Así lo estipula una iniciativa de reforma a la ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, impulsada por la Secretaría de Gobernación con Olga Sánchez Cordero y presentada por la diputada, Reyna Celeste Ascencio en la Cámara de Diputados, dicha iniciativa cree pertinente que ya es urgente ponerle un alto a la homofobia sacerdotal, pues esta se ha convertido en una fuerte oposición a la lucha por los derechos humanos de la población de la diversidad sexual.
La reforma al artículo 29 fracción IV de la ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, señala textualmente que “constituyen infracciones, ejercer actos de discriminación con motivo de identidad sexual o expresión de género de las personas.” Por otro lado el art. 32 detalla las sanciones que según la valoración de la autoridad se aplicarán a los ministros infractores. “Apercibimiento” multa de hasta 20 mil días de salario mínimo en la Ciudad de México, clausura temporal o definitiva del templo donde se den los actos discriminatorios, suspensión temporal de la Asociación religiosa y finalmente cancelación de la Asociación Religiosa.”
La iniciativa fue presentada en octubre del año pasado, actualmente ya fue presentada y dictaminada por la Comisión de Gobernación y población donde la respaldan los diputados de Morena, y algunos del PRI, PT, PAN,, del Partido Verde y Movimiento Ciudadano, falta presentarla en el pleno.
El pasado miércoles 10 de marzo, los 32 Consejos interreligiosos estatales que reúnen a las iglesias evangélicas, la católica, anglicana, judía, mormona, musulmana, la Haré Krisna y otras, realizaron una conferencia de prensa para dar a conocer un pronunciamiento conjunto en el que aseguran que la iniciativa pone en riesgo la libertad de expresión de ministros y congregaciones religiosas que en uso de su derecho a la libertad religiosa expresar doctrinas y creencias desde la propia convicción de fe.
Días después de ese pronunciamiento conjunto, la cúpula católica aglutinados en la Conferencia Episcopal Mexicana “CEM” externó su rechazo a la iniciativa, manifestando que esta no tiene “un consenso social amplio ni un cimiento técnico riguroso’. Señalan que “a nadie conviene tener en estos momentos a un México dividido y fracturado por temas que exigen un debate social ordenado paciente respetuoso y bien fundamentado”. Pronto veremos a los ministros de las confesiones religiosas cabildeando en los pasillos San Lázaro.
