/ miércoles 5 de agosto de 2020

Ecos del Senado

Justicia selectiva, no es justicia

El trato que la justicia mexicana le ha dado al ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, es excepcionalmente privilegiado. A pesar de haber sido extraditado de España para enfrentar cargos por asociación delictuosa, lavado de dinero y cohecho, se le decretó libertad condicional y no pisará la cárcel. Pero aún más, le servirá como instrumento al gobierno para hacer campaña electoral rumbo al 2021.

Está negociando con la Fiscalía General de la República adherirse al criterio de oportunidad como testigo colaborador y formular acusaciones en contra de personajes del gobierno de la pasada administración que sistemáticamente, según su dicho, lo intimidaron, presionaron y usaron en esta trama de corrupción y poder. A estas alturas ya no se sabe el carácter con el que comparece Lozoya a juicio, si como imputado, como testigo, o como víctima.

La fiscalía es constitucionalmente un órgano autónomo, pero el Presidente López Obrador ha dado pormenores del acuerdo de Lozoya con la FGR para ser testigo colaborador y hasta se han perfilado nombres de presuntos involucrados en supuestos sobornos, lo que pone en entredicho la independencia del fiscal general y lo hace ver como un fiscal carnal, a modo de los intereses políticos del gobierno.

El proceso judicial en contra de Lozoya está enmarcado en un propósito electoral, cumple con el objetivo de montar un circo mediático, un show que servirá para impactar en el ánimo del electorado en 2021.

A este gobierno parece no importarle realmente acabar con la corrupción, ni abatir la impunidad, ni siquiera el resultado del proceso judicial el cual ha puesto es riesgo con sus filtraciones; le apuesta a un espectáculo de desprestigio y denostación, que le permita dinamitar al frente opositor, aun sin pruebas formales.

Queda claro que ante el estrepitoso fracaso para atender la emergencia sanitaria, con más de 48 mil fallecidos, más de 440 mil contagiados y hospitales colapsados, al Presidente le urge desviar la atención de la opinión pública y por eso ha pedido a la población estar atenta al juicio de Lozoya para que no sea nada más un asunto de tribunales judiciales, sino que sea un asunto de un tribunal ciudadano popular. Esto significa que el juicio mediático suplirá al juicio ante los tribunales.

Mientras tanto el país experimenta la mayor crisis económica de nuestra historia, el desempleo en niveles récord, la debacle financiera de Pemex, la violencia e inseguridad desbordada y la polarización promovida por él en las mañaneras.

Lozoya se ha convertido en un aliado de López Obrador, es más, se necesitan mutuamente. Lozoya requiere desesperadamente del favor presidencial para no ser sometido a un juicio riguroso, ni él, ni su esposa, ni su madre, ni su hermana, también involucradas. AMLO está urgido de distraer la atención pública de los graves problemas que enfrenta el país, muchos de ellos causados por las malas decisiones de su gobierno.

El juicio contra Lozoya preocupa por su opacidad y simulación, por el trato diferenciado que se ha dado respecto de otros exservidores públicos sujetos a proceso y por las nulas acciones que este gobierno lleva a cabo para combatir los actos de corrupción de sus propios colaboradores.

El verdadero cambio respecto del pasado requiere que se lleven a cabo procesos judiciales conforme a derecho, transparentes y justos, solo así los mexicanos podremos recuperar la confianza en el aparato de procuración e impartición de justicia.

La gente está cansada de la impunidad, de la corrupción, pero también del manejo político- electoral, y de litigar en los medios lo que debe ser materia de los tribunales.

En este momento tenemos una justicia selectiva y las filtraciones no ayudan a tener confianza.

Todo apunta a que en el caso Lozoya se buscará manipular la justicia con fines electorales y se dará al ex director de Pemex carta de impunidad.

