A pesar de haber convocado a los gobernadores a un Acuerdo Nacional por la Democracia, el Presidente López Obrador todos los días desde las conferencias mañaneras insiste en hacer campaña, violar la Constitución y la ley electoral; hace alusión al proceso en marcha y usa todos los recursos públicos que el puesto pone a su disposición para incidir en los resultados de los próximos comicios.
Sus acciones revelan la molestia que tiene al ver a candidatos de Morena naufragar a poco menos de un mes de la elección, y trata desesperadamente de intervenir haciendo denuncias como un “ciudadano”, aun cuando se trata del titular del Poder Ejecutivo Federal.
Y como tal, la Constitución en el artículo 134 establece claramente que los funcionarios públicos deben guardar una neutralidad política durante el proceso electoral, pero su insistencia, particularmente en el caso de Nuevo León quizá deviene, como aseguran algunos analistas, en su interés en descarrilar la elección, de que se anule porque su candidata ya no tiene posibilidades de triunfo.
En medio de esta perversión política, AMLO no sólo continúa denostando, descalificando y amenazando al INE, al Tribunal Electoral y a los organismos autónomos, sino también a los medios de comunicación y a organizaciones civiles como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, a los que tilda de golpistas.
Lo anterior resulta inaceptable, porque en cualquier país democrático que se precie de respetar las libertades, se ejerce la crítica y la denuncia -como lo hacía el actual Presidente cuando estaba en la oposición-, y que ahora descalifica.
Esta falta de congruencia también la exhibe su partido, pues la respuesta de Morena y sus aliados de oponerse a la creación de una comisión especial del Congreso para investigar la terrible tragedia ocasionada por el siniestro -que no accidente- en la Línea 12 del Metro, resulta por demás indignante y lamentable.
Es un verdadero insulto para las víctimas y sus familias negarse por cálculos político-electorales a garantizar una investigación transparente, clara e imparcial, toda vez que los principales señalados son precisamente personajes de Morena que gobiernan y gobernaron la CDMX, además de su líder nacional Mario Delgado, que era el encargado de las finanzas cuando se construyó la Línea 12.
Es increíble que pretendan encubrir la responsabilidad que Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum tienen en la peor tragedia del Metro, sobre todo porque a pesar de las muchas alertas se acusa una grave negligencia en las autoridades.
Durante el periodo que la Jefa de Gobierno lleva al frente de la CDMX, el Metro ha tenido varios siniestros como el choque de dos trenes en la estación Tacubaya en marzo de 2020 ocasionado por el deficiente control de mando -en el que una persona murió y otras 41 resultaron heridas-, o en enero de este año, el incendio en sus oficinas centrales que dejó sin servicio varias líneas y ocasionó una víctima fatal. Así como las recurrentes inundaciones y fallas mecánicas.
Todo ello, a consecuencia de la falta de mantenimiento e inspección provocada por la pretendida austeridad que tanto pregona Morena.
No cabe duda, el país está en una encrucijada. Previo a esta tragedia, el diputado de Morena Porfirio Muñoz Ledo convocó a crear un Frente Amplio en Defensa de la Constitución, porque el país corre un grave peligro de ruptura del orden constitucional con imposiciones como la Ley Zaldívar, impulsada por AMLO.
Ante un Ejecutivo autoritario que embiste a las instituciones democráticas, llama la atención que un frente con estas características se conforme incluso por miembros de su propio partido.
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*SENADORA DEL PAN
