/ jueves 6 de febrero de 2020

El Teatro de la República

PRIMER ACTO. ¿AUTONOMÍA? Contaba Genaro Góngora, el controvertido ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que pocas cosas le molestaban tanto cuando presidia al máximo tribunal como cuando un gobernador le marcaba para “encargarle” un asunto y le decía que “le mandaba” al presidente del tribunal superior de justicia de la entidad para explicárselo. No podía entender que algunos de los entonces primeros mandatarios no comprendiesen los disparates que implicaba ese insensato cabildeo. Por un lado, exhibían una total falta de respeto por el Poder Judicial federal, ya que generalmente pedían su intervención para que “hablara” con el juez o magistrado ponente del asunto en cuestión para que resolviera de tal o cual manera; y, por otro lado, lo más delicado, exhibían la absoluta ausencia de independencia de los tribunales locales o, visto de otro ángulo, la abyecta sumisión de los órganos de justicia local a los dictados - muchas veces arbitrarios y caprichosos - de los virreyes estatales. Recordamos este pasaje porque hace unos días escuchábamos en el radio la declaración de un servidor público estatal que presumía que en Querétaro el gobierno estatal garantizaba una óptima operatividad en materia de seguridad pública, procuración de justicia, impartición de justicia y derechos humanos. Y de inmediato consideramos que si bien lo primero lo puede decir un funcionario del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro - aquello de la seguridad pública - por ser de su constitucional y legal competencia, lo de la impartición de justicia ya empieza a preocupar por la supuesta autonomía que se buscó con la figura del Fiscal General; mientras que lo de la impartición de justicia es políticamente incorrecto y lo de los derechos humanos es un verdadero absurdo.

SEGUNDO ACTO. ¡QUÉ ANTI-REPUBLICANO ORGULLO! La idea moderna de los derechos humanos encuentra su razón de ser en la obligación moral que la propia naturaleza humana impone al poder estatal para que en el ejercicio de su capacidad de mando, siempre reconozca y respete la dignidad que acompaña a todo ser humano como consecuencia de la libertad que se desprende de su capacidad racional. Esta inalienable dignidad de la persona, que no se transmite en virtud del pacto social, se expresa a través de una serie de facultades y pretensiones de índole civil, política, económica, social y cultural, que representan las condiciones mínimas para su ejercicio, y que son colectivamente denominadas como derechos humanos y, más recientemente, como derechos fundamentales. En el caso particular de la nación mexicana, el catálogo fundamental de derechos humanos se ha incorporado al texto de la Constitución Federal. Además, gracias a la reforma efectuada hace una década al artículo primero constitucional, hoy forman parte de nuestro sistema jurídico todos los derechos fundamentales que se encuentran plasmados en los tratados y convenios internacionales suscritos por nuestro país. Dicha positivización de los derechos humanos, esto es, su integración al orden jurídico nacional, representa un avance indiscutible; sin embargo, tal y como lo estamos viendo, el verdadero reto radica en lograr su pleno respeto por parte de las autoridades. Y aquí es a dónde queríamos llegar. Si la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro es vista como una dependencia más del Ejecutivo, su trabajo - y existencia misma - resulta total y absolutamente estéril. La fuerza del ombudsperson radica en tres cosas igual de importantes: su capacidad; su calidad moral; y, su independencia frente al poder estatal. De nada sirve una sin las otras. De ahí la preocupación por la declaración que insinuó que en Querétaro el Poder Ejecutivo controla al Judicial y hasta a la Defensoría de los Derechos Humanos. ¡Qué anti-republicano orgullo!

TERCER ACTO. OBESIDAD: 12 MIL MILLONES DE DÓLARES ANUALES. En otros temas, en México llevamos décadas - literalmente hablando – lidiando con la cuestión de la obesidad y nada más no atinamos a hacer algo que verdaderamente ayude a paliar este grave problema de salud pública. Hemos pasado por el control sanitario de la publicidad, impuestos a refrescos y otros productos, etiquetado de productos, instalación obligatoria de bebederos en escuelas, promoción de espacios deportivos y de la actividad física y otras muchas medidas que por angas o mangas no han sido efectivas. Según información del IMCO, “el 73% de los adultos y el 35% de los niños y adolescentes tienen sobrepeso u obesidad, es decir, en total 60.6 millones de personas (el 52% de los mexicanos) sufren de esta condición”. Y su tratamiento le cuesta a las finanzas públicas mexicanas más de 12 mil millones de dólares anuales.

TRAS BAMBALINAS. OBESIDAD VS AVIÓN PRESIDENCIAL. Para entender lo que la obesidad le cuesta a México, aprovechemos el parámetro del mentado “avión presidencial” cuyo costo original dicen fue de 218 millones de dólares. Así las cosas, atender las complicaciones de salud que importan el sobrepeso de un amplísimo porcentaje de la población mexicana equivale anualmente a adquirir 55 aviones presidenciales. ¿Dónde andan nuestras prioridades?

