El pasado 28 de abril, el presidente López Obrador anunció que enviará a la Cámara de Diputados la iniciativa de reforma constitucional en materia electoral. Ésta pretende crear el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) como única autoridad electoral administrativa en México, absorbiendo las funciones de los organismos públicos locales electorales (OPLE), por lo cual se encargará de organizar los procesos electorales a nivel federal, estatal y municipal.
Si bien es importante diseñar cambios que actualicen nuestro sistema electoral, éstos deben abonar a la cultura democrática del país y contemplar mejoras en aspectos como el abstencionismo y la sobrerrepresentación. Asimismo, es vital que existan reglas claras en el terreno electoral, que atiendan rubros como la igualdad sustantiva en la participación, la paridad de género y la erradicación de la violencia política.
Ahora bien, el abaratamiento de las elecciones se ha planteado como uno de los objetivos centrales de dicha reforma… Pero, ¿a qué costo? El INE está mandatado a cumplir con distintas funciones clave para el sostenimiento de nuestra democracia, mismas que se traducen en una “cadena de confianza”.
México cuenta con un sistema electoral mixto: 300 diputados y 96 senadores son elegidos por el principio de mayoría relativa, al tiempo que 200 diputados y 32 senadores son electos por la vía de representación proporcional. Uno de los puntos que aborda la reforma es la desaparición de los plurinominales; sin duda, ello generaría una menor representatividad en el Congreso, debido a que se alteraría la composición de ambas cámaras y habría un partido dominante.
Por otro lado, la reforma electoral propone que los consejeros y magistrados se elijan por el voto popular; ahora bien, éstos no cuentan con la operación política ni la estructura territorial necesarias para realizar campaña y conseguir el voto de la gente. Además, ¿qué órgano de gobierno se encargará de organizar y vigilar dicha elección? Si hay voluntad política, un par de temas adicionales que se podrían discutir serían el financiamiento público a los partidos políticos nacionales, así como cuestiones relativas al fortalecimiento del modelo de fiscalización.
La desconfianza en los procesos electorales en México ha influido en la configuración de nuestra autoridad electoral; en virtud de lo anterior, la equidad en la contienda debe salvaguardarse en todo momento. Falta claridad en el debate en torno a la reforma electoral. Por el bien de nuestra democracia, habrá que estar atentos a lo que ocurra en las próximas semanas.
¿Será la confianza y la equidad en los procesos electorales lo que no nos define?
Consultor y profesor universitario
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