En el cumplimiento de las obligaciones fiscales comúnmente encontramos dentro de las justificaciones de los contribuyentes, que no se cumple porque se lo roban o se aplica de manera incorrecta, en ello debemos recordar de manera puntual que en efecto, como mexicanos tenemos la obligación constitucional de contribuir para los gastos públicos ,así de la Federación, como de los Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en que residan de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes; así de manera importante observemos que si bien tenemos la obligación de contribuir, también tenemos la obligación de exigir que los recursos se apliquen de manera correcta y sin perversiones.
No hay duda que la corrupción, el dispendio y la frivolidad, son algunos de los vicios mayores que pudieran sufrirse, disminuyendo las posibilidades de aplicación de recursos en mayores renglones de satisfacción de las necesidades de la población, a veces enriqueciendo de manera incorrecta a funcionarios que indebidamente lo utilizan en su beneficio, y dañando la capacidad de las instituciones para garantizar los derechos de los ciudadanos.
Así las cosas, el pasado 30 de agosto de 2019, se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación se ha publicado el decreto del Programa Nacional de Combate a la Corrupción e Impunidad y de Mejora de la Gestión Pública 2019-2024, que pretende que a través de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal se vigile el cumplimiento de los objetivos, estrategias y acciones de ese decreto, ahí se plantea precisamente que en primer término las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de la Función Pública, y la Oficina de la Presidencia de la República, a través de la Coordinación de Estrategia Digital Nacional, darán seguimiento en sus respectivos ámbitos de competencia, a la implementación de los objetivos y acciones, tomando en cuenta siempre las metas para el bienestar y los parámetros correspondientes.
En ello queda la posibilidad de que los ciudadanos estemos atentos a los avances en el cumplimiento de los objetivos prioritarios que este programa pueda estar generando a través de los informe que deben publicarse en la página de internet de las secretarías.
Pero mucho más que el decreto cabe la posibilidad de que en realidad todos, ciudadanos y funcionarios estemos conscientes de que lo que se ha dado a los diputados, senadores, gobernante o cualquier funcionario es para administrar los recursos que se han aportado para la satisfacción de las necesidades públicas y no de las personales, por tanto no es dable que tomen lo que no les corresponde, y en caso de que así ocurra, debe sancionarse verdaderamente y que nunca quede en la impunidad, que no baste con observarse sino que en las verdaderas causas se sancionen verdaderamente, el legislador en su momento, no muy lejano debe ocuparse de que las leyes en lo general planteen la posibilidad real de sancionar a quienes hagan mal uso de los recursos de los ciudadanos son destinados para el gasto público y no para persona alguna, ni mucho menos para que alguien obtenga un beneficio indebido en perjuicio de los gobernados.
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