PRIMER ACTO. MUERTE CIVIL. El jueves pasado el pleno del Senado de la República aprobó el “Dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y del Código Penal Federal, en materia de inhabilitación permanente por hechos de corrupción”, que presentaron las comisiones unidas de Anticorrupción, Transparencias y Participación Ciudadana y la de Estudios Legislativos, producto de dictaminar conjuntamente dos iniciativas presentadas en el mes de octubre del año pasado por las fracciones parlamentarias de Movimiento Ciudadano y del Partido Acción Nacional, que proponían la figura que se conoce como “muerte civil”. En virtud de esta ficción jurídica, una persona pierde ciertos derechos como consecuencia de haber realizado una conducta antijurídica. Se trata pues de una especie de sanción, en este caso concreto, a quienes se acreditó cometieron actos de corrupción, en virtud de la cual no podrán desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público ni participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas nunca más. Ahora dicha reforma pasará a la Cámara de Diputados como cámara revisora, cuyas comisiones deberán dictaminarla y, en su caso, presentarla al pleno para su discusión y, en su caso también, aprobación. Si se aprueba sin cambios pasa al Ejecutivo para su publicación y promulgación, si sufre cualquier cambio, regresa al Senado para el mismo trámite ahora como cámara revisora.
SEGUNDO ACTO. ASÍ O MÁS CLARO. Según Transparencia Internacional (TI), por corrupción se entiende “el abuso del poder público para beneficio privado”. Y según el informe sobre corrupción 2017 de la propia TI, México ocupa el nada honroso lugar 135 de entre 180 naciones, lo que nos ubica dentro del 25% de naciones más corruptas del mundo. El dictamen aprobado por el Senado es relevante además de por su contenido, por las afirmaciones que, al haberlo aprobado el pleno del Senado, se entienden hechas institucionalmente por el órgano legislativo que representa el pacto federal. Veamos algunas, y citamos textual: “México se encuentra en un nivel de percepción de corrupción alarmante”, “los delitos por hechos de corrupción cometidos por servidores públicos vulneran los derechos humanos”, “la corrupción de cuesta a todos los mexicanos”, “durante el último sexenio nuestro país ha padecido una generación de gobernantes que carecen por completo de valores como la honestidad, la transparencia o la ética… ha dado pie a inéditas redes de corrupción que invaden y corroen impunemente las estructuras de autoridad”. Así o más claro.
TERCER ACTO. INHABILITACIÓN DEFINITIVA. La reforma aprobada de muerte civil a los corruptos aprobada por el Senado propone modificar los artículos 78, 84 y 89 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y el artículo 212 del Código Penal Federal, para establecer la inhabilitación definitiva de los servidores públicos para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, cuando se causen daños o perjuicios o bien exista beneficio o lucro por un monto que exceda 200 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que en este momento sería la cantidad de $16,898.00 pesos. Cuando no se exceda dicho monto, la inhabilitación no podrá ser mayor a 10 años.
TRAS BAMBALINAS. LA VACA COMO OBJETO DE ARTE. Agradecemos a nuestro amigo Rafael Roíz el obsequio de la espléndida edición de la obra de su autoría “La vaca como objeto de arte”. Es una lección de vida la manera en la que Rafa logra presentar con sobrado arte su colección de obras y objetos bovinos, construida a lo largo de una vida, gracias a la pasión, dedicación y habilidad como fotógrafo que lo caracterizan. Enhorabuena.
Notario Público 19 de Querétaro.
