croacia (lugar 2 del ranking), o Grecia (lugar 3 del ranking.

El reto es claro: la capacitación, equipamiento y profesionalización de las fuerzas policiales deben ir vinculadas al incremento de personal judicial (ministerios públicos y jueces), porque de lo contrario mantendremos vigente un esquema ineficaz e ineficiente que poco abona a la urgencia de justicia que tiene la sociedad.