/ miércoles 28 de noviembre de 2018

El Bolígrafo

La cuarta transformación



El próximo sábado primero de diciembre, Andrés Manuel López Obrador será el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos para el periodo 2018-2024. Desde el 2 de julio en que las urnas mostraron que más del 50% de los votos emitidos lo favorecieron, han corrido muchos discursos, tanto del mismo AMLO, como de sus simpatizantes y también de sus detractores. El tema puesto en el centro del proyecto político del nuevo gobierno es el de la cuarta transformación, la cual inició el pasado 2 de julio y que en palabras de AMLO: “consiste básicamente en desterrar la corrupción de nuestro país”.

El 2 de julio, en el Zócalo, López Obrador delineó las principales rutas de su programa de gobierno: establecer una auténtica democracia, pensión para adultos mayores y discapacitados pobres, derecho al estudio y al trabajo para todos los jóvenes, libertad total a empresarios, ciudadanos y organizaciones sociales, proyectos productivos de desarrollo para todo el país y fortalecimiento del mercado interno, disciplina fiscal del gobierno y respeto a la autonomía del Banco de México, buenas relaciones internacionales y respeto a los compromisos contraídos con empresas y bancos internacionales, combate a la inseguridad.

La polémica en torno a las propuestas, proyectos y discursos del presidente y allegados, ha sido muy extensa. Afirmaciones, contradicciones, acercamientos impensados con sectores de la “mafia del poder”, así como las controversias y confrontaciones entre miembros del nuevo grupo en el poder, han contribuido a una atmósfera de expectativa e incertidumbre. ¿Podrá el nuevo presidente cumplir con todas sus promesas de campaña?, ¿bajará el IVA en la frontera norte?, ¿mantendrá al ejército en las calles?, ¿qué sucederá finalmente con el tema del nuevo aeropuerto?, son algunas interrogantes que empezarán a resolverse a partir del primero de diciembre.

A lo largo de la campaña por la presidencia, quedó claro que la misión principal de su gobierno sería desterrar la corrupción. En el discurso en el Zócalo, del 2 de julio, afirmó: “La corrupción no es un fenómeno cultural … bajo ninguna circunstancia el próximo presidente permitirá la corrupción ni la impunidad. Sobre aviso no hay engaño, sea quien sea será castigado. Incluyo a compañeros de lucha, funcionarios, amigos y familiares. Un buen juez por su casa empieza”.

Sin embargo, un aspecto que pone en cuestión la credibilidad de la cuarta transformación, es el mensaje que AMLO dio el pasado 20 de noviembre, cuando afirmó que extiende un perdón general a todos los corruptos y que, a partir de que sea presidente constitucional, ya no se tolerará ningún acto de corrupción. Esta decisión, como lo han señalado diversos actores y analistas políticos, si se perdona a los corruptos de los gobiernos anteriores, en automático se está extendiendo una carta de impunidad a los funcionarios de la próxima administración.

En mi opinión, afirmaciones de este tipo, además de ser claramente contradictorias con el espíritu de un gobierno honesto, crean un sentimiento de desconfianza y siembra semillas de inconformidad en torno a las acciones del nuevo presidente. No olvidemos que un componente esencial para que la ciudadanía votara mayoritariamente por el proyecto de López Obrador fue la promesa de acabar con la corrupción y castigar a los responsables de poner al país en situación de pobreza y violencia. Desterrar la corrupción implica hacer justicia y aplicar la ley a quienes atentaron contra el patrimonio económico y social de los mexicanos.

La cuarta transformación



El próximo sábado primero de diciembre, Andrés Manuel López Obrador será el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos para el periodo 2018-2024. Desde el 2 de julio en que las urnas mostraron que más del 50% de los votos emitidos lo favorecieron, han corrido muchos discursos, tanto del mismo AMLO, como de sus simpatizantes y también de sus detractores. El tema puesto en el centro del proyecto político del nuevo gobierno es el de la cuarta transformación, la cual inició el pasado 2 de julio y que en palabras de AMLO: “consiste básicamente en desterrar la corrupción de nuestro país”.

El 2 de julio, en el Zócalo, López Obrador delineó las principales rutas de su programa de gobierno: establecer una auténtica democracia, pensión para adultos mayores y discapacitados pobres, derecho al estudio y al trabajo para todos los jóvenes, libertad total a empresarios, ciudadanos y organizaciones sociales, proyectos productivos de desarrollo para todo el país y fortalecimiento del mercado interno, disciplina fiscal del gobierno y respeto a la autonomía del Banco de México, buenas relaciones internacionales y respeto a los compromisos contraídos con empresas y bancos internacionales, combate a la inseguridad.

La polémica en torno a las propuestas, proyectos y discursos del presidente y allegados, ha sido muy extensa. Afirmaciones, contradicciones, acercamientos impensados con sectores de la “mafia del poder”, así como las controversias y confrontaciones entre miembros del nuevo grupo en el poder, han contribuido a una atmósfera de expectativa e incertidumbre. ¿Podrá el nuevo presidente cumplir con todas sus promesas de campaña?, ¿bajará el IVA en la frontera norte?, ¿mantendrá al ejército en las calles?, ¿qué sucederá finalmente con el tema del nuevo aeropuerto?, son algunas interrogantes que empezarán a resolverse a partir del primero de diciembre.

A lo largo de la campaña por la presidencia, quedó claro que la misión principal de su gobierno sería desterrar la corrupción. En el discurso en el Zócalo, del 2 de julio, afirmó: “La corrupción no es un fenómeno cultural … bajo ninguna circunstancia el próximo presidente permitirá la corrupción ni la impunidad. Sobre aviso no hay engaño, sea quien sea será castigado. Incluyo a compañeros de lucha, funcionarios, amigos y familiares. Un buen juez por su casa empieza”.

Sin embargo, un aspecto que pone en cuestión la credibilidad de la cuarta transformación, es el mensaje que AMLO dio el pasado 20 de noviembre, cuando afirmó que extiende un perdón general a todos los corruptos y que, a partir de que sea presidente constitucional, ya no se tolerará ningún acto de corrupción. Esta decisión, como lo han señalado diversos actores y analistas políticos, si se perdona a los corruptos de los gobiernos anteriores, en automático se está extendiendo una carta de impunidad a los funcionarios de la próxima administración.

En mi opinión, afirmaciones de este tipo, además de ser claramente contradictorias con el espíritu de un gobierno honesto, crean un sentimiento de desconfianza y siembra semillas de inconformidad en torno a las acciones del nuevo presidente. No olvidemos que un componente esencial para que la ciudadanía votara mayoritariamente por el proyecto de López Obrador fue la promesa de acabar con la corrupción y castigar a los responsables de poner al país en situación de pobreza y violencia. Desterrar la corrupción implica hacer justicia y aplicar la ley a quienes atentaron contra el patrimonio económico y social de los mexicanos.

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