En la historia de México las reformas electorales nunca se habían planteado desde la titularidad del Poder Ejecutivo. Esto tiene una lógica muy simple: quien ocupe el poder siempre buscará modificar las reglas para facilitar su permanencia en él. Por ello, no solo sorprende sino alarma que el presidente López Obrador quiera una reforma electoral, ¿nos está insinuando que quiere perpetuar a Morena en el poder?
Para contestar esa pregunta es necesario cuestionar el fondo del análisis que el presidente ofrece en la exposición de motivos de la Iniciativa presentada en la Cámara de Diputados, y también verificar la viabilidad de algunas de sus propuestas más difundidas. Hechos estos análisis es posible realizar también una primera calificación de esta polémica propuesta.
En primer lugar el presidente parte desde un diagnóstico equivocado. Lo que él supone que es una crisis de representatividad y pluralidad son en realidad defectos del sistema que se han agravado por la intromisión severa y brutal de su gobierno en distintos ámbitos de la vida pública. Un ejemplo claro es la falta de representatividad que permite a los diputados de la mayoría de Morena, quienes solo levantan la mano a favor de lo que dice el presidente.
Otro ejemplo es la marcada intencionalidad de restar espacios a las minorías. El partido del presidente y sus aliados han hecho fraude a la ley en reiteradas ocasiones, pues partidos satélites como el PT y el PVEM tienen muchos más espacios de los que deberían tener debido al transfuguismo de varios de sus diputados en detrimento de otros partidos que recibieron un mayor índice de votación.
Al menos en lo que respecta a la Cámara de Diputados, el presidente omite estas circunstancias en su “diagnóstico” y, como ya es una costumbre en su gobierno, emprende un monólogo a partir de una historia que no cuenta toda la verdad. ¿Cómo es posible creer que una reforma es genuina si quien la propone no asume su parte de responsabilidad en la erosión de la democracia?
Pero si el solo diagnóstico no basta para identificar las verdaderas intenciones del presidente, hay varias propuestas específicas que revelan sus objetivos. Una de ellas tiene que ver con la elección de consejeras y consejeros del INE (que eventualmente sería INEC, bajo su iniciativa) por voto directo. Esto resulta tan ridículo cómo pensar que los árbitros en los partidos de fútbol sean electos por la afición.
El INE es una de las instituciones autónomas más longevas de nuestro sistema político. Desde 1996 ha ido cobrando cada vez más credibilidad, confianza y prestigio, que se han fortalecido con mayores atribuciones y funciones en el marco electoral.
Supeditar la elección de sus consejeros al voto directo nos haría retroceder muchos años y daría legitimidad aparente a una decisión antidemocrática: impedir que las minorías también tengan voz en la toma de decisiones. Por eso y más, la reforma electoral del presidente que intenta perpetuar a Morena en el poder no pasará. Vamos a defender al INE hasta donde tope.
