La reciente reforma judicial aprobada en México, en la cámara de diputados y con la aplastante mayoría de legisladores de Morena y aliados, tiene profundas implicaciones tanto para el sistema legal como para la sociedad en general.
Las cosas no volverán a ser igual y esperemos que de verdad sea para bien, en un país donde la justicia ha sido percibida por mucho tiempo como ineficiente y con tufo de corrupción.
Se supone que la reforma busca modernizar el sistema judicial, lo cual podría ser un paso positivo hacia el fortalecimiento del Estado de derecho. Con un enfoque en mejorar los procesos y acelerar la resolución de casos, podría reducir el rezago judicial, un problema que afecta directamente la percepción de justicia en México.
Uno de los puntos más críticos de la reforma es si realmente refuerza la independencia del Poder Judicial o si, por el contrario, podría abrir la puerta a una mayor injerencia del Ejecutivo y en el peor de los casos de grupos de poder como la delincuencia organizada.
Hay temor de que el equilibrio de poderes no se cumpla y recordemos que este es fundamental, cualquier señal de debilitamiento en la autonomía judicial puede generar preocupación sobre la concentración de poder.
Está reforma también puede ser vista como una estrategia del gobierno para consolidar su proyecto auto llamado de transformación.
Es innegable que modernizar el sistema judicial es una necesidad, las implicaciones políticas de estos cambios no deben subestimarse, ya que podrían influir en el balance de poder de cara a futuras elecciones.
Estamos ante la oportunidad histórica para mejorar el sistema de justicia en México, su éxito dependerá en gran medida de la implementación y del respeto a la independencia judicial y esto no se ve así.
DE REBOTE
La feria internacional ganadera de Querétaro y sus organizadores se quedarán con las ganas de que les impulsen el negocio; el gobierno aportará lo mínimo indispensable para este horrendo evento.
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