El crecimiento económico ha sido uno de los temas poco abordados en la discusión pública nacional. En última instancia, un mayor dinamismo de la actividad económica debe recargarse en tres pilares fundamentales: el fortalecimiento del Estado de derecho, una perspectiva de equidad de género y una política de sustentabilidad.
A lo largo de más de una década, el World Justice Project se ha consolidado como una herramienta integral para medir el pulso del Estado de derecho a nivel global. Los reportes para México analizan la coyuntura en la cual se encuentran las 32 entidades federativas desde el punto de vista institucional. La cuarta edición del Índice de Estado de Derecho en México (2021-2022) está compuesta por ocho factores: i) límites al poder gubernamental; ii) ausencia de corrupción; iii) gobierno abierto; iv) derechos fundamentales; v) orden y seguridad; vi) cumplimiento regulatorio; vii) justicia civil; y viii) justicia penal.
Los indicadores del World Justice Project retratan las disparidades existentes entre el norte y sur del país, así como los múltiples desafíos persistentes en la esfera gubernamental. Indudablemente, ésto se traduce en un clima desfavorable para los negocios, deteriorado por un entorno de incertidumbre, trámites y controles burocráticos. Así pues, el encargado de crear las condiciones necesarias para la atracción de inversión es el propio gobierno; asimismo, debe canalizar gasto a infraestructura, educación, salud, productividad laboral, acceso a mercados, ciencia y tecnología, entre otros rubros. Sin embargo, buena parte lo destina al gasto corriente —ello frena nuestras posibilidades de crecimiento—.
Un ejemplo paradigmático de la responsabilidad del Estado mexicano en un mal escenario para las inversiones es el caso Lion Mexico Consolidated vs. Estados Unidos Mexicanos, ya que por primera vez México fue sancionado bajo el estándar de “denegación de justicia” en un panel arbitraje, al amparo del capítulo XI del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Desde la óptica del derecho internacional, este supuesto se viola cuando hay pruebas claras de la falla generalizada del sistema de justicia.
Si bien es cierto que la inversión extranjera directa registró cifras históricas del orden de 19 mil 427.5 millones de dólares, dicho incremento se debió al comportamiento de otras variables macroeconómicas. El objetivo consiste en que estos flujos se cristalicen en acciones concretas de volúmen, y que cada día más las mipymes estén ancladas a esquemas con un enfoque transversal de expansión.
De cara al enorme reto que tenemos por delante, la vía para dirimir nuestras diferencias y construir un acuerdo equilibrado es la unidad nacional.
¿Será el crecimiento sostenido lo que no nos define?
Consultor y profesor universitario
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