PRIMER ACTO. REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA NOTARIAL. En esta ocasión comentaremos un asunto que nos exige particular cuidado, se trata de la reforma constitucional federal en materia notarial que se tramita en el Congreso de la Unión. Y debemos advertir que cuando nos referimos a una cuestión que nos involucra directamente - máxime si se trata de la actividad profesional que desempeñamos y a la cual respetamos, queremos, disfrutamos y tenemos infinita gratitud - siempre corremos el riesgo de naufragar en el mar de las subjetividades; por ello, trataremos de ser muy concisos e imparciales hasta donde se pueda. La iniciativa de reforma constitucional en materia de notariado que se cocina en la Cámara de Senadores como cámara de origen, fue presentada por la Senadora Olga Sánchez Cordero de MORENA - actualmente con licencia por haber sido nombrada el pasado 1º de diciembre como Secretaria de Gobernación por el Presidente Andrés Manuel López Obrador - y fue turnada para dictamen a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Estudios Legislativos. La propuesta de la senadora Sánchez Cordero consiste en adicionar una fracción XXIX-Bis al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Según el Sistema de Información Legislativa (SIL) de la Secretaría de Gobernación, el objeto de esta iniciativa es “facultar al Congreso de la Unión para legislar en materia de notariado y para ello propone: 1) facultar al Congreso para expedir leyes generales que establezcan los principios y bases que armonicen y homologuen la organización y funcionamiento, en las entidades federativas, de la función notarial; y, 2) determinar que invariablemente la función notarial será desempeñada por mexicanos por nacimiento, profesionales del Derecho, imparciales e independientes económica y jerárquicamente del poder público, estableciendo como único medio de acceso a dicha función los exámenes públicos de aspirante y oposición”.
SEGUNDO ACTO. JUSTOS POR PECADORES. En principio, se deben conocer algunos antecedentes personales de la promovente para entender su visión. Olga Sánchez Cordero es una mujer preparada y empeñosa, abogada por la UNAM cuenta con varios títulos de posgrado y una reconocida carrera docente. Es respetada y apreciada en el ámbito académico. En 1984 se convirtió en la primera mujer notaria en la historia de la Ciudad de México y de 1995 al 2015 - durante 20 años - fungió como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En la actualidad su marido, Eduardo García Villegas, y sus hijos Olga y Eduardo, son notarios en la Ciudad de México. En la Facultad de Derecho de la UNAM fuimos compañeros de su otra hija, Paula, quien es magistrada federal, y al igual que el resto de su familia se trata de personas siempre esforzadas y bien intencionadas. Estos antecedentes nos indican que la cuestión notarial es un tema con profundas implicaciones para la doctora Sánchez Cordero, que tocan desde su historia personal y profesional hasta casi todos los miembros de su respetable familia. En estas condiciones, se sabe que la intención de la promovente es construir un notariado más sólido a nivel nacional y evitar excesos cometidos por algunos Ejecutivos estatales. Y aquí es donde pagan justos por pecadores. Recientemente en Veracruz, Coahuila, Estado de México y Chiapas, por citar los casos más dramáticos, el fin de sexenio se aderezó con la creación de decenas de notarias para favorecer a personas leales a los gobernadores salientes dados los tiempos de vacas flacas que les anticipaba la alternancia. En Querétaro no ha sido así. Desde Ignacio Loyola hasta la mitad del sexenio de Francisco Domínguez - esto es, durante 21 años - solamente se crearon cuatro nuevas notarías en Querétaro, una cada 5 años en promedio, correspondiendo con el crecimiento poblacional de nuestra entidad, ya que por ley debe existir una notaría por cada 30 mil habitantes. El notariado queretano se ha caracterizado por cumplir adecuadamente su función. Sin estar exenta de sus problemas, la tarea notarial se ha regulado correctamente y los problemas que han surgido se han atendido por el Gobierno y hecho atender por los fedatarios implicados. En otras palabras, en Querétaro no existe una situación que justifique como quizá sí la hay en otros lares, la intromisión federal en un aspecto que históricamente ha sido materia local. En otras palabras, la federalización de la función notarial en perjuicio de la soberanía estatal no encuentra razones aquí.
TERCER ACTO. MATERIA LOCAL Y COSTUMBRE. El punto delicado de la reforma constitucional para el notariado queretano radica en que en su texto y transitorios establece en forma ambigua y, hay que decirlo, con una pésima técnica legislativa, la desaparición de los notarios adscrito, supernumerarios, suplentes e interinos que existen en diversas entidades del país. La señora Sánchez Cordero supone, por su historia de vida, que todo el notariado mexicano debe homologarse al de la Ciudad de México. Quizá si ella hubiera ejercido el Notariado en Querétaro, su reforma sería exigir la inclusión de notarios adscritos en todas las notarías del país. En Querétaro los notarios adscritos forman parte de nuestra realidad jurídica desde hace décadas. Salvo algunos casos aislados, son buenas y operantes las relaciones entre titular y adscrito. Ambos tienen las mismas atribuciones, con la única salvedad que para el nombramiento del segundo se necesita la propuesta del primero, bajo la lógica de mantener esa buena relación. Las notarías queretanas están en posibilidad de ofrecer un mejor servicio ya que en cada una hay dos fedatarios trabajando al mismo tiempo. Eso ha permitido que el notariado acompase el acelerado ritmo de crecimiento de Querétaro sin necesidad de incumplir el criterio poblacional de los 30 mil habitantes por notaria. Evidentemente la promovente de la iniciativa no conoce estas cuestiones y lo cierto es que no tendría por qué; no nació, ni tampoco ejerció o se desempeñó como notaria en Querétaro.
TRAS BAMBALINAS. EQUIDAD. Lo cierto es que de aprobarse la reforma constitucional como está planteada, en mayor o menor medida se corre el riesgo de que de un plumazo legislativo desaparezcan los notarios adscritos en Querétaro, esto implica que se prescinda de la mitad de los notarios que actualmente ejercen la función, con la correspondiente afectación a la prestación del servicio y, además, truncándose injustamente el proyecto profesional y de vida de más de cincuenta queretanos. Por ello, el notariado queretano se ha acercado a la Secretaría de Gobierno - donde se ha encontrado apertura y disposición del secretario Juan Martín Granados - así como con legisladores locales de las distintas fuerzas políticas, para encontrar una solución a esta compleja situación, con la que se mantenga la adecuada y suficiente prestación de los servicios notariales en Querétaro bajo los principios de unidad y equidad. Hacemos votos porque así sea.
Notario Público 19 de Querétaro.
