/ miércoles 29 de enero de 2020

Una Visión Desde el Senado

¡Las víctimas del delito, nuestra prioridad!


Todos los que integramos la Cuarta Transformación de la República, nos hemos esforzado en presentar e implementar profundas reformas para contrarrestar el inédito clima de inseguridad y violencia que nos heredaron administraciones federales anteriores.

Ahí tenemos por ejemplo la creación de la Guardia Nacional; la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa; o la mejorada figura de extinción de dominio, para recuperar los bienes mal habidos de los delincuentes.

En breve, el Ejecutivo Federal presentará también ante el Poder Legislativo un urgente rediseño al sistema judicial que abonará en este fin, de la que sobresalen diferentes aspectos, como la creación de un Código Penal Único, donde se homologarían los 32 códigos penales de los Estados de la República, facilitando con ello la coordinación en el combate de delitos federal y del fuero común, siendo estos últimos los que más nos afectan a los ciudadanos en general.

Permítanme continuar reflexionando sobre estas inminentes propuestas una vez que se formalice su presentación el próximo 1º de febrero, cuando inicien los trabajos del período ordinario de sesiones del Congreso de la Unión.

Por otra parte, registramos con preocupación el magro desempeño del gobierno estatal para dotar de seguridad a las y los queretanos, razón por lo que no compartimos la estrategia implementada y donde podemos confirmar de manera categórica, visto desde cualquier registro, sin maquillar o ignorar cifras, ni presentar información a conveniencia, que somos hoy un estado más inseguro que hace cuatro años, así de simple; y de ello podemos dar fe la mayoría de la población que diariamente somos afectados por el delito.

No obstante, hoy nos toca legislar, estando seguros del rotundo viraje que pronto la ciudadanía dará en la conducción de nuestro querido Querétaro. Por lo que presentaré ante el pleno del Senado un par de reformas en la materia, pero más allá de la narrativa de combate al delito, con un enfoque que pretendemos revitalizar alrededor de las víctimas, no solo en su debida atención y asesoría (psicológica, médica, legal) por parte de las autoridades, sino en la reparación integral del daño sufrido y en su indemnización.

Reformaremos la Constitución Federal para incorporar la solidaridad o corresponsabilidad del Estado Mexicano en el acompañamiento a las víctimas de la delincuencia, especialmente por cuanto a su reparación e indemnización.

También fortaleceremos la Ley General de Víctimas para garantizar esta reparación e indemnización con independencia de si se atrapó al delincuente, o si este es insolvente, se evadió, falleció, etc. Incluso estableciendo plazos perentorios para que la autoridad repare: ¡Basta de carpetas de investigación eternamente abiertas, signos de la impunidad del delito y de la deriva de la víctima ante el daño recibido!

Necesitamos incentivar además a las Entidades Federativas para que mejoren de una buena vez la seguridad de sus ciudadanos, especialmente en la atención de los ilícitos que les corresponde atacar, que son los del fuero común (robos, a casa habitación, a negocios, de vehículo, en transporte, a transeúnte, por cierto todos ellos cada vez más violentos; el homicidio, especialmente el doloso sobre el culposo; la violación; la extorsión; entre muchos otros que nos preocupan a todos) por lo que reformaremos los fondos que la ley en comento considera para la reparación del daño de las víctimas para que participen con un mayor porcentaje, actualmente lo hacen con un 25% mientras el resto de los recursos los pone la Federación; queremos que participen con el mismo monto ambos niveles de gobierno. ¡Ya basta que no quieran asumir sus responsabilidades y que cuando no entregan buenos registros en materia de seguridad, quieran culpar a la Federación de las deficiencias estatales! Por supuesto que también propondremos hacer más fácil el acceso a estos fondos por parte de la población, ¡urge!

Con esta reforma, comenzamos a saldar una deuda enorme que el gobierno tiene desde hace muchos años con las víctimas del delito, pues sus deficiencias en contener la inseguridad han propiciado en mayor o menor medida estas afectaciones, por lo que la corresponsabilidad en la reparación ya era más que necesaria.

Así dejaremos de tener gobernadores y autoridades de todos niveles que se laven las manos ante la inseguridad en sus estados, y en vez de usar ese trillado discurso del "aquí no pasa nada" o "es un caso aislado" se pondrán a trabajar, pues cada delito que se cometa en su entidad, debidamente denunciado, tendrá que repararse a costa de sus partidas presupuestales.

Las iniciativas que presentaremos incentivarán también y como nunca la cultura de la denuncia, con lo que reforzaremos el combate a la terrible impunidad, pues las víctimas al denunciar tendrán acceso a que les reparen el daño sufrido y les indemnicen.

