/ sábado 5 de diciembre de 2020

Lo que no nos define | Dos años una generación

Los primeros años de esta administración se han enfrentado tanto a problemas estructurales de largo plazo como a problemas de coyuntura. Sin duda, la emergencia sanitaria y económica por la que estamos atravesando nos obliga a un replanteamiento de las prioridades en la agenda pública, sin embargo, no es posible pasar por alto los grandes retos que tiene nuestro país en materia inseguridad, pobreza y corrupción.

Las anteriores administraciones diseñaron estrategias y realizaron la planeación de políticas públicas buscando combatir los problemas sociales que afectan a nuestro país desde perspectivas diversas de cada sexenio. En este caso, la cuarta transformación ha hecho lo propio, ateniéndose a su concepción del bienestar para todos los mexicanos, con resultados que, desde la evaluación objetiva de indicadores específicos resultan cuestionables, aunque desde una perspectiva ideológica encuadren las expectativas de su base electoral.

Desde hace varias décadas, la inseguridad pública ha sido uno de los retos más importantes para el Gobierno Federal. En este sentido, no podemos concebir que pase a un segundo plano cuando el manejo de la pandemia y la crisis económica dependerán en gran medida de las condiciones estructurales sobre las que se dará la nueva normalidad. De acuerdo con el INEGI, en 2011 el 69.5% de la población se sentía insegura, sin embargo, la percepción de la inseguridad se ha deteriorado hasta alcanzar al 78.9% en 2019. La agudización de este problema genera condiciones adversas para el desarrollo de los sectores económicos necesarios en el contexto de la reactivación económica que definirá el porvenir del país en los próximos años.

Por otro lado, el combate a la pobreza tampoco es un desafío nuevo y los programas de inclusión social que se han implementado desde la década de los 90, generaron efectos positivos sobre diversos indicadores. A pesar de ello, el porcentaje de la población con ingresos laborales inferiores al costo de la canasta alimentaria ha aumentado considerablemente, pasando del 40% en 2012 a 44.5% en la última medición de 2020. Lo anterior es especialmente relevante toda vez que esta administración tiene un reto de gran magnitud para lograr la conciliación de esfuerzos por el mantenimiento de empleos formales y el combate a la pobreza que será indispensable ante un entorno de desaceleración económica y problemas coyunturales derivados de la emergencia sanitaria y económica.

En cuanto a la corrupción, el discurso de esta administración ha privilegiado mecanismos poco convencionales para el combate a este problema estructural de nuestro país. Sin embargo, es necesario hacer hincapié en que el Índice de la Percepción de la Corrupción ha presentado una tendencia preocupante, ya que en 2014 se obtuvo una calificación de 35 puntos mientras que en 2019 apenas se lograron 29, posicionándonos solo por encima de Honduras, Guatemala, Nicaragua, Haití y Venezuela en el continente.

Los primeros años de esta administración serán recordados por importantes retos de coyuntura y las medidas que fueron implementadas para controlar la emergencia sanitaria y económica, pero la inseguridad, la pobreza y la corrupción seguirán presentes cuando se levanten las medidas de contingencia y será evidente que la recuperación económica que definirá el rumbo de toda una generación se dará solo a través del combate a los problemas estructurales del país.


Twitter: petaco10marina

Facebook: Petaco Diez Marina

Instagram: Petaco10marina

Los primeros años de esta administración se han enfrentado tanto a problemas estructurales de largo plazo como a problemas de coyuntura. Sin duda, la emergencia sanitaria y económica por la que estamos atravesando nos obliga a un replanteamiento de las prioridades en la agenda pública, sin embargo, no es posible pasar por alto los grandes retos que tiene nuestro país en materia inseguridad, pobreza y corrupción.

Las anteriores administraciones diseñaron estrategias y realizaron la planeación de políticas públicas buscando combatir los problemas sociales que afectan a nuestro país desde perspectivas diversas de cada sexenio. En este caso, la cuarta transformación ha hecho lo propio, ateniéndose a su concepción del bienestar para todos los mexicanos, con resultados que, desde la evaluación objetiva de indicadores específicos resultan cuestionables, aunque desde una perspectiva ideológica encuadren las expectativas de su base electoral.

Desde hace varias décadas, la inseguridad pública ha sido uno de los retos más importantes para el Gobierno Federal. En este sentido, no podemos concebir que pase a un segundo plano cuando el manejo de la pandemia y la crisis económica dependerán en gran medida de las condiciones estructurales sobre las que se dará la nueva normalidad. De acuerdo con el INEGI, en 2011 el 69.5% de la población se sentía insegura, sin embargo, la percepción de la inseguridad se ha deteriorado hasta alcanzar al 78.9% en 2019. La agudización de este problema genera condiciones adversas para el desarrollo de los sectores económicos necesarios en el contexto de la reactivación económica que definirá el porvenir del país en los próximos años.

Por otro lado, el combate a la pobreza tampoco es un desafío nuevo y los programas de inclusión social que se han implementado desde la década de los 90, generaron efectos positivos sobre diversos indicadores. A pesar de ello, el porcentaje de la población con ingresos laborales inferiores al costo de la canasta alimentaria ha aumentado considerablemente, pasando del 40% en 2012 a 44.5% en la última medición de 2020. Lo anterior es especialmente relevante toda vez que esta administración tiene un reto de gran magnitud para lograr la conciliación de esfuerzos por el mantenimiento de empleos formales y el combate a la pobreza que será indispensable ante un entorno de desaceleración económica y problemas coyunturales derivados de la emergencia sanitaria y económica.

En cuanto a la corrupción, el discurso de esta administración ha privilegiado mecanismos poco convencionales para el combate a este problema estructural de nuestro país. Sin embargo, es necesario hacer hincapié en que el Índice de la Percepción de la Corrupción ha presentado una tendencia preocupante, ya que en 2014 se obtuvo una calificación de 35 puntos mientras que en 2019 apenas se lograron 29, posicionándonos solo por encima de Honduras, Guatemala, Nicaragua, Haití y Venezuela en el continente.

Los primeros años de esta administración serán recordados por importantes retos de coyuntura y las medidas que fueron implementadas para controlar la emergencia sanitaria y económica, pero la inseguridad, la pobreza y la corrupción seguirán presentes cuando se levanten las medidas de contingencia y será evidente que la recuperación económica que definirá el rumbo de toda una generación se dará solo a través del combate a los problemas estructurales del país.


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