Muchos posicionamientos se construyeron en torno al fallo que hizo la semana pasada la Suprema Corte para avalar que el Presidente realice una consulta popular sobre la procedencia de llevar a juicio a los ex mandatarios por supuestos delitos cometidos durante sus administraciones.
Lo que comenzó como un debate sobre las instituciones y la división de poderes se ha reducido en menos de una semana a una discusión encarnizada sobre si la pregunta aprobada para dicha consulta es en si útil a los fines legales y políticos propuestos originalmente. En una visión simplificada, pasamos de hablar de la construcción de país a la especulación sobre si los verbos de una pregunta están bien conjugados y si quieren decir lo que pensamos.
Hace falta, en ese sentido, recuperar el origen de la discusión para darle su justa dimensión a las repercusiones del fallo de la corte. Abordo 3 puntos relevantes:
1. La justicia no se consulta. La frase del Ministro Laynez recorrió los medios y dejó una declaración oportuna, relevante y de altura. Cuando hay delito que perseguir no debe privar de por medio consulta alguna. Si hoy realizáramos consulta popular en Badiraguato, Sinaloa preguntando si el Estado Mexicano debe o no perseguir a los narcotraficantes nos llevaríamos una sorpresa que paralizaría el sistema de justicia federal pues la mayoría de habitantes podría opinar que no.
2. Mecanismo NO vinculante. Se ha difundido una falsa y perversa expectativa de que saliendo a votar a favor del juicio a ex presidentes estos automáticamente acabarán encarcelados. Nada más equivocado. La consulta popular no tiene carácter vinculatorio y por ello el resultado de ésta no genera un procedimiento de ningún tipo. Por el contrario, sí construye un juicio público que vulnera la garantía de acceso a la justicia con imparcialidad por parte de cada uno de los imputados. En resumen, vicia el procedimiento de origen y afecta con ello también el acceso a la justicia que dicen tener quienes se sienten agraviados por los ex mandatarios.
3. División de poderes. Muchos señalamientos se han hecho en torno a las presiones recibidas por los Ministros de la corte para, a pesar de lo ya señalado, avalar la consulta. Hasta el momento ninguno de los jueces ha salido a desmentir tales señalamientos, lo cual coloca a la SCJN bajo un escrutinio público que afecta su credibilidad y daña significativamente la imagen de la institución y su imparcialidad. Si el máximo Tribunal del país queda dañado ¿Qué certidumbre jurídica queda sobre la existencia de un estado de derecho en México ajeno a intereses políticos?
Respeto a quienes expresan que la Corte jugó magistralmente al aceptar la propuesta presidencial, pero me es difícil ver en el corto y mediano plazos cómo ganó la institución con esta acción si fue a base de su propio descrédito.
Percibo por el contrario que la estrategia del ejecutivo de asediar recurrentemente organismos independientes ha estado afectando el andamiaje institucional que permitía mantener contrapesos a la concentración de poder desde el ejecutivo.
En una visión empresarial, añadiría que hoy cuando para reactivar la economía del país tras la pandemia se requiere mandar señales de que el marco jurídico funcionará mejor y garantizará las inversiones, parece que la señal es exactamente la contraria pues la Suprema Corte parece estar dispuesta a negociar el estado de derecho.
Agregaría una reflexión transversal. Mucho se habla de una oposición de centro derecha pasmada que no ha logrado articular discurso y estrategia que generen contrapesos al estilo de gobierno de López Obrador, pero lo cierto que es también se puede percibir una izquierda contenida y atrapada en su propio dilema: mantenerse en la comodidad del cobijo presidencial aunque eso cueste el continuar justificando excesos antidemocráticos o, apartarse de esa bolsa de protección y vertebrar un movimiento con profundos valores democráticos.