¡Las víctimas del delito, nuestra prioridad!


Todos los que integramos la Cuarta Transformación de la República, nos hemos esforzado en presentar e implementar profundas reformas para contrarrestar el inédito clima de inseguridad y violencia que nos heredaron administraciones federales anteriores.

Ahí tenemos por ejemplo la creación de la Guardia Nacional; la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa; o la mejorada figura de extinción de dominio, para recuperar los bienes mal habidos de los delincuentes.

En breve, el Ejecutivo Federal presentará también ante el Poder Legislativo un urgente rediseño al sistema judicial que abonará en este fin, de la que sobresalen diferentes aspectos, como la creación de un Código Penal Único, donde se homologarían los 32 códigos penales de los Estados de la República, facilitando con ello la coordinación en el combate de delitos federal y del fuero común, siendo estos últimos los que más nos afectan a los ciudadanos en general.

Permítanme continuar reflexionando sobre estas inminentes propuestas una vez que se formalice su presentación el próximo 1º de febrero, cuando inicien los trabajos del período ordinario de sesiones del Congreso de la Unión.

Por otra parte, registramos con preocupación el magro desempeño del gobierno estatal para dotar de seguridad a las y los queretanos, razón por lo que no compartimos la estrategia implementada y donde podemos confirmar de manera categórica, visto desde cualquier registro, sin maquillar o ignorar cifras, ni presentar información a conveniencia, que somos hoy un estado más inseguro que hace cuatro años, así de simple; y de ello podemos dar fe la mayoría de la población que diariamente somos afectados por el delito.

No obstante, hoy nos toca legislar, estando seguros del rotundo viraje que pronto la ciudadanía dará en la conducción de nuestro querido Querétaro. Por lo que presentaré ante el pleno del Senado un par de reformas en la materia, pero más allá de la narrativa de combate al delito, con un enfoque que pretendemos revitalizar alrededor de las víctimas, no solo en su debida atención y asesoría (psicológica, médica, legal) por parte de las autoridades, sino en la reparación integral del daño sufrido y en su indemnización.

Reformaremos la Constitución Federal para incorporar la solidaridad o corresponsabilidad del Estado Mexicano en el acompañamiento a las víctimas de la delincuencia, especialmente por cuanto a su reparación e indemnización.

También fortaleceremos la Ley General de Víctimas para garantizar esta reparación e indemnización con independencia de si se atrapó al delincuente, o si este es insolvente, se evadió, falleció, etc. Incluso estableciendo plazos perentorios para que la autoridad repare: ¡Basta de carpetas de investigación eternamente abiertas, signos de la impunidad del delito y de la deriva de la víctima ante el daño recibido!

Necesitamos incentivar además a las Entidades Federativas para que mejoren de una buena vez la seguridad de sus ciudadanos, especialmente en la atención de los ilícitos que les corresponde atacar, que son los del fuero común (robos, a casa habitación, a negocios, de vehículo, en transporte, a transeúnte, por cierto todos ellos cada vez más violentos; el homicidio, especialmente el doloso sobre el culposo; la violación; la extorsión; entre muchos otros que nos preocupan a todos) por lo que reformaremos los fondos que la ley en comento considera para la reparación del daño de las víctimas para que participen con un mayor porcentaje, actualmente lo hacen con un 25% mientras el resto de los recursos los pone la Federación; queremos que participen con el mismo monto ambos niveles de gobierno. ¡Ya basta que no quieran asumir sus responsabilidades y que cuando no entregan buenos registros en materia de seguridad, quieran culpar a la Federación de las deficiencias estatales! Por supuesto que también propondremos hacer más fácil el acceso a estos fondos por parte de la población, ¡urge!

Con esta reforma, comenzamos a saldar una deuda enorme que el gobierno tiene desde hace muchos años con las víctimas del delito, pues sus deficiencias en contener la inseguridad han propiciado en mayor o menor medida estas afectaciones, por lo que la corresponsabilidad en la reparación ya era más que necesaria.

Así dejaremos de tener gobernadores y autoridades de todos niveles que se laven las manos ante la inseguridad en sus estados, y en vez de usar ese trillado discurso del "aquí no pasa nada" o "es un caso aislado" se pondrán a trabajar, pues cada delito que se cometa en su entidad, debidamente denunciado, tendrá que repararse a costa de sus partidas presupuestales.

Las iniciativas que presentaremos incentivarán también y como nunca la cultura de la denuncia, con lo que reforzaremos el combate a la terrible impunidad, pues las víctimas al denunciar tendrán acceso a que les reparen el daño sufrido y les indemnicen.