/ lunes 16 de julio de 2018

Cultura Tributaria

El cuidado de la hacienda pública


La hacienda pública en un aspecto general, es el patrimonio apreciable en dinero que es propiedad del Estado, que tiene su origen en la recaudación y un destino específico que es el gasto público, esto es, la satisfacción de las necesidades de la población; para cumplir con ese objetivo en el origen es que hace falta el establecimiento de las contribuciones que han de pagar todos los ciudadanos para entonces aplicarlo al gasto social y la infraestructura del estado.

La hacienda pública es una estructura dotada de una gran complejidad, sin duda tiene una importancia especial en la vida y actividad de todos los gobernados, por hoy, podríamos decir que no hay persona que guarde una relación con ella, así como contribuyente en el ámbito de los ingresos y consumo, con los ingresos del propio estado o en el área del gasto gubernamental.

Siguen pendientes muchos puntos a considerar en la hacienda pública, lo que es por siempre una tarea del gobierno, se trata de una combinación del trabajo Legislativo, Ejecutivo y en un momento específico, el Judicial, lo que trasciende en la revisión de las leyes tributarias, el ejercicio responsable del gasto y la garantía de la seguridad jurídica para los contribuyentes en la aplicación de las normas fiscales, que en muchas ocasiones se aplican de manera arbitraria.

Históricamente el gobierno mexicano ha tenido que enfrentar crisis económicas y ante esa circunstancia por presiones internacionales se ha entrado en políticas de austeridad, lo que ha implicado reducir el gasto público, inversión en infraestructura, pero nunca en una reducción real de los costos, ni mucho menos ataque a la corrupción, que es donde se esconden los altos costos.

Así, en estas fechas nos encontramos con ajustes importantes a las promesas de campaña, donde a la cercanía se alcanza a observar que no todo lo que se promete es posible de cumplir de inmediato, sobre todo cuando casi se han designado a los funcionarios del gabinete del gobierno que ha de entrar en funciones el 1 de diciembre de 2018, y con la experiencia que cuenta cada uno, el siguiente paso es la realización de un plan ahora de la función para cumplir con el objetivo planteado por las normas y las propias finanzas publicas y ya no como objetivo principal, ganar una elección.

Se alcanza observar, cómo en voz del futuro secretario de hacienda se descartan movimientos abruptos, como es el caso del ajuste constante al precio de la gasolina que seguirá en la misma dinámica, pero se prevé plantearse sólo a la par de la inflación, sin dejar de vincularlos al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, considerar una reducción en la tasa del Impuesto al Valor Agregado en la Frontera.

Se plantea evitar la creación de más impuestos y evitar el incremento de los que ya existen, dar subsidios a los productores del campo, educación gratuita y universidad para todos los egresados de bachilleratos.

Respecto del presupuesto, es de decirse también que éste no se puede modificar de manera total, sino que debe tomarse en cuenta el presupuesto anterior, el estado de la finanzas públicas actuales, tomar el esquema actual y a partir de ahí, hacer los ajustes necesarios en cuanto al gasto corriente, los salarios de los altos funcionarios, eliminación de gastos no prioritarios, replanteamiento de programas, asignando mayor presupuesto a sectores fundamentales como la educación, salud y seguridad.

Resulta un tanto lógico que tenga que ser así, debido a que en esta etapa en particular se debe trabajar de manera conjunta entre los funcionarios entrantes y salientes ya que la responsabilidad del presupuesto es del gobierno actual aunque quien lo ha de ejercer será el próximo, en ese ejercicio ni en ninguno debe dejar de cumplirse la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que exige su aplicación en materia de programación, presupuestación, aprobación, ejercicio, control y evaluación de los ingresos y egresos públicos federales.

En la realización de esas actividades inherentes se debe observar que la administración de los recursos públicos federales se realice con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género.

Debe observarse la necesidad de realizar una reforma fiscal eficiente equilibrada, que tome en cuenta una disminución en el Impuesto Sobre la Renta, una eventual homologación del Impuesto al Valor Agregado, revisión del las tasas del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, ampliación a la base de contribuyentes, seguridad jurídica en la fiscalización, que evite las conductas arbitrarias de los fiscalizadores; todo ello con la intención de ser verdaderamente competitivos.

Sobre todo un verdadero ataque a la corrupción, reforzamiento en la transparencia, rendición de cuentas y un plan de austeridad real que trascienda a mayores beneficios en los programas de gasto e inversión.

