/ miércoles 19 de febrero de 2020

Una Visión Desde el Senado

¡No más suspensiones y clausuras abusivas de negocios!


En algún momento, que nunca debió llegar, atender a los mexicanos dejó de ser la prioridad para el gobierno mexicano, dando paso a una infame corrupción ligada con una visión patrimonialista del presupuesto por parte de muchos servidores públicos.

El pueblo quedo aislado de los entes gubernamentales, por lo que muchos esfuerzos alrededor de la solución de los problemas nacionales quedaron limitados, pues la eficiencia de la política pública se encontraba truncada, los apoyos no llegaban, los programas no se ejecutaban, las obras no se terminaban, y así, un largo etcétera.

Con el tiempo, el declive de las administraciones públicas se hizo crónico y sistémico, por lo que la disruptiva Cuarta Transformación de la Vida Pública, que encabeza nuestro Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, representa hoy un cambio de paradigma que desde hace años ya era urgente.

Hoy a través de profundos cambios normativos queremos regresar el gobierno al pueblo, para despejar sus dudas, orientarlo en sus preocupaciones y atender sin demora sus necesidades más urgentes y aplazadas.

Presentaré ante el pleno del Senado, en el sentido anterior, una propuesta que desincentiva la corrupción en niveles más relacionados con el día a día de la gente, y fortalece su confianza en el quehacer gubernamental, precisamente en aspectos relacionados con ciertos trámites que impactan directamente a las micro, pequeñas y medianas empresas del país.

La idea es simple, pero contundente, queremos prohibir que en un solo acto algún inspector gubernamental detecte una irregularidad administrativa en algún negocio y sancione.

Es decir, los beneficiarios de la medida son los restaurantes o bares, cafeterías, tiendas de ropa, misceláneas, panaderías, carnicerías, farmacias y muchas otras que conforman el universo MIPYME que genera más del 82% de los empleos en México, los que suelen ser presas de actos abusivos o de hostigamiento por parte de estos servidores públicos, los que pueden amenazar con suspender o clausurar los negocios en el mismo momento en que detectan ciertas faltas e irregularidades en su mayoría menores, propiciando y muchas veces solicitando con ello “mordidas” para no realizarlos.

Esta situación no debe continuar, por lo que propondré como un principio de la política de mejora regulatoria en el país, la conservación de las fuentes de ingresos y de empleos de las personas, lo que dará paso a determinar como un objetivo primordial mantener abiertos los micro, pequeños y medianos negocios, por lo que limitaremos las causas de clausura o suspensión en su funcionamiento en el territorio cuando se detecten faltas administrativas, eliminando la aplicación de estas sanciones en la primera visita de inspección, con salvedades obvias que ameriten algún riesgo latente para la población.

En este caso, la autoridad en su primera visita únicamente podrá invitar a la regularización de la falta, previendo plazos razonables para tal fin, asesorando y acompañando gratuitamente el trámite respectivo.

Finalmente, en la reforma que presentamos, donde reformaremos el artículo 7 de la Ley General de Mejora Regulatoria, establecemos con claridad que las Legislaturas de los Estados realizarían las adecuaciones necesarias para armonizar las leyes locales con el presente decreto, por lo que envío un mensaje claro de solidaridad y respaldo a todos los negocios, incluyendo a los que los queretanos tienen, no se encuentran solos y no los volverán a hostigar.

Recientemente en el Senado de la República aprobamos la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana, cuyo objetivo es erradicar prácticas que pudieran generar corrupción, como la verificación que se hace de las actividades comerciales e industriales que realiza la ciudadanía y que generan empleo y bienestar social.

Este esfuerzo federalizado busca que los ciudadanos recobren la confianza en sus autoridades, puesto que la misma otorga beneficios y facilidades administrativas relacionadas con la actividad económica que desempeñan las personas físicas y morales.

La iniciativa que presentaremos es un complemento categórico y necesario para que el espíritu de la reforma federal impulsada por el Gobierno de la República recaiga en la mayor cantidad de emprendedores nacionales.

Los resultados de la nueva política para la eliminación de la corrupción que venimos impulsando ha comenzado a dar frutos, pues el número de mexicanos que percibe un incremento de la corrupción en el país disminuyó de 61% en 2017 a 44% en 2019, de acuerdo con la edición 2019 del Barómetro Global de la Corrupción de Transparencia Internacional en su capítulo Transparencia Mexicana. ¡Vamos por buen camino!

Respecto de la situación en las entidades federativas, se sufre también esta problemática, donde sobresale para mal el estado al que represento: de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2017, define a la corrupción como el segundo problema más importante en el estado de Querétaro, solo por debajo de la inseguridad y la delincuencia, con un total de 43% de los encuestados que indican haber percibido algún evento de corrupción en la entidad. ¡En Querétaro, pronto corregiremos el rumbo!

