La agenda mexicana anticorrupción se ha vuelto personal. Quizás siempre lo ha sido, pero nunca la habíamos experimentado con estos matices, y eso debe preocuparnos a todos.
De todos los indicadores de evaluación de la gestión presidencial, el menos mal evaluado había sido hasta ahora el combate a la corrupción.
De acuerdo con el seguimiento mensual que hace El Financiero, todavía en julio pasado había un 33% de ciudadanos que consideraba positivo el trabajo anticorrupción de la actual administración federal, contra 45% que lo apreciaba negativo.
Podrán parecer datos pobres, pero que continuaban siendo el mejor asidero de un discurso contra la impunidad que ha enarbolado desde hace mucho nuestro actual presidente. Discurso que ha quedado cortísimo esta semana, al igual que un par de videos que han generado todo tipo de desmarques y consignas.
No pocos vimos un trato diferenciado a grabaciones de situaciones aparentemente similares. Para una de estas se abogó máxima difusión aún a costa de violar desde Palacio Nacional el debido proceso. Para otra se declaró desde el mismo sitio una historia de “legítimas” aportaciones a un movimiento político.
Para una se creó un juicio mediático, para otra se pidió el altar nacional de los patriotas que, como Leona Vicario, dieron dinero para la independencia.
Lo mismo ocurrió en el proceso de sanción a la Revista Nexos que llevó a cabo la Secretaría de la Función Pública; para ellos pena económica que roza el millón de pesos e inhabilitación por dos años, para otros en caso similar, sanción de 40 mil pesos sin inhabilitación.
La mediatización de estos casos genera varios efectos negativos para México que vale la pena razonar:
1) A las instituciones de transparencia les cuestiona su equilibrio y capacidad. Si la Secretaría de la Función Pública supo ser expedita en el caso Nexos ¿por qué ha sido incapaz de sancionar a su Titular por omitir información en su declaración patrimonial?
La SFP debe construirse una historia de independencia y talento alejada de revanchas políticas o parcialidad. De lo contrario debe desaparecer por no ser de utilidad social para el país.
2) Al poder judicial, le pregunta por la urgencia de pronunciarse a favor de la presunción de inocencia y el respeto al debido proceso en todos los casos.
El equilibrio de poderes se ha construido por y para las garantías ciudadanas y no por y para los poseedores del poder en turno. El Poder Judicial debe expresar su independencia reconviniendo el esquema sumario que ha llevado a cabo el Ejecutivo.
3) A los ciudadanos les cuestiona, una vez más, la confianza en las instituciones, la política y su acceso a la justicia. Si alguien gana con esto es el abstencionismo electoral y quien pueda beneficiarse de esta creciente apatía ciudadana.
4) Al debate nacional lo lacera, dado que todos los actores involucrados quedan “manchados” y, en medio del lodazal, se desestimula una verdadera reflexión y construcción de agenda común contra la corrupción. Todos están heridos y todos quieren tregua.
En este escenario todos perdemos. Por algo en el Índice Global de Impunidad que publicó la semana pasada la Universidad de las Américas Puebla, México sigue al fondo de la tabla en la posición 60 de 69 naciones evaluadas. Porque en nuestro país hay hoy una incapacidad para hacer justicia desde las instituciones sin tomarlo personal.