Comentarios: Sergio@ledezma-ledezma.com

Facebook Sergio.ledezma.58

El cuidado de la hacienda pública


La hacienda pública en un aspecto general, es el patrimonio apreciable en dinero que es propiedad del Estado, que tiene su origen en la recaudación y un destino específico que es el gasto público, esto es, la satisfacción de las necesidades de la población; para cumplir con ese objetivo en el origen es que hace falta el establecimiento de las contribuciones que han de pagar todos los ciudadanos para entonces aplicarlo al gasto social y la infraestructura del estado.

La hacienda pública es una estructura dotada de una gran complejidad, sin duda tiene una importancia especial en la vida y actividad de todos los gobernados, por hoy, podríamos decir que no hay persona que guarde una relación con ella, así como contribuyente en el ámbito de los ingresos y consumo, con los ingresos del propio estado o en el área del gasto gubernamental.

Siguen pendientes muchos puntos a considerar en la hacienda pública, lo que es por siempre una tarea del gobierno, se trata de una combinación del trabajo Legislativo, Ejecutivo y en un momento específico, el Judicial, lo que trasciende en la revisión de las leyes tributarias, el ejercicio responsable del gasto y la garantía de la seguridad jurídica para los contribuyentes en la aplicación de las normas fiscales, que en muchas ocasiones se aplican de manera arbitraria.

Históricamente el gobierno mexicano ha tenido que enfrentar crisis económicas y ante esa circunstancia por presiones internacionales se ha entrado en políticas de austeridad, lo que ha implicado reducir el gasto público, inversión en infraestructura, pero nunca en una reducción real de los costos, ni mucho menos ataque a la corrupción, que es donde se esconden los altos costos.

Así, en estas fechas nos encontramos con ajustes importantes a las promesas de campaña, donde a la cercanía se alcanza a observar que no todo lo que se promete es posible de cumplir de inmediato, sobre todo cuando casi se han designado a los funcionarios del gabinete del gobierno que ha de entrar en funciones el 1 de diciembre de 2018, y con la experiencia que cuenta cada uno, el siguiente paso es la realización de un plan ahora de la función para cumplir con el objetivo planteado por las normas y las propias finanzas publicas y ya no como objetivo principal, ganar una elección.

Se alcanza observar, cómo en voz del futuro secretario de hacienda se descartan movimientos abruptos, como es el caso del ajuste constante al precio de la gasolina que seguirá en la misma dinámica, pero se prevé plantearse sólo a la par de la inflación, sin dejar de vincularlos al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, considerar una reducción en la tasa del Impuesto al Valor Agregado en la Frontera.

Se plantea evitar la creación de más impuestos y evitar el incremento de los que ya existen, dar subsidios a los productores del campo, educación gratuita y universidad para todos los egresados de bachilleratos.

Respecto del presupuesto, es de decirse también que éste no se puede modificar de manera total, sino que debe tomarse en cuenta el presupuesto anterior, el estado de la finanzas públicas actuales, tomar el esquema actual y a partir de ahí, hacer los ajustes necesarios en cuanto al gasto corriente, los salarios de los altos funcionarios, eliminación de gastos no prioritarios, replanteamiento de programas, asignando mayor presupuesto a sectores fundamentales como la educación, salud y seguridad.

Resulta un tanto lógico que tenga que ser así, debido a que en esta etapa en particular se debe trabajar de manera conjunta entre los funcionarios entrantes y salientes ya que la responsabilidad del presupuesto es del gobierno actual aunque quien lo ha de ejercer será el próximo, en ese ejercicio ni en ninguno debe dejar de cumplirse la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que exige su aplicación en materia de programación, presupuestación, aprobación, ejercicio, control y evaluación de los ingresos y egresos públicos federales.

En la realización de esas actividades inherentes se debe observar que la administración de los recursos públicos federales se realice con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género.

Debe observarse la necesidad de realizar una reforma fiscal eficiente equilibrada, que tome en cuenta una disminución en el Impuesto Sobre la Renta, una eventual homologación del Impuesto al Valor Agregado, revisión del las tasas del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, ampliación a la base de contribuyentes, seguridad jurídica en la fiscalización, que evite las conductas arbitrarias de los fiscalizadores; todo ello con la intención de ser verdaderamente competitivos.

Sobre todo un verdadero ataque a la corrupción, reforzamiento en la transparencia, rendición de cuentas y un plan de austeridad real que trascienda a mayores beneficios en los programas de gasto e inversión.

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