/ lunes 21 de enero de 2019

Cultura Tributaria


Hacia una nueva convención nacional hacendaria


Las propuestas planteadas por los legisladores a través de la Ley de Ingresos de la Federación para 2019, donde se observan sustituciones especiales de disposiciones fiscales, como el Código Fiscal de la Federación, la Ley del Impuesto Sobre la Renta y la Ley Federal de Derechos, sin modificar las leyes, deja ver de manera especial la necesidad de una reforma fiscal adecuada a las pretensiones de ataque a la evasión fiscal, identificación de los delitos fiscales graves, estímulos especiales a la zona fronteriza, la eventual disminución del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios que permita como consecuencia una baja en el precio de los combustibles; así las cosas, se espera que en un lapso de tres años deba hacerse dicha reforma, pero en ello debe tomarse en cuenta la propuesta que ha surgido de la realización de una Convención Nacional hacendaria, para que se recojan las necesidades reales en el tema.

El propósito de una Convención nacional hacendaria debe ser coadyuvar a impulsar un desarrollo económico más dinámico y justo, redefinir las responsabilidades de gasto a partir de las necesidades básicas en materia de desarrollo social y de infraestructura productiva de cada uno de los tres órdenes de gobierno, así como generar los recursos necesarios y suficientes dentro de un nuevo federalismo, adoptando medidas para frenar el crecimiento de los pasivos locales y mejorar las finanzas de los estados y municipios; por hoy se ha venido planteando un especial ataque a la corrupción, impulso a la transparencia, rendición de cuentas y ataque a la impunidad y sin duda que para lograr esos objetivos es indispensable revisar todo el marco jurídico.

La convención debe ser un instrumento real para homologar criterios de austeridad que tanto se ha pregonado, un gasto responsable y desde luego la organización efectiva de los poderes legislativos locales y del Congreso de la Unión; que a partir ello verdaderamente se tomen en cuenta las propuestas que se aporten y discutan en ese foro, encontrar que no quede solo como un ejercicio ocioso, debe recordarse que la convención más reciente fue precisamente en Querétaro en el 2004, donde acudieron organizaciones civiles como las cámaras de comercio, de industria y representantes de ciudadanos además de legisladores y representantes del gobierno.

Por hoy existe, como he mencionado la necesidad de revisar el marco jurídico fiscal y otras normas y en ello identificar las cargas y reglas exageradas que actualmente se aplican, aquellas que vulneren los principios de proporcionalidad y equidad que exige la Constitución, además cumplir con aspectos importantes como que se otorgue certidumbre jurídica a los contribuyentes, que el pago de las contribuciones sea sencillo y realizable, que el monto a recaudar sea mayor que el costo de su recaudación y fiscalización, que las contribuciones sean estables para las finanzas públicas y se impulse la confianza al contribuyente, premiando al cumplido y sancionando a quien incumpla.

En la situación actual que vive nuestro país, resulta mas que necesario como se ha planteado en ese acuerdo, reunir a los legisladores locales y federales, para que, mediante el diálogo, el debate y los consensos, se logre ordenar el gasto público y fortalecer las haciendas de los estados y del país en su conjunto, en el entendido que lo hacendario implica no solamente los ingresos del Estado sino también los egresos que se realizan para la satisfacción de las necesidades de la población y el sostenimiento del equipo burocrático; en un sistema como el mexicano, basado en el pacto federal, coexisten el gobierno central, responsable de velar por los intereses de la nación, y los gobiernos estales y municipales, libres y soberanos, más cercanos a la población, obligados a atender las necesidades de su región, es así que el pacto federal asigna competencias a cada nivel de gobierno, para garantizar la vida democrática, la gobernabilidad, la representación, la justicia social y la soberanía nacional.

Para el cumplimiento de los objetivos planteados en ese acuerdo, de inicio, se producirá y difundirá un diagnóstico de la situación actual de las haciendas públicas federal, estatal y municipal, identificando también la utilización y los costos de los diferentes esquemas de financiamiento o de administración de recursos vía fideicomisos, luego arribar a un acuerdo para establecer un orden y la mayor eficiencia en el gasto público de los tres órdenes de gobierno, debe de identificarse los aciertos y fallas, además de los costos de los diferentes esquemas de tributación, la recaudación y la fiscalización.

Se deben revisar las condiciones en que se encuentran las percepciones económicas de los servidores públicos, los destinos del gasto corriente y la dirección de las inversiones en desarrollo social y en infraestructura productiva, además de los gastos en el financiamiento de los partidos políticos y en los costos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial en cada entidad entre otros tantos aspectos indispensables.

