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Seguimiento de la educación en el mundo

  • Redacción
  • en BARROCO

Por Carlos Campos

¿A quién le incumbe la responsabilidad de garantizar una educación universal de calidad? De acuerdo al Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo (GEM) 2017/2018[i] esta responsabilidad les incumbe directamente a los gobiernos. Y no solo eso, sino también garantizar el rendimiento de cuentas para alcanzar el objetivo.

El pasado miércoles 24 de octubre, en París, en el marco de la presentación del Informe, se enfatiza los efectos negativos graves que provoca el señalar e imputar a los docentes e instituciones educativas de los problemas de fondo. Asimismo, los efectos se traducen en un aumento de las desigualdades y deterioro del aprendizaje.

No obstante, los gobiernos, las escuelas, los docentes, los padres de los estudiantes y los organismos privados son responsables de la educación desde el rol que fungen. La educación, como proceso complejo, demanda una atención igualmente compleja y precisa por parte de quienes formamos parte de este proceso. Una forma pertinente e imperativa es a través de la rendición de cuentas en la forma en la que los docentes enseñan y los alumnos aprenden, pero también en la forma en la que los gobiernos actúan.

En el segundo volumen de la serie de informes GEM titulado “Rendir cuentas en el ámbito de la educación: cumplir nuestros compromisos” se efectúa un seguimiento de los avances para alcanzar el Objetivo del Desarrollo Sostenible (ODS) 4, que se adoptó por la comunidad internacional en materia de educación. En este volumen se analizan las diferentes modalidades en que las personas e instituciones pueden rendir cuentas de su acción para el alcance del ODS, mediante el establecimiento de reglamentaciones y pruebas, de actividades de seguimientos y auditorías, y de métodos para tener en cuentas las opiniones de los medios de comunicación y las asociaciones regionales que se ocupan de los temas educativos.

En el Informe se señala enfáticamente que es injusto y contraproducente culpar solamente a los docentes de los fallos de los sistemas educativos por sus resultados insuficientes o su ausentismo. “Si uno se basa en los resultados escolares de los alumnos para sancionar a las escuelas y los docentes, se corre el riesgo de que éstos modifiquen su comportamiento para protegerse contra las sanciones y esto se puede conducir a que se deje de lado a los alumnos más rezagados. Los gobiernos son los primeros responsables de la buena marcha de los sistemas educativos. Si se precipitan en echar la culpa a otros, lo que hacen es desviar la atención de su obligación de dotar a esos sistemas con estructuras sólidas y solidarias”, lo anterior dicho por Manos Antoninis, director del Informe GEM.

De acuerdo a las estadísticas, solamente uno de cada seis gobiernos publica informes anuales de seguimiento a la educación. Para exigir que los gobiernos cumplan con las rendiciones de cuentas sobre la educación es preciso que intervengan organismos independientes como oficinas defensoras del pueblos, parlamentos y organismos ciudadanos que tengan la facultad de auditar los procesos.

¿Qué propicia la no rendición de cuentas? Fácil: corrupción. Del 2009 al 2014, el 38% de las licitaciones relativas a la educación y la formación solamente tuvo presencia un licitador; en el sector de la construcción, por citar un ejemplo, el porcentaje fue de un 16%. Es evidente: el riesgo de corrupción es más elevado en el sector de la educación que en el de la construcción.

En el sector educativo es altamente pertinente establecer y aplicar reglamentaciones que abarquen desde licitaciones hasta cualificaciones de los docentes. Poco menos del 50% de los países con bajos y medios ingresos cuentan con normativas claras para regular la educación de la primera infancia; un número muy reducido ha creado mecanismos para controlar su aplicación. En casi la mitad de los países no existen reglamentaciones sobre el número de estudiantes por clase.

Es importante señalar que en los países en donde se dan carencias de los mecanismos oficiales, la ciudadanía desempeña un papel esencial para exigir a los gobiernos que hagan efectivo el derecho a la educación. Se cuenta con varios ejemplos: en Colombia, una campaña orquestada desde la sociedad civil logró llevar a las autoridades gubernamentales ante los tribunales, consiguiendo así el establecimiento de la educación gratuita. En Estados Unidos, agrupaciones de padres de familia y medios de comunicación presionaron con éxito para que se suprimiera de los libros de texto los apartados que negaban la existencia del cambio climático. En Colombia, la movilización de estudiantes universitarios consiguió detener el alza de los derechos de matrícula.

En México, la Reforma Educativa ha contribuido a que los docentes y las instituciones optimicen sus procesos de ingreso, permanencia, promoción y movilidad de los docentes y directivos a través de diversos instrumentos de evaluación y del servicio profesional docente (solamente en el caso de escuelas públicas), impulsados por la Secretaría de la Educación Pública, diseñados por el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa, e impulsados por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en sus distintas secciones. A través de múltiples estrategias, se ha hecho un esfuerzo considerable para persuadir a los docentes para que sean parte de este proceso. Quienes definitivamente no han aceptado incorporarse a los procesos de evaluación, rendición de cuentas y mejora, han sido separados de sus centros de trabajo. No obstante que aún falta transparentar el ingreso, permanencia, promoción y movilidad en sector administrativa, lo cierto es que el proceso está dando resultados.

En el Informe se hace un llamamiento a los gobiernos para que:

  1. Conciban mecanismos de rendición de cuentas estimulantes para las escuelas y evitar los sistemas de sanciones, especialmente los basados en mediciones restringidas de rendimiento.
  2. Permitir la participación democrática, respetar la libertad de análisis de los medios de comunicación sobre los temas de educación y establecer organismos independientes para examinar las reclamaciones y quejas.
  3. Elaborar reglamentaciones fiables y eficaces para todos los centros docentes públicos y privados. Esas reglamentaciones deben de comprender sanciones para garantizar la no discriminación y calidad de la educación.
  4. Hacer que el derecho a la educación sea exigible judicialmente, cosa que no ocurre en el 45% de los países.

@doctorsimulacro

[i] UNESCO, (2017) Accountability in education. Meeting our commitments. 2017/8. UNESCO Publishings: París, Francia.

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