/ lunes 14 de septiembre de 2020

Cultura Tributaria | Paquete económico para 2021


El próximo año ha de ser sin duda complicado en el aspecto económico tanto para la población, empresas y gobierno en razón de lo acontecido este año donde la economía ha caído más del 8 por ciento y aún así de manera optimista el ejecutivo pronostica un incremento en la recaudación de mas de 5.7 por ciento, este 8 de septiembre se ha presentado en la Cámara de Diputados el paquete económico para el año 2021, que contiene particularmente Criterios Generales de Política Económica, la iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos así como las propuestas a modificaciones al Código Fiscal de la Federación, Ley del Impuesto Sobre la Renta, Ley del Impuesto al Valor Agregado y de Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios.

Esta iniciativa se da en cumplimiento a los requerimientos que establece el artículo 40 de la Ley Federa de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en lo que no debe dejar de observarse la situación social y económica extraordinaria por la que atraviesa nuestro país a raíz de la emergencia sanitaria que se ha dado como consecuencia del SARS-CoV2 (COVID-19).

El Paquete Económico refleja recursos escasos en 2021 lo que obliga a que el Estado tenga muy claras las prioridades establecidas en el presupuesto, y hoy más que nunca debe discutirse en el seno de la Cámara de Diputados de una manera consciente de ello y sobre todo razonable, definiendo las necesidades actuales que provoquen un recuperación real de la economía y desde luego el desarrollo de México, mucho más allá de los ideales políticos.

Los Criterios Generales de Política Económica, constan en un documento donde se plasma la situación económica internacional y nacional, lo que permite estimar los ingresos que se esperan recibir el siguiente año y los gastos que se pueden ejercer. “Son las directrices fundamentales que establecen la estrategia, los objetivos y las metas macroeconómicas de los ingresos y egresos del siguiente año.”, de acuerdo con el CIEP.

En la iniciativa se observa la expectativa de ingresos totales por 6 billones 295 mil millones de pesos, en lo que se contienen 3 billones 533 mil millones de pesos por concepto de impuestos, entre los que resalta a la vez una expectativa de recaudación de impuesto sobre la renta por 1 billón 909 mil millones de pesos, impuesto al Valor Agregado por 978,946 millones de pesos y por Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 510,702 millones de pesos, y finalmente un endeudamiento neto 699,125.7 millones de pesos.

Aún y cuando no se establecen incrementos en los impuestos, se observan modificaciones tendientes a intensificar la fiscalización hacia los contribuyentes, en ello se otorgan facultades muy especiales a los funcionarios fiscales para determinar las contribuciones a cargo de los contribuyentes llegando al extremo incluso de aplicar parámetros especiales para el pago de impuesto sobre la renta dependiendo del sector en que se encuentre el contribuyente, así determinar el margen de utilidad que “debe ser” apartándose por completo de la regla básica de autodeterminación de las contribuciones que implica, que es al contribuyente al que le corresponde determinar las contribuciones a su cargo.

En este año sin duda habrá mayor vigilancia al cumplimiento de las obligaciones fiscales, donde el incumplimiento lleve la cancelación de los certificados digitales que como se sabe, sirven también para poder generar los comprobantes fiscales digitales –CFDI- respecto de los acuerdo conclusivos se establecen limites temporales para que el contribuyente pueda hacerlo hasta dentro de los 15 días siguientes a aquel en que se haya levantado el acta final o se haya notificado el oficio de observaciones o la resolución provisional, incluso por hoy establecer diversas causales de improcedencia del acuerdo conclusivo, para establecer limitantes a su interposición cuando sea utilizado con el mero propósito de obstaculizar y viciar los procedimientos de fiscalización.


El próximo año ha de ser sin duda complicado en el aspecto económico tanto para la población, empresas y gobierno en razón de lo acontecido este año donde la economía ha caído más del 8 por ciento y aún así de manera optimista el ejecutivo pronostica un incremento en la recaudación de mas de 5.7 por ciento, este 8 de septiembre se ha presentado en la Cámara de Diputados el paquete económico para el año 2021, que contiene particularmente Criterios Generales de Política Económica, la iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos así como las propuestas a modificaciones al Código Fiscal de la Federación, Ley del Impuesto Sobre la Renta, Ley del Impuesto al Valor Agregado y de Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios.

Esta iniciativa se da en cumplimiento a los requerimientos que establece el artículo 40 de la Ley Federa de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en lo que no debe dejar de observarse la situación social y económica extraordinaria por la que atraviesa nuestro país a raíz de la emergencia sanitaria que se ha dado como consecuencia del SARS-CoV2 (COVID-19).

El Paquete Económico refleja recursos escasos en 2021 lo que obliga a que el Estado tenga muy claras las prioridades establecidas en el presupuesto, y hoy más que nunca debe discutirse en el seno de la Cámara de Diputados de una manera consciente de ello y sobre todo razonable, definiendo las necesidades actuales que provoquen un recuperación real de la economía y desde luego el desarrollo de México, mucho más allá de los ideales políticos.

Los Criterios Generales de Política Económica, constan en un documento donde se plasma la situación económica internacional y nacional, lo que permite estimar los ingresos que se esperan recibir el siguiente año y los gastos que se pueden ejercer. “Son las directrices fundamentales que establecen la estrategia, los objetivos y las metas macroeconómicas de los ingresos y egresos del siguiente año.”, de acuerdo con el CIEP.

En la iniciativa se observa la expectativa de ingresos totales por 6 billones 295 mil millones de pesos, en lo que se contienen 3 billones 533 mil millones de pesos por concepto de impuestos, entre los que resalta a la vez una expectativa de recaudación de impuesto sobre la renta por 1 billón 909 mil millones de pesos, impuesto al Valor Agregado por 978,946 millones de pesos y por Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 510,702 millones de pesos, y finalmente un endeudamiento neto 699,125.7 millones de pesos.

Aún y cuando no se establecen incrementos en los impuestos, se observan modificaciones tendientes a intensificar la fiscalización hacia los contribuyentes, en ello se otorgan facultades muy especiales a los funcionarios fiscales para determinar las contribuciones a cargo de los contribuyentes llegando al extremo incluso de aplicar parámetros especiales para el pago de impuesto sobre la renta dependiendo del sector en que se encuentre el contribuyente, así determinar el margen de utilidad que “debe ser” apartándose por completo de la regla básica de autodeterminación de las contribuciones que implica, que es al contribuyente al que le corresponde determinar las contribuciones a su cargo.

En este año sin duda habrá mayor vigilancia al cumplimiento de las obligaciones fiscales, donde el incumplimiento lleve la cancelación de los certificados digitales que como se sabe, sirven también para poder generar los comprobantes fiscales digitales –CFDI- respecto de los acuerdo conclusivos se establecen limites temporales para que el contribuyente pueda hacerlo hasta dentro de los 15 días siguientes a aquel en que se haya levantado el acta final o se haya notificado el oficio de observaciones o la resolución provisional, incluso por hoy establecer diversas causales de improcedencia del acuerdo conclusivo, para establecer limitantes a su interposición cuando sea utilizado con el mero propósito de obstaculizar y viciar los procedimientos de fiscalización.