Paulo Freire, pedagogo brasileño, concebía la educación como una práctica de la libertad: “[...] la educación se instauraría como un método de acción transformadora.”
A propósito del regreso a clases, y en la situación sanitaria en la que nos encontramos, es oportuno realizar un análisis. Después de un año y medio de clases virtuales, los niños volverán a las aulas en el marco de la tercera ola. Este retorno se inserta en un contexto de sospecha no resuelta: por un lado, se intenta privilegiar su aprendizaje y desenvolvimiento cognitivo y, por otra parte, se vela por su más alta protección.
La SEP reporta que el sistema educativo nacional está integrado por 262 mil 805 escuelas: 216 mil 130 públicas y 46 mil 675 privadas. Tras el banderazo inicial al ciclo escolar 2021-2022 en modalidad presencial, se registró un porcentaje bajo de asistencia. En Querétaro, de las 4 mil 330 escuelas públicas y privadas sólo el 20 % reanudaron actividades. Algunas han optado por un sistema híbrido.
Indudablemente, el regreso a clases supone un desafío mayúsculo desde el punto de vista sanitario, dado que los colegios podrían convertirse en focos potenciales de contagios. Los padres de familia aún tienen reservas sobre la vacuna, a pesar de que la Cofepris ya autorizó el uso de la Pfizer para mayores de 12 años.
De acuerdo con el INEGI, hay 33 millones 800 mil personas entre los 0 y 19 años. Por lo tanto, casi una cuarta parte de la población total nacional no se ha vacunado. ¿Se les está negando un derecho? ¿Qué hay de aquellos niños con condiciones de salud particulares?
Desde el marco internacional, el eje rector que debe regir la toma de decisiones referente a la niñez es el interés superior del menor, principio de ponderación en todos los órdenes. Éste ha sido clave en la formulación de políticas públicas e, inclusive, en las resoluciones de los máximos tribunales. Así pues, las autoridades están obligadas a proteger los derechos de los menores en todos los ámbitos, así como a implementar los mecanismos necesarios a fin de que éstos sean tomados en cuenta.
En este sentido, ¿quién define el interés superior de la niñez? ¿Los padres, la ciencia, el gobierno? ¿Cuál es la respuesta correcta cuando hay infinidad de diatribas? Las preguntas no son triviales. No tengo la fortuna de ser padre, tal vez por eso no me he inclinado por una posición específica.
Nuestros niños son presente y futuro. Las generaciones venideras serán las que se enfrentarán a retos desconocidos… Liderarán una nueva agenda multilateral y reinventarán el orden mundial.
Pareciera que no sólo se trata del interés superior del menor, sino de la humanidad. En este regreso a clases, ¿será el interés superior de todos lo que no nos define?
Consultor y profesor universitario
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