Ahorrar no es sólo guardar, sino saber gastar, dice un dicho popular y que bien se podría aplicar a la política económica que ha implementado el gobierno federal, que bajo la bandera de la austeridad, ha generado una larga lista de gastos innecesarios y hasta absurdos en vez de destinar recursos a lo que realmente se necesita.
Ejemplos tenemos varios: el Aeropuerto de Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas, la venta – no venta del avión presidencial, el Tren Maya, entre otros, pero el más reciente es la consulta popular que se llevará a cabo el próximo 1 de agosto para preguntarle a la ciudadanía si está a favor de enjuiciar a los expresidentes de México, la cual costará más de 500 millones de pesos aproximadamente.
El primer análisis que hacemos es la utilidad de dicha consulta, pues como muchos especialistas ya han mencionado en diversas plataformas, la Ley simplemente se debe cumplir y si han detectado delitos en las gestiones de los exmandatarios Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto, estos deberían responder ante las autoridades competentes con la Ley en la mano. Es parte del estado de Derecho.
En segundo término, ha sido cuestionada la redacción de la pregunta que se realizará en la mencionada consulta. "¿Estás de acuerdo en que se lleven a cabo acciones con apego al marco legal para esclarecer las decisiones políticas tomadas en el pasado por los actores políticos y garantizar la justicia y derechos de las posibles víctimas?" Pregunta reformulada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Una pregunta por demás ambigua.
Aunque la pregunta original era más clara y concreta, sigue siendo a todas luces un despropósito político, pues insistimos, la Ley se debe cumplir y actuar en consecuencia, pero tal parece que la actual administración se quiere “lavar las manos” de la decisión final del “pueblo sabio”.
Esta consulta popular le hace daño al país, pues la llamada “austeridad republicana” ha sido una herramienta populista que no ha representado beneficios reales para México, ya que se han descuidado ámbitos de suma importancia como la inversión pública en infraestructura que incluye carreteras, caminos, transporte, escuelas, hospitales, etc.
Esos millones tendrían que servir para combatir la desigualdad que existe en nuestro país, para brindar educación de calidad, servicios públicos eficientes o para implementar políticas públicas que mitiguen la crisis ambiental, de seguridad, de salud, de protección a niños y mujeres o la tan necesitada reactivación económica.
La consulta popular parece un distractor incongruente que en nada ayuda al desarrollo de nuestro país, el cual sigue cayendo de forma vertiginosa en una fosa sin fondo.
*Presidenta de la Federación Bajío Centro de Coparmex
