Poderes corruptores
Todos hemos escuchado que la delincuencia organizada es difícil de combatir, y las razones son varias y diversas, entre otras por la gran cantidad de dinero que obtienen y con ello el poder corruptor que pueden ejercer. En este sentido, hay expertos en esta materia que afirman que en el crimen organizado está la base de todos los males que aquejan a la sociedad mexicana y que su fuerza económica es tan grande que, si se quiere acabar con, por ejemplo, el lavado de dinero, habría una crisis económica de proporciones terribles que afectaría a todos los sectores económicos y sociales.
Sin embargo, no es la única problemática que impide el crecimiento económico y el desarrollo de la democracia mexicana; también habría que analizar el enorme poder que se le otorga a los legisladores y a los integrantes del ejecutivo, al momento de decidir sobre el diseño, la aprobación, el manejo y el ejercicio del presupuesto, ya que constituyen situaciones que otorgan grandes posibilidades de control político y poder de manipulación sobre los actores sociales, y es, por tanto, potencial fuente de corrupción.
Esta situación se ve agravada cuando, como en el periodo actual, un solo partido tiene el poder ejecutivo y la enorme mayoría del poder legislativo, quienes están utilizando esa fuerza representativa para imponer sus decisiones; decisiones que no necesariamente están basadas en argumentos de prospectiva económica y social, sino que utilizan su poder para definir y tomar acuerdos en función de intereses partidarios.
Desde luego, el problema no es de ahora y no atiende exclusivamente a esta situación, todos recordamos el famoso caso de los moches, los abusos del equipo de Peña Nieto y de él mismo en el sucio caso de la casa blanca, las toallas de cuatro mil pesos de Fox, y podríamos seguir y un largo etcétera.
Ahora vemos como también el poder judicial puede entrar a este jaloneo por los recursos públicos, deteniendo, por lo pronto, la nueva ley de remuneraciones de los servidores públicos. Sin pretender quitar responsabilidad a nadie, ni tratar de señalar responsabilidades personales, es necesario visualizar todas las situaciones y condiciones que generan corrupción, tanto de la delincuencia como de los particulares y de los servidores públicos.
La corrupción es un problema tan complejo que, como se ha señalado, únicamente se puede disminuir y, eventualmente, erradicar, con leyes y normas apropiadas, con instituciones fuertes y transparentes y con servidores públicos con verdadera vocación y compromiso; sin embargo, observando a los tres poderes en su actuación, es difícil reunir esas condiciones y es más difícil aún, observar una perspectiva real de cambio.
En mi opinión, la corrupción no se elimina por decreto. No basta con las buenas intenciones y las medidas de austeridad impulsadas por el presidente López Obrador para acabar con la corrupción, es un trabajo marcado por la dificultad y por los obstáculos legales, institucionales y de personas que manejan las políticas y los recursos públicos. Lo indispensable es contar con una estrategia a mediano plazo, muy bien planteada, elaborada y ejecutada, cuya perspectiva sea la de ir acotando el exceso de poder en manos de pocas personas, los poderes corruptores están enraizados en el país y acabar con ellos, es el verdadero desafío para la presidencia que comienza. No obstante, una estrategia de esta magnitud, hasta el momento, no ha sido propuesta por nadie. Esperemos que el año nuevo nos traiga buenas nuevas en este sentido.
