PRIMER ACTO. ¿CÓMO DISTINGUIR AL DELINCUENTE DEL PERSEGUIDO? Difícil es sin duda encontrar respuesta a esta pregunta, cuando nuestros sistemas de procuración e impartición de justicia adolecen de una triple disfunción. Desde el punto de vista político, se encuentran sometidos a las voluntades de los titulares de los poderes ejecutivos, tanto a nivel federal como estatal. Desde la perspectiva de su operatividad, es más que evidente su ineficacia. Y, atendiendo a la óptica social, los altísimos grados de impunidad que prevalecen exhiben su inoperancia. Para rematar nos salen muy caros para ser tan malos.
SEGUNDO ACTO. CIFRAS ESCALOFRIANTES. Hace exactamente un año el Fiscal Alejandro Gertz Manero declaraba que durante la administración peñanietista la Procuraduría General de la República (PGR) ejerció gastos inútiles y encubrió delitos de los favoritos del poder político y económico. Lo que no sorprende pues dicho favoritismo es un triste clásico de la politizada justicia mexicana. Pero lo que llamó poderosamente la atención fueron las escalofriantes cifras de la ineficacia de la PGR, pues aseguró que en el anterior sexenio se acumularon más de 300 mil averiguaciones previas y carpetas de investigación sin resolver, y quedaron sin cumplimentarse más de 21 mil órdenes de aprehensión, por lo que no se alcanzaba ni el 5% de sentencias del total de los casos. Hoy sería interesante confrontar esos números con aquellos del primer año de la Fiscalía bajo el mando de Gertz. Los reales no los oficiales. Seguramente los escalofríos continuarían. Porque ésta es otra de nuestras disfunciones públicas que no se arreglan con buena voluntad.
TERCER ACTO. AMOS Y SEÑORES DE LA JUSTICIA. Independientemente de su mutación más doctrinaria que sistémica de procuradurías a fiscalías, así como de su supuesta autonomía, es un hecho que el Presidente de la República y los gobernadores intervienen en los nombramientos de los fiscales y, en caso de ser necesario, cuentan con la artillería y mecanismos políticos para prescindir de ellos. El control congresional permite ese y otros lujos. Ahí está el caso del destituido fiscal veracruzano Jorge Winckler. Por su parte, los fiscales gozan de las mismas atribuciones respecto del personal de su Fiscalía. Es una cadena de mando que en última instancia permite a los primeros mandatarios ejercer absoluto control de causas y procesos criminales en esta primera etapa procesal que es, ciertamente, la determinante del resultado final, si es que se desea llegar hasta allá. Porque en no pocos casos se aprieta pero no ahorca. Adicionalmente, en ocasiones la frecuente sumisión de los tribunales a la voluntad del ejecutivo extiende dicha manipulación a las instancias propiamente judiciales, cerrando así dicho círculo de dominio. En estos supuestos, los titulares de los ejecutivos se convierten en temporales amos y señores de la justicia. Todo lo anterior sin entrar al análisis de la falta de profesionalismo, escasos recursos y corrupción que existen. Así pues, en estas condiciones, no es extraño que se impute responsabilidad a quien no la tiene mientras que, al mismo tiempo, criminales de reconocida trayectoria gocen los frutos de la impunidad. Y está dinámica de justicia selectiva lamentablemente no cambió con el cambio de poderes.
TRAS BAMBALINAS. BOOMERANG SEXENAL. Ya no se sabe que es peor, si la politización de la justicia o la judicialización de la política. Lo que resulta preocupantemente curioso es que desde la consolidación de la alternancia, este fenómeno se convirtió en una especie de boomerang sexenal.
Notario Público 19 de Querétaro.
