Tensiones por la evaluación docente
La transición hacia la denominada cuarta transformación del país pareciera deslizarse en una suave tela, agradable al tacto, tersa, sin arrugas. Los discursos de Andrés Manuel López Obrador se caracterizan por reconocer la apertura del gobierno de Peña Nieto para garantizar una transición sin contratiempos. Sin embargo, la decisión de la Cámara de Diputados de solicitar a la autoridades de la Secretaría de Educación Pública, al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y a los estados de la república, la anulación de la evaluación docente hasta en tanto se lleven a cabo las reformas que seguramente se aprobarán en el próximo periodo de sesiones.
Los argumentos principales que utilizaron los legisladores de Morena, PT y PES, principalmente, fueron más ideológicos que de fondo: “se trata de una reforma fallida”, “es un acuerdo cupular”, “la evaluación está hecha para que los docentes las reprueben”, “los resultados sólo favorecen a los amigos”, entre otros.
Lo que posiblemente no esperaban los diputados fue la respuesta del Secretario de Educación Pública, Otto Granados Roldán, en el sentido de que es un mandato constitucional y que él respetará la ley, sus declaraciones sonaron fuertes: “hasta el último minuto del Gobierno de Enrique Peña Nieto, se aplicará la evaluación docente”; lo que significa que deberá ser el gobierno de AMLO el que efectivamente tiré por la borda la famosa reforma educativa, y para hacerlo, primero tendrá que hacer reformas constitucionales.
Además del argumento de que la evaluación docente es mandato constitucional, el Secretario de Educación Pública señaló tres argumentos adicionales muy fuertes. El primero es que actualmente las plazas docentes se obtienen por medio de la evaluación académica; el segundo es que con este procedimiento se logró quitarle al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación el control sobre las plazas de los profesores y en la designación de supervisores y directores; el tercer argumento es que mediante la reforma educativa, más de 100 mil profesores están recibiendo ingresos adicionales superiores al 25% de su salario.
Por otra parte, según el Secretario de Educación Pública, la reforma también ha producido resultados positivos en cuanto al aprendizaje de los estudiantes, pues de acuerdo con las pruebas del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (Planea), en 11 estados del país mejoraron sustantivamente en lenguaje y comunicación, y 18 en matemáticas. Ciertos o no, son argumentos cargados de sentido.
Es evidente que la reforma educativa no ha dado los resultados prometidos y su instrumentación está plagada de errores e inconsistencias técnicas y de contenido, sujeta a modificaciones en virtud de las presiones ejercidas por los grupos de profesores tanto del SNTE como de la CNTE; en consecuencia, debe estar sujeta a un análisis serio, académicamente argumentado sobre los cambios a realizar.
En mi opinión, la postura de los legisladores de la nueva clase política en el poder no es la adecuada, no ofrecen elementos razonados para su derogación e imponen sus decisiones con el uso del voto mayoritario. Así, han colocado el debate en un plano ideológico, y por ese camino nada bueno puede esperarse de la próxima política educativa, causándole mucho daño al sistema educativo mexicano y condenando a las generaciones futuras de estudiantes a una deficiente formación en los campos del aprendizaje de la lengua y de las matemáticas. Esperemos que las vías del acuerdo se modifiquen.
