PRIMER ACTO. TRAPECIO POLÍTICO. Uno de los muchos vicios de nuestro anquilosado régimen es el denominado trapecio político. Esta peculiar y lamentablemente arraigada práctica es una expresión más de nuestra inmadurez política, y consiste en que ante la negativa a ser postulados candidatos a algún cargo de elección popular por la fuerza política en la que han militado por lustros, quienes se sienten injustamente desplazados buscan y/o aceptan de otro partido político la anhelada candidatura que les fue negada por su alma mater partidaria. A veces el salto es generado por un atropello a los derechos del militante en cuestión por la cúpula de su partido. Otras veces, este paso de la muerte - o de la vida - obedece a una rabieta de quien fue derrotado en buena lid en una elección interna y se niega a admitir su fracaso. Aunque también pasa que se manipulan los procesos de selección de candidatos para favorecer o bien perjudicar a alguien. Sin embargo, el verdadero problema no es el cambio de divisa política en sí mismo sino su efecto.
SEGUNDO ACTO. CANDIDATOS PIRATA. La nefasta consecuencia del arte del trapecio político son los que podemos denominar como candidatos pirata, esto es, productos políticos adulterados que se ofrecen en el mercado electoral amparados por una marca determinada, que puede ser incluso una coalición, cuando en realidad no comparten las características de la denominación por la que contienden. Para decirlo de manera clara: el engaño radica en que se le da gato por liebre al elector. Partiendo de la base que resulta imposible que los ciudadanos conozcan a todos los candidatos de todas las fuerzas políticas por los que podrían votar en una jornada electoral, un buen número de electores sufraga atendiendo a la simpatía por un partido político, particularmente cuando se trata de cargos diversos al de Presidente de la República o Gobernador, como son los diputados federales y locales, los senadores o los alcaldes. Desafortunadamente, en los últimos años los mexicanos hemos presenciado de manera recurrente y creciente este fenómeno. La justificada pérdida de la confianza ciudadana en todo aquello que huela a partidos políticos - basta recordar los incumplimientos a las promesas y los múltiples escándalos de corrupción que han tenido lugar en prácticamente todas las fuerzas políticas - ha provocado una gran indiferencia con relación a la congruencia que debería exigirse tanto a los institutos políticos como a los propios candidatos.
TERCER ACTO. RENTABILIDAD ELECTORAL. Se ha impuesto la rentabilidad electoral por encima de ideologías, principios y valores. Esta situación desvirtúa la existencia de los partidos políticos como organizaciones de ciudadanos con ideas políticas afines, ya que las diferencias entre la trayectoria política de los candidatos de ocasión y la ideología histórica del partido, hacen de estas organizaciones una simple estructura de apoyo identificada con una determinada divisa política. En este sentido, no debemos perder de vista que por mandato constitucional la prerrogativa ciudadana de ser votado para cargos de elección popular se encuentra sujeta a la condición consistente en que la persona sume apoyos o firmas equivalentes al 1% de la Lista Nominal para ser independiente o bien que sea postulada por un partido político debidamente reconocido por las autoridades electorales competentes o una coalición de ellos. El artículo 41 de la Constitución Federal establece que los ciudadanos que contienden en una elección deben conducirse “de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan”, esto es, definen y distinguen al partido político que representan; por lo que debe existir correspondencia entre la plataforma ideológica del partido y la propuesta del candidato. Así que desde la óptica constitucional el trapecio es una situación irregular que finalmente implica una violación al espíritu de la norma suprema y, en cierta forma, un fraude al electorado. Por ello, se debe encontrar una fórmula que concilie la libertad de asociación política y la autonomía de los partidos políticos respecto de su vida interna, con la necesidad de congruencia entre los postulados ideológicos de la organización y el perfil y currículo de los candidatos. Si bien el monopolio de las candidaturas recae en los partidos políticos, se debe legislar para que se exija a quienes pretendan buscar una candidatura una militancia pública y efectiva mínima de 2 a 5 años, dependiendo el cargo por el que se pretende competir, en el partido postulante o, tratándose de las alianzas, en uno de los partidos integrantes de la misma. Sólo así se evitará que los institutos políticos sigan siendo franquicias de candidaturas que, inclusive, hay quienes afirman que en algunos casos han llegado al extremo de venderse al mejor postor, lo que sí es verdaderamente repugnante.
TRAS BAMBALINAS. IMPROVISACIONES. Desde hace varios años la institución de los partidos políticos está en crisis. En principio, decimos que este no es el mejor momento de los institutos políticos porque día a día avanza implacable el deterioro de su imagen frente a la opinión pública. La gente ya no les tiene respeto ni confianza. También son momentos complicados porque en la mayoría de los casos la selección de candidatos termina por vulnerarlos internamente. Adicionalmente, los relevos generacionales brillan por su ausencia, quienes logran una gubernatura al concluir se aferran a seguir ocupando los espacios que serían para formar nuevos cuadros competitivos de primer nivel. Todo lo anterior lesiona la unidad y el destino de las organizaciones partidarias. Pero nada resquebraja más a los partidos políticos que sus aventuras electorales con candidatos que dividen, algunos casi espontáneos de la política y otros cuestionados ya sea por lo que han sido, por lo que son y, aún más, por lo que quieren ser y hacer. Hoy día la sociedad demanda a todos los partidos candidatos conocidos y bien reconocidos que acrediten vocación y experiencia política. Y es que si bien cada vez se vota más por la persona, seguir improvisando seguirá pasando elevadas facturas a la sociedad.
Notario Público 19 de Querétaro.
