/ lunes 8 de julio de 2024

Retrato Hereje | Zoé sepulta escándalos en el IMSS


Robledo Aburto emprenderá esta nueva iniciativa gubernamental mientras se halla colocado bajo señalamientos de privilegiar con contratos multimillonarios a empresas que en algunos casos concentran alegatos de cercanía con Palacio.

Pese a un aparente diferendo entre el presidente López Obrador y Claudia Sheinbaum sobre el destino político de Zoé Robledo Aburto, hoy director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), parece existir ya la decisión de que este político chiapaneco, colocado al centro de diversas impugnaciones en el manejo de la principal institución de salud en México, tenga a su cargo la nueva apuesta para establecer un organismo centralizado de atención.

Robledo Aburto emprenderá esta nueva iniciativa gubernamental mientras se halla colocado bajo señalamientos de privilegiar con contratos multimillonarios a empresas que en algunos casos concentran alegatos de cercanía con Palacio, pero en otros se les liga directamente con el círculo personal y aun familiar del funcionario. Parte de esas acusaciones explicarían el discreto retiro, a inicios del presente año, del director Jurídico de la institución, Antonio Pérez Fonticoba, entre otras remociones en los meses recientes.

De acuerdo con información obtenida por este espacio, Robledo Aburto conducirá el proceso para concentrar en el Organismo Público Descentralizado (OPD) denominado IMSS Bienestar, la operación de un segmento del IMSS con idéntico nombre -aunque lo ha cambiado según el gobierno en turno. El también llamado IMSS Bienestar es un área del IMSS ordinario; cuenta con un presupuesto de 21 mil millones de pesos este año, 27 mil trabajadores y dispone de más de cuatro mil inmuebles, en 19 estados con población marginada, en particular indígena

El nuevo órgano absorberá igualmente toda la infraestructura hospitalaria y de salud públicos con que cuenten los hasta ahora más de 24 estados -de los 32 existentes- que se han adherido al plan diseñado por el gobierno López Obrador. Este último proceso implica hasta ahora a cerca de 400 mil empleados sanitarios (una cifra cercana a los existentes en el sindicato del sistema ordinario), los que estaban afiliados a cientos de sindicatos diferentes y contaban con esquemas de prestaciones distintas a las que ahora enfrentan en el nuevo sistema, donde, de entrada, pertenecerán al Apartado A de la ley federal laboral, que limita seriamente sus derechos gremiales.

La OPD IMSS Bienestar fue establecida para recibir los recursos previamente asignados al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), extinguido en 2023 tras 15 meses de la gestión encomendada al tabasqueño Juan Antonio Ferrer, cercano al Presidente y estudioso de la arqueología. En ese periodo, ese instituto consumió recursos estimados en al menos 75 mil millones de pesos, que en su mayoría habían estado destinados al previamente cancelado Seguro Popular.

Una complejidad a la vista sobre la creación del organismo que conducirá Zoé Robledo -se considera que el IMSS ordinario contará con su propio director general- está radicada en el campo laboral de la instancia que la ha abrigado hasta ahora. Los 27 mil trabajadores sanitarios referidos forman parte del sindicato central del Instituto, con sueldos superiores al menos en 30% a los que cubre el OPD, entre otras muchas prestaciones, incluida pertenecer al Apartado A de la ley. Ese grupo de trabajadores protagonizan una sorda rebelión contra el propósito de sumarlos a la nueva institución. El riesgo de amparos masivos está a la vista.

Singularmente, el actual dirigente del sindicato del IMSS ordinario, Arturo Olivares, entrará en las próximas semanas a un proceso sucesorio, y se prevé que entregue la directiva al actual secretario del Trabajo, Rafael Olivos Hernández, identificado con el oficialismo.

Existe el riesgo de una pugna intestina, producto de una violación masiva a derechos contractuales, en uno de los sindicatos más numerosos del país, con cerca de 450 mil integrantes. Ello rubricaría el cierre de un gobierno que virtualmente desde el primer día emprendió experimentos, abrigó ocurrencias y toleró corrupción en el entorno del IMSS -y del resto del sector-, del que depende la mitad de los usuarios del sistema de salud pública en México.



