/ martes 19 de mayo de 2020

Expediente Q

Aguilar


La Entidad Superior de Fiscalización (ESFE) es el organismo encargado de vigilar la correcta aplicación de los recursos públicos y su función es auditar de manera escrupulosa los gastos y el comportamiento correcto de los funcionarios públicos, las observaciones que hace esta entidad tienen que ser acatadas y de no solventarse, presentan querellas para que sea un juez quien deslinde responsabilidades.

De acuerdo con una de las observaciones emitida por la ESFE, detectaron el incumplimiento de servidores públicos en la firma de los contratos DACBS/547/17 y DACBS/376/17 por un pago injustificado de 8 millones 937 mil 846 pesos relacionados con la prestación de diversos servicios.

Por ejemplo la DACBS/376/17 se trató de una capacitación a la ciudadanía en materia de Protección Civil y que consistía en brindar este curso a 700 personas del 10 de julio del 2017 al 5 de agosto del mismo año. Por este servicio se pagaron 4 millones 146 mil 965 pesos. Entre otras cosas, era brindar el servicio integral de capacitación a la ciudadanía con la técnica de RCP, solo con manos y desfibrilador automático en 150 eventos públicos en un plazo de 10 días, del 16 de septiembre del 2017 al 25 de septiembre de ese año.

Era aquel programa denominado “Ciudad CardioProtegida”, sonaba bien y además tenía muy buenas intenciones, pero algo detectó la entidad que audita las cuentas. Las listas de asistentes que no señalan las fechas en las que se realizaron los cursos, además de que algunas no mostraban el nombre de los instructores.

Dos funcionarios de la pasada administración están en prisión preventiva, así lo determinó un juez, y según los leales al diputado federal panista todo se trata de una venganza política y no de un asunto de que las cuentas y los beneficiarios no cuadran.

Todo se limita, para algunos, a cuestiones políticas, de héroes y de popularidad; no de faltas administrativas y penales, tendrá que ser un juez el que determine la inocencia o culpabilidad de los imputados. Nadie más que un juez.

De rebote

Hasta el mediodía el diputado federal Marcos Aguilar ha guardado silencio ¿Será estrategia o se ha olvidado de sus ex compañeros y amigos?

adanolvr@adanolvera.com

@adanolverar

Aguilar


La Entidad Superior de Fiscalización (ESFE) es el organismo encargado de vigilar la correcta aplicación de los recursos públicos y su función es auditar de manera escrupulosa los gastos y el comportamiento correcto de los funcionarios públicos, las observaciones que hace esta entidad tienen que ser acatadas y de no solventarse, presentan querellas para que sea un juez quien deslinde responsabilidades.

De acuerdo con una de las observaciones emitida por la ESFE, detectaron el incumplimiento de servidores públicos en la firma de los contratos DACBS/547/17 y DACBS/376/17 por un pago injustificado de 8 millones 937 mil 846 pesos relacionados con la prestación de diversos servicios.

Por ejemplo la DACBS/376/17 se trató de una capacitación a la ciudadanía en materia de Protección Civil y que consistía en brindar este curso a 700 personas del 10 de julio del 2017 al 5 de agosto del mismo año. Por este servicio se pagaron 4 millones 146 mil 965 pesos. Entre otras cosas, era brindar el servicio integral de capacitación a la ciudadanía con la técnica de RCP, solo con manos y desfibrilador automático en 150 eventos públicos en un plazo de 10 días, del 16 de septiembre del 2017 al 25 de septiembre de ese año.

Era aquel programa denominado “Ciudad CardioProtegida”, sonaba bien y además tenía muy buenas intenciones, pero algo detectó la entidad que audita las cuentas. Las listas de asistentes que no señalan las fechas en las que se realizaron los cursos, además de que algunas no mostraban el nombre de los instructores.

Dos funcionarios de la pasada administración están en prisión preventiva, así lo determinó un juez, y según los leales al diputado federal panista todo se trata de una venganza política y no de un asunto de que las cuentas y los beneficiarios no cuadran.

Todo se limita, para algunos, a cuestiones políticas, de héroes y de popularidad; no de faltas administrativas y penales, tendrá que ser un juez el que determine la inocencia o culpabilidad de los imputados. Nadie más que un juez.

De rebote

Hasta el mediodía el diputado federal Marcos Aguilar ha guardado silencio ¿Será estrategia o se ha olvidado de sus ex compañeros y amigos?

adanolvr@adanolvera.com

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