La creación del IFE –Instituto Federal Electoral- hoy INE, y la significación que tuvo como organismo autónomo para avanzar del sistema de partido único a la alternancia y sobre todo a una democracia organizada, clara y transparente no sólo a nivel federal sino también en los estados libre y soberanos, como mandata nuestra Constitución, mereció el reconocimiento nacional e internacional como un sólido avance en la democracia de México que dejaba atrás, -Salinas dixit-, el sistema de partido único.
Como se recordará hasta 1988 el Gobierno Federal vía la Secretaría de Gobernación era también el árbitro electoral, culminando sus polémicas actuaciones en dicho año, cuando el entonces secretario de Gobernación habló de la “caída del sistema”, ante la sospecha más que generalizada del triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.
El justo reclamo partidista y popular derivó entonces en reconocer la necesidad de cambios trascendentes para avanzar con certeza a una democracia real, representativa cuyas elecciones fueran organizadas por un organismo preparado, prestigiado y autónomo. Desde entonces las elecciones federales en México fueron observadas por entes locales e internacionales que constataron, pese a algunas irregularidades siempre inherentes en este ejercicio, la calidad de las mismas.
Ahora ante la iniciativa de una nueva Reforma Electoral planteada verticalmente con diversos argumentos como el de gastar menos y de ahondar en una pleonástica “democracia participativa”, José Wondelberg prestigiado ex presidente del IFE ha hecho diversos señalamientos que no pueden soslayarse.
Entre dichos señalamientos ha dicho el ex consejero presidente del INE, antes IFE, que la iniciativa de reforma constitucional en materia de elecciones lanzada por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador haría que los procesos electorales se volverán a “partidizar”. El hecho de que la iniciativa citada busque que los nuevos consejeros surjan de una elección popular puede “sonar muy bien”, pero 20 de los candidatos serían impuestos por el Presidente; mientras que otros
20, por las dos cámaras del Congreso, en las que hay mayoría es de Morena (partido de AMLO); y 20 más por la Suprema Corte.
“Pues bien, ha dicho Wondelberg, con la información de que el Presidente y la mayoría de las cámaras son de Morena, lo que estamos haciendo con esta fórmula es volver a la partidización de los órganos electorales. A esto sumemos que los candidatos a ocupar las consejerías o las magistraturas –del Tribunal Federal Electoral- no pueden hacer campañas, y que los únicos aparatos que tienen son los partidos políticos”.
Sobre el costo de las elecciones, una de las razones que ha argumentado el Gobierno Federal así como personas afines respecto a la necesidad de una reforma constitucional en materia electoral es que el Instituto Nacional Electoral es un órgano “caro”, José Woldenberg precisó que “hay que dimensionar el presupuesto del INE en relación con el Presupuesto de Egresos de la Nación. Cuándo uno lo compara se da cuenta que el ingreso al INE no llega ni al 0.5 del presupuesto. No es cierto que lo fundamental de los recursos públicos vaya a la materia electoral”, asentó.
Destacó asimismo que una parte del dinero recibido por el INE no se destina al órgano, sino al financiamiento a los partidos políticos. Señaló además que tres de cada diez pesos que se le brindan al INE se utilizan en función de la confección del padrón, la lista nominal de electores y la entrega de una identificación oficial, documento que “de facto” se ha vuelto en cédula de identidad del mexicano por lo que su uso rebasa el tema electoral teniendo en la práctica mayores funciones.
Añadió asimismo como justificación al ingreso del INE la capacitación de las y los ciudadanos encargados de participar en las elecciones como funcionarios de casilla.
Expresó Wondelberg su preocupación por el hecho de que la iniciativa de reforma se haya hecho en silencio, sin añadir propuestas de personas ajenas a la administración de López Obrador ni a partidos opositores.
Para finalizar, ha expresado que el voto electrónico ayudaría a reducir costos en los procesos electorales, y que la “partidización” que implicaría dicha reforma electoral sería un retroceso a las elecciones del siglo pasado, antes de que existiera el INE.
Debate
En aras de un avance democrático auténtico México requiere hoy más que nunca de debates de altura en los que sea tomada en cuenta la visión de los constitucionalistas, de los expertos, de los estudiosos, de los académicos y de los distintos sectores sociales representados en los congresos en los diversos partidos y en los órganos de la sociedad civil organizada, y de olvidar la narcisista posición de atenerse a los textos o iniciativas enviados desde las alturas “sin quitarles ni ponerles ni una coma”.
Aquí vale la pena también redefinir con claridad qué es y cómo ha cambiado la percepción de “opinión pública” que hasta no hace mucho era considerada, casi con unanimidad, como idea de consenso, o referencia a que existe una idea como la suma de opiniones individuales que hacen mayoría.
Hoy, según el reconocido sociólogo francés –fallecido a principios de este siglo- Pierre Bourdieu, “la opinión pública no existe cuando se mide por sondeos, pues desde la manera en la que se redactan las preguntas de los sondeos, hay un sesgo. Además, se les pide a las personas que opinen sobre temas políticos, pero las preguntas apelan frecuentemente a los principios morales del individuo”. Teniendo en cuenta lo anterior, la opinión pública en lugar de entenderse como un consenso de ideas individuales, puede entenderse mejor como un sistema de fuerza, posiciones de poder que se enfrentan o se relacionan dentro de las esferas públicas, afirma Bourdieu.
En nuestro tiempo habrá que tomar en cuenta la tradicional presencia de los medios de comunicación en el debate público, a favor o en contra de determinadas posiciones políticas o económicas, así como su labor de informar jerarquizando y orientando según posiciones públicas e intereses económicos.
Hoy sin embargo habrá que ir mucho más allá y considerar la importancia brutal de las redes sociales y todos sus usos, muchos de ellos primitivos, sesgados, retóricos, aplastantes que buscan conformar una “opinión pública” que frecuentemente ni es opinión pues es sólo triste adjetivo de repetición; ni pública, pues responde a intereses ocultos y beneficios privados.
En materia de democracia representativa y de “opinión pública” habría que ahondar mucho más y acceder con serenidad y sin capricho a la luz que nos pueden dar enseñanzas del pasado y que reclama el horizonte de un mejor futuro.
