/ martes 26 de abril de 2022

Neurona ciudadana | Debanhi

A Debanhi la encontraron el jueves pasado en medio de un aluvión de preguntas, un clima de intensa rabia nacional, grandes dudas y mucha, mucha impotencia.

Una de las 11 mujeres que mueren a diario en México permitía visibilizar de nuevo cómo, cada vez más, vivimos en un país de bestias.

No fueron las amigas que la dejaron, no fue la hora, ni la zona. El riesgo se ha vuelto ajeno a todos los factores en un estado de procuración de justicia que se desvanece gradualmente.

El caso de Debanhi o el de Victoria Guadalupe -de seis años- asesinada aquí en Querétaro, ratifica una violencia contra las mujeres que se ha vuelto sistémica. Reitera la incapacidad institucional y acrecienta nuestro miedo y sentido de urgencia por justicia, leyes y mecanismos eficientes para prevenir, erradicar, procesar y castigar cualquier acto que atente contra nosotras.

Pero el gobierno federal, los gobiernos estatales y municipales parecen tener otra agenda de prioridades. Pareciera que es suficiente reconocer con cabeza baja que hoy el 85% del país está bajo la alerta de género. Basta con mandar condolencias a los deudos. Les suena suficiente, como esgrimió el Procurador de Nuevo León, reconocer llanamente una “falla humana masiva”. No hay más allá.

Nada se ha hecho para preparar a los cuerpos policiacos y judiciales en la comprensión y tratamiento de víctimas y familiares. Nada aún para fortalecer la empatía y evitar la revictimización constante. Nada para generar una agenda nacional coordinada que permita hacer más eficientes a las instituciones y procesar a los asesinos.

Mientras tanto, la percepción de inseguridad en mujeres se va a las nubes de acuerdo al INEGI. Mientras tanto, salimos a las calles unidas a gritar cómo nos están matando a diario, en cada esquina, a cada momento.

Mientras tanto, el gobierno federal se toma con paciencia la implementación de la Ley de Datos Forenses que permitiría crear – desde hace 4 años- un banco de datos para identificar los 52 mil cuerpos no reconocidos que desbordan las morgues del país.

Con un gobierno paralizado (e incapaz) es por demás urgente un diálogo ciudadano que tome riendas claras en la protección de las mujeres. Urge una coordinación de empresarios, sociedad civil organizada, organizaciones civiles y religiosas que construya sus propios códigos de prevención, actuación y protección.

Un esquema que ayude a detectar cualquier indicio de violencia en el hogar, en los centros de trabajo, en las escuelas, en el espacio público, y tratar con un alto sentido humano y profesional cada caso. Es momento de una gran cruzada que también involucre a los hombres, a la tecnología, a la conciencia de cada miembro de la sociedad. Sólo así podremos salvar vidas y reducir los índices de sangre.

Hagamos obligatorios cursos y talleres que reeduquen y concienticen desde el nivel preescolar. Hagamos de las herramientas tecnológicas una aliada en el seguimiento de seguridad e integridad de todas. Hagamos una agenda nacional que presione al ejecutivo federal y al legislativo a incorporar sensibilidad, empatía, compromiso y transparencia en los procedimientos de actuación. Hagamos un México que le gane a la violencia.


A Debanhi la encontraron el jueves pasado en medio de un aluvión de preguntas, un clima de intensa rabia nacional, grandes dudas y mucha, mucha impotencia.

Una de las 11 mujeres que mueren a diario en México permitía visibilizar de nuevo cómo, cada vez más, vivimos en un país de bestias.

No fueron las amigas que la dejaron, no fue la hora, ni la zona. El riesgo se ha vuelto ajeno a todos los factores en un estado de procuración de justicia que se desvanece gradualmente.

El caso de Debanhi o el de Victoria Guadalupe -de seis años- asesinada aquí en Querétaro, ratifica una violencia contra las mujeres que se ha vuelto sistémica. Reitera la incapacidad institucional y acrecienta nuestro miedo y sentido de urgencia por justicia, leyes y mecanismos eficientes para prevenir, erradicar, procesar y castigar cualquier acto que atente contra nosotras.

Pero el gobierno federal, los gobiernos estatales y municipales parecen tener otra agenda de prioridades. Pareciera que es suficiente reconocer con cabeza baja que hoy el 85% del país está bajo la alerta de género. Basta con mandar condolencias a los deudos. Les suena suficiente, como esgrimió el Procurador de Nuevo León, reconocer llanamente una “falla humana masiva”. No hay más allá.

Nada se ha hecho para preparar a los cuerpos policiacos y judiciales en la comprensión y tratamiento de víctimas y familiares. Nada aún para fortalecer la empatía y evitar la revictimización constante. Nada para generar una agenda nacional coordinada que permita hacer más eficientes a las instituciones y procesar a los asesinos.

Mientras tanto, la percepción de inseguridad en mujeres se va a las nubes de acuerdo al INEGI. Mientras tanto, salimos a las calles unidas a gritar cómo nos están matando a diario, en cada esquina, a cada momento.

Mientras tanto, el gobierno federal se toma con paciencia la implementación de la Ley de Datos Forenses que permitiría crear – desde hace 4 años- un banco de datos para identificar los 52 mil cuerpos no reconocidos que desbordan las morgues del país.

Con un gobierno paralizado (e incapaz) es por demás urgente un diálogo ciudadano que tome riendas claras en la protección de las mujeres. Urge una coordinación de empresarios, sociedad civil organizada, organizaciones civiles y religiosas que construya sus propios códigos de prevención, actuación y protección.

Un esquema que ayude a detectar cualquier indicio de violencia en el hogar, en los centros de trabajo, en las escuelas, en el espacio público, y tratar con un alto sentido humano y profesional cada caso. Es momento de una gran cruzada que también involucre a los hombres, a la tecnología, a la conciencia de cada miembro de la sociedad. Sólo así podremos salvar vidas y reducir los índices de sangre.

Hagamos obligatorios cursos y talleres que reeduquen y concienticen desde el nivel preescolar. Hagamos de las herramientas tecnológicas una aliada en el seguimiento de seguridad e integridad de todas. Hagamos una agenda nacional que presione al ejecutivo federal y al legislativo a incorporar sensibilidad, empatía, compromiso y transparencia en los procedimientos de actuación. Hagamos un México que le gane a la violencia.