Robledo Aburto emprenderá esta nueva iniciativa gubernamental mientras se halla colocado bajo señalamientos de privilegiar con contratos multimillonarios a empresas que en algunos casos concentran alegatos de cercanía con Palacio.

Pese a un aparente diferendo entre el presidente López Obrador y Claudia Sheinbaum sobre el destino político de Zoé Robledo Aburto, hoy director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), parece existir ya la decisión de que este político chiapaneco, colocado al centro de diversas impugnaciones en el manejo de la principal institución de salud en México, tenga a su cargo la nueva apuesta para establecer un organismo centralizado de atención.

Robledo Aburto emprenderá esta nueva iniciativa gubernamental mientras se halla colocado bajo señalamientos de privilegiar con contratos multimillonarios a empresas que en algunos casos concentran alegatos de cercanía con Palacio, pero en otros se les liga directamente con el círculo personal y aun familiar del funcionario. Parte de esas acusaciones explicarían el discreto retiro, a inicios del presente año, del director Jurídico de la institución, Antonio Pérez Fonticoba, entre otras remociones en los meses recientes.

De acuerdo con información obtenida por este espacio, Robledo Aburto conducirá el proceso para concentrar en el Organismo Público Descentralizado (OPD) denominado IMSS Bienestar, la operación de un segmento del IMSS con idéntico nombre -aunque lo ha cambiado según el gobierno en turno. El también llamado IMSS Bienestar es un área del IMSS ordinario; cuenta con un presupuesto de 21 mil millones de pesos este año, 27 mil trabajadores y dispone de más de cuatro mil inmuebles, en 19 estados con población marginada, en particular indígena

El nuevo órgano absorberá igualmente toda la infraestructura hospitalaria y de salud públicos con que cuenten los hasta ahora más de 24 estados -de los 32 existentes- que se han adherido al plan diseñado por el gobierno López Obrador. Este último proceso implica hasta ahora a cerca de 400 mil empleados sanitarios (una cifra cercana a los existentes en el sindicato del sistema ordinario), los que estaban afiliados a cientos de sindicatos diferentes y contaban con esquemas de prestaciones distintas a las que ahora enfrentan en el nuevo sistema, donde, de entrada, pertenecerán al Apartado A de la ley federal laboral, que limita seriamente sus derechos gremiales.

La OPD IMSS Bienestar fue establecida para recibir los recursos previamente asignados al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), extinguido en 2023 tras 15 meses de la gestión encomendada al tabasqueño Juan Antonio Ferrer, cercano al Presidente y estudioso de la arqueología. En ese periodo, ese instituto consumió recursos estimados en al menos 75 mil millones de pesos, que en su mayoría habían estado destinados al previamente cancelado Seguro Popular.

Una complejidad a la vista sobre la creación del organismo que conducirá Zoé Robledo -se considera que el IMSS ordinario contará con su propio director general- está radicada en el campo laboral de la instancia que la ha abrigado hasta ahora. Los 27 mil trabajadores sanitarios referidos forman parte del sindicato central del Instituto, con sueldos superiores al menos en 30% a los que cubre el OPD, entre otras muchas prestaciones, incluida pertenecer al Apartado A de la ley. Ese grupo de trabajadores protagonizan una sorda rebelión contra el propósito de sumarlos a la nueva institución. El riesgo de amparos masivos está a la vista.

Singularmente, el actual dirigente del sindicato del IMSS ordinario, Arturo Olivares, entrará en las próximas semanas a un proceso sucesorio, y se prevé que entregue la directiva al actual secretario del Trabajo, Rafael Olivos Hernández, identificado con el oficialismo.

Existe el riesgo de una pugna intestina, producto de una violación masiva a derechos contractuales, en uno de los sindicatos más numerosos del país, con cerca de 450 mil integrantes. Ello rubricaría el cierre de un gobierno que virtualmente desde el primer día emprendió experimentos, abrigó ocurrencias y toleró corrupción en el entorno del IMSS -y del resto del sector-, del que depende la mitad de los usuarios del sistema de salud pública en México.