/ miércoles 18 de septiembre de 2019

Ecos del Senado

Primero te encierro y después averiguo

No cabe duda que en México en lugar de incentivar a los empresarios los perseguimos, los criminalizamos y prácticamente les damos el trato de enemigos del Estado. Esto es lo que ocurrió recientemente en el Senado con la aprobación de la reforma fiscal penal para combatir la falsificación de facturas y la defraudación.

Morena impuso su mayoría para equiparar estos supuestos con la delincuencia organizada y considerarlos como amenaza a la seguridad nacional, lo que constituye un verdadero despropósito, porque pone en riesgo de ir a la cárcel a miles de empresarios y a millones de contribuyentes, que también quedan sujetos al régimen de excepción de la extinción de dominio.

Se quiere hacer creer que los cambios a diversos ordenamientos sólo aplicarán para sancionar la compra de facturas falsas y a las empresas fantasma, pero la realidad es que estas disposiciones tienen un mayor alcance, que pone en verdadero peligro a personas físicas y morales.

Lo que no se dice claramente es que esto aplicará también para quien presente declaraciones fiscales con errores o inconsistencias; no presente la declaración fiscal a tiempo; se beneficie sin derecho de un subsidio o estímulo fiscal; simule actos o contratos obteniendo un beneficio indebido con perjuicio al fisco; no presente la declaración anual o dé efectos fiscales a los comprobantes digitales cuando no reúnan los requisitos legales.

O sea, si su contador se equivoca, comete algún error o si su declaración a juicio de la autoridad presenta alguna inconsistencia, estará en serio riesgo de que le impongan prisión preventiva oficiosa a causa de estas reformas que los juristas llaman “derecho del enemigo”.

Afortunadamente durante el debate en el Senado y después de varias horas de discusión, el Grupo de Morena propuso una modificación importante, limitando la aplicación de estas disposiciones a los supuestos en que el monto de lo defraudado supere los 7.8 millones de pesos, lo cual reduce el impacto nocivo de esta medida.

Por supuesto, estoy a favor de combatir la ilegalidad, las empresas fantasma y la defraudación, pero no a costa del terrorismo fiscal que pretende esta reforma, que mete en un mismo paquete a los contribuyentes con criminales peligrosos y terroristas.

En México tenemos graves problemas de recaudación, pero no se justifica bajo ninguna circunstancia la aplicación de este tipo de leyes represivas que generalizan y ponen la misma etiqueta a todos. Esto no ayuda al país, esto no es justicia distributiva.

Lo cierto es que detrás de esta reforma hay una intención recaudatoria voraz que atenta contra los derechos humanos de los contribuyentes. Ante la caída del ingreso, el gobierno federal muestra desesperación por obtener más dinero para sus proyectos prioritarios como la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y los programas asistenciales.

La paradoja es que mientras el Presidente conmina a los delincuentes a “portarse bien” y les pide “pensar en sus mamacitas” para no cometer más asesinatos, violaciones, secuestros y extorsiones, a los empresarios y a los contribuyentes de les otorga el trato de criminales y terroristas.

De aprobarse en Cámara de Diputados, en el Senado buscaremos presentar una acción de inconstitucionalidad en defensa de las personas físicas y las empresas, porque no se vale la aplicación de la política represiva de primero te encierro y después averiguo.

Facebook: Lupita Murguía

Twitter: @LupitaMurguiaG

Instagram: @lupitamurguiag

Primero te encierro y después averiguo

No cabe duda que en México en lugar de incentivar a los empresarios los perseguimos, los criminalizamos y prácticamente les damos el trato de enemigos del Estado. Esto es lo que ocurrió recientemente en el Senado con la aprobación de la reforma fiscal penal para combatir la falsificación de facturas y la defraudación.

Morena impuso su mayoría para equiparar estos supuestos con la delincuencia organizada y considerarlos como amenaza a la seguridad nacional, lo que constituye un verdadero despropósito, porque pone en riesgo de ir a la cárcel a miles de empresarios y a millones de contribuyentes, que también quedan sujetos al régimen de excepción de la extinción de dominio.

Se quiere hacer creer que los cambios a diversos ordenamientos sólo aplicarán para sancionar la compra de facturas falsas y a las empresas fantasma, pero la realidad es que estas disposiciones tienen un mayor alcance, que pone en verdadero peligro a personas físicas y morales.

Lo que no se dice claramente es que esto aplicará también para quien presente declaraciones fiscales con errores o inconsistencias; no presente la declaración fiscal a tiempo; se beneficie sin derecho de un subsidio o estímulo fiscal; simule actos o contratos obteniendo un beneficio indebido con perjuicio al fisco; no presente la declaración anual o dé efectos fiscales a los comprobantes digitales cuando no reúnan los requisitos legales.

O sea, si su contador se equivoca, comete algún error o si su declaración a juicio de la autoridad presenta alguna inconsistencia, estará en serio riesgo de que le impongan prisión preventiva oficiosa a causa de estas reformas que los juristas llaman “derecho del enemigo”.

Afortunadamente durante el debate en el Senado y después de varias horas de discusión, el Grupo de Morena propuso una modificación importante, limitando la aplicación de estas disposiciones a los supuestos en que el monto de lo defraudado supere los 7.8 millones de pesos, lo cual reduce el impacto nocivo de esta medida.

Por supuesto, estoy a favor de combatir la ilegalidad, las empresas fantasma y la defraudación, pero no a costa del terrorismo fiscal que pretende esta reforma, que mete en un mismo paquete a los contribuyentes con criminales peligrosos y terroristas.

En México tenemos graves problemas de recaudación, pero no se justifica bajo ninguna circunstancia la aplicación de este tipo de leyes represivas que generalizan y ponen la misma etiqueta a todos. Esto no ayuda al país, esto no es justicia distributiva.

Lo cierto es que detrás de esta reforma hay una intención recaudatoria voraz que atenta contra los derechos humanos de los contribuyentes. Ante la caída del ingreso, el gobierno federal muestra desesperación por obtener más dinero para sus proyectos prioritarios como la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y los programas asistenciales.

La paradoja es que mientras el Presidente conmina a los delincuentes a “portarse bien” y les pide “pensar en sus mamacitas” para no cometer más asesinatos, violaciones, secuestros y extorsiones, a los empresarios y a los contribuyentes de les otorga el trato de criminales y terroristas.

De aprobarse en Cámara de Diputados, en el Senado buscaremos presentar una acción de inconstitucionalidad en defensa de las personas físicas y las empresas, porque no se vale la aplicación de la política represiva de primero te encierro y después averiguo.

Facebook: Lupita Murguía

Twitter: @LupitaMurguiaG

Instagram: @lupitamurguiag

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