Los resultados electorales en Hidalgo y Coahuila prendieron los focos rojos en Morena por la estrepitosa derrota en esos estados y ahora buscan a toda costa que el Presidente López Obrador meta la mano en los comicios del próximo año para incidir en la votación.
La Corte se sometió al Ejecutivo y declaró constitucional la consulta popular solicitada, el Congreso con la mayoría de Morena y sus aliados también la aprobó, en consecuencia, todo está listo para que AMLO haga campaña a favor de sus candidatos con ese pretexto.
Ante la confusa e incomprensible redacción de la pregunta autorizada por la Corte, es previsible que el Presidente pretenda utilizar las conferencias mañaneras para explicar a la población que lo que la Corte quiso decir es si se juzga o no a los ex presidentes.
De esta manera se abre la puerta para que con todos los recursos que el cargo pone a su disposición, promueva a los candidatos de su partido en el proceso electoral más grande y complejo de la historia, en el que se juega gran parte de su capital político y el futuro de su gobierno.
El INE estará a cargo de la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados de la consulta, que como establece el artículo 35 de la Constitución, deberá efectuarse el primer domingo de agosto del 2021 y para ser vinculante tendría que participar al menos el 40% de la lista nominal de electores, aproximadamente 38 millones de personas.
Pero Morena quiere que ésta se lleve a cabo el mismo día de la jornada electoral, es decir, el 6 de junio del próximo año, aduciendo el alto costo que significaría su realización fuera de la fecha de los comicios.
De acuerdo con estimaciones de la Cámara de Diputados, el ejercicio podría alcanzar los 2 mil millones de pesos y en un principio un consejero del INE llegó a decir que estaría por el orden de los 8 mil millones; lo cierto es que todavía no hay presupuesto oficial al respecto y todo está en el terreno de la especulación.
Sin embargo, con ese pretexto el senador Ricardo Monreal presentó recientemente una iniciativa de reforma constitucional para empatar, por única vez, la consulta con la jornada electoral, lo que implicaría cambiar las reglas de la elección ya iniciado el proceso, afectando el principio de certeza.
En efecto, la Constitución prevé en el artículo 105 que cualquier modificación en materia electoral debe ser promulgada y publicada por lo menos 90 días antes del inicio del proceso electoral. El pasado 7 de septiembre se dio formalmente el banderazo de salida, por lo que en mayo concluyó el plazo para hacer reformas.
Si bien la consulta no es un tema propiamente electoral, es claro que involucra a los órganos electorales y pretender realizarla el mismo día de la elección tendría un gran impacto en el proceso que no se puede soslayar.
Por su parte, el INE estará sujeto a una enorme presión ante la posibilidad de que la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados le niegue los recursos para hacerla en fecha distinta al día de la elección, con lo que el asunto podría terminar en la Corte, con un resultado bastante incierto dadas las recientes actuaciones del máximo tribunal.
Ya no hay vuelta atrás, esta consulta a todas luces inútil e innecesaria va; cueste lo que cueste se llevará cabo el día 1 agosto del próximo año, como dice la Constitución.
Facebook: Lupita Murguía
Twitter: @LupitaMurguiaG
Instagram: @lupitamurguiag
*SENADORA DEL PAN
