Uno de los retos más importantes que enfrentamos en el marco de la pandemia de Covid-19, consiste en determinar hasta qué punto el Estado puede imponer restricciones temporales a las libertades de los individuos. Estas limitaciones deberían enfocarse principalmente en mitigar la cadena de contagios a través de medidas preventivas —como el aislamiento social—, con miras a proteger el derecho humano a la salud, siempre y cuando, ésto no implique el detrimento de otro u otros derechos.
En algunos casos, los gobiernos han empleado estas políticas en materia sanitaria como justificación para violar las prerrogativas de los ciudadanos de forma arbitraria; un claro ejemplo es la libertad de expresión. Algunos autores han cuestionado este tipo de disposiciones gubernamentales, argumentando que la soledad es el caldo de cultivo para el populismo y el autoritarismo.
La revista The Economist elabora un estudio de carácter anual, que califica el estado de la democracia en 167 países. De acuerdo con la reciente edición, en 2020, sólo el 8.4% de la población a nivel mundial vivió en una “democracia plena”, mientras que más de una tercera parte se encontró sometida a un “régimen autoritario” —una proporción considerable se concentró en Corea del Norte—. En una escala del 0 al 10, la puntuación global es equivalente a 5.37, la cifra más baja desde que se inició el documento (2006).
En lo que respecta a Estados Unidos, a pesar de que en las elecciones de noviembre registró la participación más alta en 120 años, las declaraciones de Trump sobre un supuesto fraude y litigio en la la Corte Suprema, provocaron que dicha nación se clasificara como una "democracia defectuosa".
Según el informe, nuestro país encaja en una “democracia defectuosa”, con un puntaje de 6.07. En las últimas semanas se ha desatado un intenso debate en torno a algunos elementos que están en vilo, como la regulación de las redes sociales o el manejo de la pandemia. Sin embargo, han sido objeto de críticas dos asuntos en concreto.
En primer lugar, la política energética del gobierno —movida esencialmente por un mensaje de soberanía— ha causado revuelo entre el sector empresarial y empezado a preocupar a la administración de Biden. Lo primordial sería que México no incumpliera sus compromisos internacionales y ambientales —T-MEC, APPRIs, Acuerdo de París—, y que generara certidumbre en las inversiones. En segundo término, el uso para fines electorales de la emergencia sanitaria, por todos los colores.
En un momento tan crucial y en pleno proceso electoral, debemos enfocarnos en aquellos factores que nos hagan transitar hacia mejores esquemas de unión, pluralidad y convergencia. El desafío radica en fortalecer estos aspectos. ¿Será una democracia plena lo que no nos defina?