¡No más suspensiones y clausuras abusivas de negocios!


En algún momento, que nunca debió llegar, atender a los mexicanos dejó de ser la prioridad para el gobierno mexicano, dando paso a una infame corrupción ligada con una visión patrimonialista del presupuesto por parte de muchos servidores públicos.

El pueblo quedo aislado de los entes gubernamentales, por lo que muchos esfuerzos alrededor de la solución de los problemas nacionales quedaron limitados, pues la eficiencia de la política pública se encontraba truncada, los apoyos no llegaban, los programas no se ejecutaban, las obras no se terminaban, y así, un largo etcétera.

Con el tiempo, el declive de las administraciones públicas se hizo crónico y sistémico, por lo que la disruptiva Cuarta Transformación de la Vida Pública, que encabeza nuestro Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, representa hoy un cambio de paradigma que desde hace años ya era urgente.

Hoy a través de profundos cambios normativos queremos regresar el gobierno al pueblo, para despejar sus dudas, orientarlo en sus preocupaciones y atender sin demora sus necesidades más urgentes y aplazadas.

Presentaré ante el pleno del Senado, en el sentido anterior, una propuesta que desincentiva la corrupción en niveles más relacionados con el día a día de la gente, y fortalece su confianza en el quehacer gubernamental, precisamente en aspectos relacionados con ciertos trámites que impactan directamente a las micro, pequeñas y medianas empresas del país.

La idea es simple, pero contundente, queremos prohibir que en un solo acto algún inspector gubernamental detecte una irregularidad administrativa en algún negocio y sancione.

Es decir, los beneficiarios de la medida son los restaurantes o bares, cafeterías, tiendas de ropa, misceláneas, panaderías, carnicerías, farmacias y muchas otras que conforman el universo MIPYME que genera más del 82% de los empleos en México, los que suelen ser presas de actos abusivos o de hostigamiento por parte de estos servidores públicos, los que pueden amenazar con suspender o clausurar los negocios en el mismo momento en que detectan ciertas faltas e irregularidades en su mayoría menores, propiciando y muchas veces solicitando con ello “mordidas” para no realizarlos.

Esta situación no debe continuar, por lo que propondré como un principio de la política de mejora regulatoria en el país, la conservación de las fuentes de ingresos y de empleos de las personas, lo que dará paso a determinar como un objetivo primordial mantener abiertos los micro, pequeños y medianos negocios, por lo que limitaremos las causas de clausura o suspensión en su funcionamiento en el territorio cuando se detecten faltas administrativas, eliminando la aplicación de estas sanciones en la primera visita de inspección, con salvedades obvias que ameriten algún riesgo latente para la población.

En este caso, la autoridad en su primera visita únicamente podrá invitar a la regularización de la falta, previendo plazos razonables para tal fin, asesorando y acompañando gratuitamente el trámite respectivo.

Finalmente, en la reforma que presentamos, donde reformaremos el artículo 7 de la Ley General de Mejora Regulatoria, establecemos con claridad que las Legislaturas de los Estados realizarían las adecuaciones necesarias para armonizar las leyes locales con el presente decreto, por lo que envío un mensaje claro de solidaridad y respaldo a todos los negocios, incluyendo a los que los queretanos tienen, no se encuentran solos y no los volverán a hostigar.

Recientemente en el Senado de la República aprobamos la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana, cuyo objetivo es erradicar prácticas que pudieran generar corrupción, como la verificación que se hace de las actividades comerciales e industriales que realiza la ciudadanía y que generan empleo y bienestar social.

Este esfuerzo federalizado busca que los ciudadanos recobren la confianza en sus autoridades, puesto que la misma otorga beneficios y facilidades administrativas relacionadas con la actividad económica que desempeñan las personas físicas y morales.

La iniciativa que presentaremos es un complemento categórico y necesario para que el espíritu de la reforma federal impulsada por el Gobierno de la República recaiga en la mayor cantidad de emprendedores nacionales.

Los resultados de la nueva política para la eliminación de la corrupción que venimos impulsando ha comenzado a dar frutos, pues el número de mexicanos que percibe un incremento de la corrupción en el país disminuyó de 61% en 2017 a 44% en 2019, de acuerdo con la edición 2019 del Barómetro Global de la Corrupción de Transparencia Internacional en su capítulo Transparencia Mexicana. ¡Vamos por buen camino!

Respecto de la situación en las entidades federativas, se sufre también esta problemática, donde sobresale para mal el estado al que represento: de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2017, define a la corrupción como el segundo problema más importante en el estado de Querétaro, solo por debajo de la inseguridad y la delincuencia, con un total de 43% de los encuestados que indican haber percibido algún evento de corrupción en la entidad. ¡En Querétaro, pronto corregiremos el rumbo!