/ lunes 29 de noviembre de 2021

Desde la Izquierda | Decretazo

El lunes abrió fuego nuevamente, el tema fue su decreto ilegal e inconstitucional para declarar de interés público y seguridad nacional todas las obras de su gobierno, el detonante fue la exhibida que le dieron al ejército en la plataforma informativa Latinus por la obra del aeropuerto con empresas y proveedores fantasma, con asignaciones directas y a precios en escalada, eso prendió las alarmas y obligó al más grande cinismo presidencial para justificar tan pervertida acción a fin de ocultar todo tipo de información so pretexto de que las quieren parar.

Experiencia en el tema la tiene, los segundos pisos de la Ciudad de México fue un primer momento para experimentar el ocultamiento de información sobre los costos y detalles realizados por el mayor exponente del neoliberalismo y del capitalismo depredador de México, creado por Salinas y reeditado por Obrador, Carlos Slim se sirvió con la cuchara grande con obras de mala calidad que hoy traen como consecuencia desastres que cobran vidas y con información reservada por 30 años.

Transparencia es lo primero que se elimina con tal decreto, tramposo como es argumenta con la seguridad nacional pero esta no puede ser utilizada como pretexto de desobedecer el principio de legalidad, la opacidad en la rendición de cuentas empieza a ser factor en la ciudadanía, ya no es la clase política o los medios de información quienes se cuestionan la pulcritud presidencial, la cantaleta de que no son iguales no pasa el filtro de quienes viven y sufren todos los días las políticas erróneas de este gobierno.

Como sociedad requerimos de valores y llevarlos a la práctica a través de la ética. El gobierno está urgido de transmitir confianza a una ciudadanía que se expresó en las urnas con sobrada desesperación y obtuvieron como garantía la palabra empeñada por un presidente empecinado en transformar en hechos sus acciones con un alto contenido ético. Esa promesa se convirtió en una obligación para informar y transparentar acciones; en el formato de su mañanera se auto obligó a dar a conocer esas actividades de la administración pública con toda puntualidad, su funcionamiento y a contra corriente desnudar las acciones obscuras que realizaron los sexenios neoliberales, su idea era transmitir confianza al pueblo y regresarle la credibilidad de sus acciones al gobierno, pero hoy desobedece de manera burda y descarada su obligación de respetar la Constitución, los tratados internacionales y los Derechos Humanos para la ejecución de sus proyectos que solo él considera de seguridad nacional en cualquier materia.

De todos es conocido el ataque sistemático que ha realizado López Obrador para eliminar de en medio al INAI, le estorba para sus fines y que hoy con abundante desfachatez decide ocultarle a la ciudadanía cuánto cuestan las obras, quienes las ejecutan, que garantías otorgan, que plazos se comprometieron y quienes son los responsables. Se traiciona a sí mismo, echa por tierra sus propias creencias, la ética profesional del servicio público la denigra al arroparse el derecho de no rendir cuentas a la población, se pierde la mayor de las confianzas y se limita un mejor desarrollo social en la visión, el entendimiento, la razón, la calificación y la explicación de un solo hombre. A robar se ha dicho.


Mis redes : ulisesgrmx@yahoo. com.mx

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Twitter @ Ulisesgrmx

El lunes abrió fuego nuevamente, el tema fue su decreto ilegal e inconstitucional para declarar de interés público y seguridad nacional todas las obras de su gobierno, el detonante fue la exhibida que le dieron al ejército en la plataforma informativa Latinus por la obra del aeropuerto con empresas y proveedores fantasma, con asignaciones directas y a precios en escalada, eso prendió las alarmas y obligó al más grande cinismo presidencial para justificar tan pervertida acción a fin de ocultar todo tipo de información so pretexto de que las quieren parar.

Experiencia en el tema la tiene, los segundos pisos de la Ciudad de México fue un primer momento para experimentar el ocultamiento de información sobre los costos y detalles realizados por el mayor exponente del neoliberalismo y del capitalismo depredador de México, creado por Salinas y reeditado por Obrador, Carlos Slim se sirvió con la cuchara grande con obras de mala calidad que hoy traen como consecuencia desastres que cobran vidas y con información reservada por 30 años.

Transparencia es lo primero que se elimina con tal decreto, tramposo como es argumenta con la seguridad nacional pero esta no puede ser utilizada como pretexto de desobedecer el principio de legalidad, la opacidad en la rendición de cuentas empieza a ser factor en la ciudadanía, ya no es la clase política o los medios de información quienes se cuestionan la pulcritud presidencial, la cantaleta de que no son iguales no pasa el filtro de quienes viven y sufren todos los días las políticas erróneas de este gobierno.

Como sociedad requerimos de valores y llevarlos a la práctica a través de la ética. El gobierno está urgido de transmitir confianza a una ciudadanía que se expresó en las urnas con sobrada desesperación y obtuvieron como garantía la palabra empeñada por un presidente empecinado en transformar en hechos sus acciones con un alto contenido ético. Esa promesa se convirtió en una obligación para informar y transparentar acciones; en el formato de su mañanera se auto obligó a dar a conocer esas actividades de la administración pública con toda puntualidad, su funcionamiento y a contra corriente desnudar las acciones obscuras que realizaron los sexenios neoliberales, su idea era transmitir confianza al pueblo y regresarle la credibilidad de sus acciones al gobierno, pero hoy desobedece de manera burda y descarada su obligación de respetar la Constitución, los tratados internacionales y los Derechos Humanos para la ejecución de sus proyectos que solo él considera de seguridad nacional en cualquier materia.

De todos es conocido el ataque sistemático que ha realizado López Obrador para eliminar de en medio al INAI, le estorba para sus fines y que hoy con abundante desfachatez decide ocultarle a la ciudadanía cuánto cuestan las obras, quienes las ejecutan, que garantías otorgan, que plazos se comprometieron y quienes son los responsables. Se traiciona a sí mismo, echa por tierra sus propias creencias, la ética profesional del servicio público la denigra al arroparse el derecho de no rendir cuentas a la población, se pierde la mayor de las confianzas y se limita un mejor desarrollo social en la visión, el entendimiento, la razón, la calificación y la explicación de un solo hombre. A robar se ha dicho.


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