Notario Público 19 de Querétaro.

ferortiz@notaria19qro.com

PRIMER ACTO. ¿AUTONOMÍA? Contaba Genaro Góngora, el controvertido ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que pocas cosas le molestaban tanto cuando presidia al máximo tribunal como cuando un gobernador le marcaba para “encargarle” un asunto y le decía que “le mandaba” al presidente del tribunal superior de justicia de la entidad para explicárselo. No podía entender que algunos de los entonces primeros mandatarios no comprendiesen los disparates que implicaba ese insensato cabildeo. Por un lado, exhibían una total falta de respeto por el Poder Judicial federal, ya que generalmente pedían su intervención para que “hablara” con el juez o magistrado ponente del asunto en cuestión para que resolviera de tal o cual manera; y, por otro lado, lo más delicado, exhibían la absoluta ausencia de independencia de los tribunales locales o, visto de otro ángulo, la abyecta sumisión de los órganos de justicia local a los dictados - muchas veces arbitrarios y caprichosos - de los virreyes estatales. Recordamos este pasaje porque hace unos días escuchábamos en el radio la declaración de un servidor público estatal que presumía que en Querétaro el gobierno estatal garantizaba una óptima operatividad en materia de seguridad pública, procuración de justicia, impartición de justicia y derechos humanos. Y de inmediato consideramos que si bien lo primero lo puede decir un funcionario del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro - aquello de la seguridad pública - por ser de su constitucional y legal competencia, lo de la impartición de justicia ya empieza a preocupar por la supuesta autonomía que se buscó con la figura del Fiscal General; mientras que lo de la impartición de justicia es políticamente incorrecto y lo de los derechos humanos es un verdadero absurdo.

SEGUNDO ACTO. ¡QUÉ ANTI-REPUBLICANO ORGULLO! La idea moderna de los derechos humanos encuentra su razón de ser en la obligación moral que la propia naturaleza humana impone al poder estatal para que en el ejercicio de su capacidad de mando, siempre reconozca y respete la dignidad que acompaña a todo ser humano como consecuencia de la libertad que se desprende de su capacidad racional. Esta inalienable dignidad de la persona, que no se transmite en virtud del pacto social, se expresa a través de una serie de facultades y pretensiones de índole civil, política, económica, social y cultural, que representan las condiciones mínimas para su ejercicio, y que son colectivamente denominadas como derechos humanos y, más recientemente, como derechos fundamentales. En el caso particular de la nación mexicana, el catálogo fundamental de derechos humanos se ha incorporado al texto de la Constitución Federal. Además, gracias a la reforma efectuada hace una década al artículo primero constitucional, hoy forman parte de nuestro sistema jurídico todos los derechos fundamentales que se encuentran plasmados en los tratados y convenios internacionales suscritos por nuestro país. Dicha positivización de los derechos humanos, esto es, su integración al orden jurídico nacional, representa un avance indiscutible; sin embargo, tal y como lo estamos viendo, el verdadero reto radica en lograr su pleno respeto por parte de las autoridades. Y aquí es a dónde queríamos llegar. Si la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro es vista como una dependencia más del Ejecutivo, su trabajo - y existencia misma - resulta total y absolutamente estéril. La fuerza del ombudsperson radica en tres cosas igual de importantes: su capacidad; su calidad moral; y, su independencia frente al poder estatal. De nada sirve una sin las otras. De ahí la preocupación por la declaración que insinuó que en Querétaro el Poder Ejecutivo controla al Judicial y hasta a la Defensoría de los Derechos Humanos. ¡Qué anti-republicano orgullo!

TERCER ACTO. OBESIDAD: 12 MIL MILLONES DE DÓLARES ANUALES. En otros temas, en México llevamos décadas - literalmente hablando – lidiando con la cuestión de la obesidad y nada más no atinamos a hacer algo que verdaderamente ayude a paliar este grave problema de salud pública. Hemos pasado por el control sanitario de la publicidad, impuestos a refrescos y otros productos, etiquetado de productos, instalación obligatoria de bebederos en escuelas, promoción de espacios deportivos y de la actividad física y otras muchas medidas que por angas o mangas no han sido efectivas. Según información del IMCO, “el 73% de los adultos y el 35% de los niños y adolescentes tienen sobrepeso u obesidad, es decir, en total 60.6 millones de personas (el 52% de los mexicanos) sufren de esta condición”. Y su tratamiento le cuesta a las finanzas públicas mexicanas más de 12 mil millones de dólares anuales.

TRAS BAMBALINAS. OBESIDAD VS AVIÓN PRESIDENCIAL. Para entender lo que la obesidad le cuesta a México, aprovechemos el parámetro del mentado “avión presidencial” cuyo costo original dicen fue de 218 millones de dólares. Así las cosas, atender las complicaciones de salud que importan el sobrepeso de un amplísimo porcentaje de la población mexicana equivale anualmente a adquirir 55 aviones presidenciales. ¿Dónde andan nuestras prioridades?

Notario Público 19 de Querétaro.

ferortiz@notaria19qro.com

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