Facebook: Lupita Murguía

Twitter: @LupitaMurguiaG

Instagram: @lupitamurguiag

*SENADORA DEL PAN

Justicia selectiva, no es justicia

El trato que la justicia mexicana le ha dado al ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, es excepcionalmente privilegiado. A pesar de haber sido extraditado de España para enfrentar cargos por asociación delictuosa, lavado de dinero y cohecho, se le decretó libertad condicional y no pisará la cárcel. Pero aún más, le servirá como instrumento al gobierno para hacer campaña electoral rumbo al 2021.

Está negociando con la Fiscalía General de la República adherirse al criterio de oportunidad como testigo colaborador y formular acusaciones en contra de personajes del gobierno de la pasada administración que sistemáticamente, según su dicho, lo intimidaron, presionaron y usaron en esta trama de corrupción y poder. A estas alturas ya no se sabe el carácter con el que comparece Lozoya a juicio, si como imputado, como testigo, o como víctima.

La fiscalía es constitucionalmente un órgano autónomo, pero el Presidente López Obrador ha dado pormenores del acuerdo de Lozoya con la FGR para ser testigo colaborador y hasta se han perfilado nombres de presuntos involucrados en supuestos sobornos, lo que pone en entredicho la independencia del fiscal general y lo hace ver como un fiscal carnal, a modo de los intereses políticos del gobierno.

El proceso judicial en contra de Lozoya está enmarcado en un propósito electoral, cumple con el objetivo de montar un circo mediático, un show que servirá para impactar en el ánimo del electorado en 2021.

A este gobierno parece no importarle realmente acabar con la corrupción, ni abatir la impunidad, ni siquiera el resultado del proceso judicial el cual ha puesto es riesgo con sus filtraciones; le apuesta a un espectáculo de desprestigio y denostación, que le permita dinamitar al frente opositor, aun sin pruebas formales.

Queda claro que ante el estrepitoso fracaso para atender la emergencia sanitaria, con más de 48 mil fallecidos, más de 440 mil contagiados y hospitales colapsados, al Presidente le urge desviar la atención de la opinión pública y por eso ha pedido a la población estar atenta al juicio de Lozoya para que no sea nada más un asunto de tribunales judiciales, sino que sea un asunto de un tribunal ciudadano popular. Esto significa que el juicio mediático suplirá al juicio ante los tribunales.

Mientras tanto el país experimenta la mayor crisis económica de nuestra historia, el desempleo en niveles récord, la debacle financiera de Pemex, la violencia e inseguridad desbordada y la polarización promovida por él en las mañaneras.

Lozoya se ha convertido en un aliado de López Obrador, es más, se necesitan mutuamente. Lozoya requiere desesperadamente del favor presidencial para no ser sometido a un juicio riguroso, ni él, ni su esposa, ni su madre, ni su hermana, también involucradas. AMLO está urgido de distraer la atención pública de los graves problemas que enfrenta el país, muchos de ellos causados por las malas decisiones de su gobierno.

El juicio contra Lozoya preocupa por su opacidad y simulación, por el trato diferenciado que se ha dado respecto de otros exservidores públicos sujetos a proceso y por las nulas acciones que este gobierno lleva a cabo para combatir los actos de corrupción de sus propios colaboradores.

El verdadero cambio respecto del pasado requiere que se lleven a cabo procesos judiciales conforme a derecho, transparentes y justos, solo así los mexicanos podremos recuperar la confianza en el aparato de procuración e impartición de justicia.

La gente está cansada de la impunidad, de la corrupción, pero también del manejo político- electoral, y de litigar en los medios lo que debe ser materia de los tribunales.

En este momento tenemos una justicia selectiva y las filtraciones no ayudan a tener confianza.

Todo apunta a que en el caso Lozoya se buscará manipular la justicia con fines electorales y se dará al ex director de Pemex carta de impunidad.

Facebook: Lupita Murguía

Twitter: @LupitaMurguiaG

Instagram: @lupitamurguiag

*SENADORA DEL PAN

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