Comentarios: Sergio@ledezma-ledezma.com

Facebook Sergio.ledezma.58


Hacia una nueva convención nacional hacendaria


Las propuestas planteadas por los legisladores a través de la Ley de Ingresos de la Federación para 2019, donde se observan sustituciones especiales de disposiciones fiscales, como el Código Fiscal de la Federación, la Ley del Impuesto Sobre la Renta y la Ley Federal de Derechos, sin modificar las leyes, deja ver de manera especial la necesidad de una reforma fiscal adecuada a las pretensiones de ataque a la evasión fiscal, identificación de los delitos fiscales graves, estímulos especiales a la zona fronteriza, la eventual disminución del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios que permita como consecuencia una baja en el precio de los combustibles; así las cosas, se espera que en un lapso de tres años deba hacerse dicha reforma, pero en ello debe tomarse en cuenta la propuesta que ha surgido de la realización de una Convención Nacional hacendaria, para que se recojan las necesidades reales en el tema.

El propósito de una Convención nacional hacendaria debe ser coadyuvar a impulsar un desarrollo económico más dinámico y justo, redefinir las responsabilidades de gasto a partir de las necesidades básicas en materia de desarrollo social y de infraestructura productiva de cada uno de los tres órdenes de gobierno, así como generar los recursos necesarios y suficientes dentro de un nuevo federalismo, adoptando medidas para frenar el crecimiento de los pasivos locales y mejorar las finanzas de los estados y municipios; por hoy se ha venido planteando un especial ataque a la corrupción, impulso a la transparencia, rendición de cuentas y ataque a la impunidad y sin duda que para lograr esos objetivos es indispensable revisar todo el marco jurídico.

La convención debe ser un instrumento real para homologar criterios de austeridad que tanto se ha pregonado, un gasto responsable y desde luego la organización efectiva de los poderes legislativos locales y del Congreso de la Unión; que a partir ello verdaderamente se tomen en cuenta las propuestas que se aporten y discutan en ese foro, encontrar que no quede solo como un ejercicio ocioso, debe recordarse que la convención más reciente fue precisamente en Querétaro en el 2004, donde acudieron organizaciones civiles como las cámaras de comercio, de industria y representantes de ciudadanos además de legisladores y representantes del gobierno.

Por hoy existe, como he mencionado la necesidad de revisar el marco jurídico fiscal y otras normas y en ello identificar las cargas y reglas exageradas que actualmente se aplican, aquellas que vulneren los principios de proporcionalidad y equidad que exige la Constitución, además cumplir con aspectos importantes como que se otorgue certidumbre jurídica a los contribuyentes, que el pago de las contribuciones sea sencillo y realizable, que el monto a recaudar sea mayor que el costo de su recaudación y fiscalización, que las contribuciones sean estables para las finanzas públicas y se impulse la confianza al contribuyente, premiando al cumplido y sancionando a quien incumpla.

En la situación actual que vive nuestro país, resulta mas que necesario como se ha planteado en ese acuerdo, reunir a los legisladores locales y federales, para que, mediante el diálogo, el debate y los consensos, se logre ordenar el gasto público y fortalecer las haciendas de los estados y del país en su conjunto, en el entendido que lo hacendario implica no solamente los ingresos del Estado sino también los egresos que se realizan para la satisfacción de las necesidades de la población y el sostenimiento del equipo burocrático; en un sistema como el mexicano, basado en el pacto federal, coexisten el gobierno central, responsable de velar por los intereses de la nación, y los gobiernos estales y municipales, libres y soberanos, más cercanos a la población, obligados a atender las necesidades de su región, es así que el pacto federal asigna competencias a cada nivel de gobierno, para garantizar la vida democrática, la gobernabilidad, la representación, la justicia social y la soberanía nacional.

Para el cumplimiento de los objetivos planteados en ese acuerdo, de inicio, se producirá y difundirá un diagnóstico de la situación actual de las haciendas públicas federal, estatal y municipal, identificando también la utilización y los costos de los diferentes esquemas de financiamiento o de administración de recursos vía fideicomisos, luego arribar a un acuerdo para establecer un orden y la mayor eficiencia en el gasto público de los tres órdenes de gobierno, debe de identificarse los aciertos y fallas, además de los costos de los diferentes esquemas de tributación, la recaudación y la fiscalización.

Se deben revisar las condiciones en que se encuentran las percepciones económicas de los servidores públicos, los destinos del gasto corriente y la dirección de las inversiones en desarrollo social y en infraestructura productiva, además de los gastos en el financiamiento de los partidos políticos y en los costos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial en cada entidad entre otros tantos aspectos indispensables.

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