Guardia Nacional, un buen acuerdo
El amplio consenso alcanzado en el Senado de la República para crear la Guardia Nacional debe ser considerado como un buen acuerdo en el que las fuerzas políticas de oposición representaron un contrapeso efectivo para evitar la militarización del país, como se pretendía en el proyecto original.
La cohesión y persistencia mostrada por el bloque opositor en el Senado pudo convencer a la mayoría de Morena para hacer cambios sustantivos a la minuta e incorporar las valiosas aportaciones expresadas en las audiencias públicas.
En Parlamento Abierto se escucharon ponencias de la ciudadanía, de servidores públicos, familiares de víctimas, defensores de derechos humanos, autodefensas, académicos, expertos en seguridad pública y legisladores, quienes expusieron diversos testimonios y estudios para la creación de la Guardia Nacional.
Algunos analistas han cuestionado los resultados obtenidos, pero hoy nuestro país cuenta con una Guardia Nacional civil en lo operativo y en lo administrativo, adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública, con una instancia de coordinación interinstitucional dependiente de dicha secretaría y no con un Estado Mayor encabezado mayoritariamente por las Fuerzas Armadas.
A diferencia de la minuta aprobada en Cámara de Diputados, la Guardia Nacional será para todos los efectos un cuerpo civil, esto es, los miembros del Ejército y de la Marina que en ella participen dejarán de estar en activo en sus respectivos institutos armados. No habrá fueros especiales y su actuación quedará sujeta a las leyes y tribunales civiles.
La participación del Ejército y la Marina en funciones de seguridad pública quedó sujeta a una temporalidad de 5 años, lo que garantiza que la presencia militar no será más allá del 2023.
Ante el grave problema de inseguridad que vivimos en el país, las Fuerzas Armadas no podían retirarse de manera inmediata -en realidad nadie pidió el retiro urgente del Ejército, salvo Morena durante la campaña presidencial- sin embargo, era necesario fijarle una temporalidad con el propósito de dar tiempo suficiente para la consolidación de la Guardia Nacional y la depuración, capacitación y fortalecimiento de las policías locales.
El Senado será un mecanismo de control parlamentario y de contrapesos, ya que revisará anualmente la actuación de la Guardia Nacional a través del informe que presente el secretario de Seguridad Pública.
Todavía queda pendiente reformar la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública y expedir las leyes de la Guardia Nacional, para el Uso de la Fuerza y para la creación de un registro nacional de detenciones.
El adecuado funcionamiento de la Guardia Nacional dependerá en parte de estos nuevos ordenamientos en los que Morena cuenta con la mayoría para aprobarlos, y en este punto hay que tener mucho cuidado, porque como se dice coloquialmente, “el diablo se esconde en los detalles”.
De ahora en adelante la solución al problema de inseguridad estará en manos del gobierno.
No cabe duda, la aprobación unánime de la reforma constitucional para la Guardia Nacional fue un buen acuerdo; todas las fuerzas políticas actuaron con altura de miras, responsabilidad y sensibilidad. Estoy convencida que este es el ánimo que debe imperar en el Congreso de la Unión para generar los consensos que el país demanda.
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