Con la salud no se juega
El Seguro Popular ha sido un ejemplo de política pública exitosa; se creó en el 2004 y a largo de 15 años ha atendido progresivamente los servicios de salud de la población que no contaba con Seguro Social e ISSSTE, que casi siempre es la de menores ingresos. Ningún otro programa de política social evaluado por el CONEVAL mostró un desempeño tan positivo.
Actualmente, el Gobierno Federal propone sustituirlo mediante la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), generando un sistema de salud vertical, centralista y burocrático.
El propósito del INSABI es la prestación universal y gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados a todas las personas sin seguridad social, incluyendo a quienes por cualquier razón se encuentren en nuestro país.
AMLO ha dicho que el objetivo es que México cuente con un sistema a la altura de Canadá, Reino Unido o Dinamarca, pero este excelente propósito es imposible de lograr si no se destinan los recursos suficientes para atender a un mayor número de beneficiarios, mejorar la calidad en el servicio y ampliar el número de padecimientos.
Cabe recordar que en 2019 el presupuesto para el sector salud fue el equivalente a 2.5% del PIB y que la Organización Mundial de la Salud sugiere invertir, al menos, 6%. Algunos de los países mencionados por el Presidente destinan más de 10% del PIB a sus sistemas de salud.
El Seguro Popular tiene 53 millones de afiliados y ofrece la cobertura de servicios esenciales de salud, además de que cuenta con el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, para cubrir enfermedades de alto costo y complejidad.
Existe una enorme preocupación de padres de familia, cuyos hijos han estado recibiendo tratamientos por cáncer, cuidados neonatales, enfermedades congénitas, así como de pacientes víctimas de VIH/sida, hepatitis C, cáncer o quienes son candidatos a recibir un trasplante, los cuales están siendo atendidos con los recursos del citado Fondo.
Estas personas exigen que el INSABI les garantice la continuidad de sus tratamientos y sus medicamentos.
Lo anterior parece estar en riesgo, toda vez que el PEF 2020, sólo asigna al Seguro Popular un incremento marginal del 1.8%, que en términos reales representa menos recursos que los del 2019, si consideramos que la inflación estimada es del 3%; lo que sería, en su caso, el presupuesto del nuevo organismo.
Además, la iniciativa de Ley del INSABI instruye transferir a dicho Instituto hasta 40 mil millones de pesos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, para destinarlos a los fines que considere pertinentes, con lo que tampoco queda claro si va a haber recursos suficientes para atender los padecimientos que cubre dicho Fondo, cuya atención implica un alto costo en virtud de su complejidad, especialidad y el nivel o frecuencia con que ocurren.
Por supuesto que proporcionar servicios médicos totalmente gratuitos a toda la población es una prioridad y una aspiración que tenemos como país, pero mientras esta prioridad no se vea reflejada en el presupuesto es letra muerta, demagogia.
Morena no puede ser indolente y poner en riesgo a quienes padecen enfermedades graves y menos aún la atención médica de los niños.
Con la salud no se juega.
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