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Corrupción e impunidad, frenos al desarrollo

  • Raúl Iturralde

El nuevo escándalo de corrupción relacionado con el exdirector de PEMEX, Emilio Lozoya, y la empresa Odebrecht, vuelve a poner en evidencia las debilidades de un sistema de gobierno que poco hace por detener este tipo de actos que atentan contra la economía de un país y que, al contrario, la ciudadanía percibe acuerdos implícitos, solapamientos y defensa de los personajes que actúan impunemente. Poco importa que atenten contra las instituciones y la sociedad en su conjunto, acabando con los esfuerzos por mejorar las condiciones de vida de los mexicanos.

Las críticas y cuestionamientos a la manera en cómo la administración del Presidente Peña ha solapado a quienes se aprovechan de sus puestos públicos para enriquecerse y mantener posiciones de poder, ya  no provienen solamente de sus adversarios políticos, es prácticamente un grito unánime de todos los grupos económicos y sectores sociales. Llama la atención la postura del sector empresarial que se agrupan en torno al Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP). Para el CEESP la corrupción y la impunidad se han incrementado escandalosamente en los últimos años, son actividades dañinas que se han constituido en uno de los factores principales que inhiben el crecimiento de la economía.

El caso de Lozoya no parece tener una solución, ni pronta ni en beneficio de la sociedad. Para especialistas en análisis político este caso se sumará a la larga lista de ex gobernadores y ex funcionarios que siendo señalados y enjuiciados, terminan saliendo libres “por falta de pruebas” o por tecnicismos legales; el sistema de justicia pareciera no tener todos los instrumentos jurídicos a la mano para hacer cumplir la ley y mandar a la cárcel a quienes la han infringido. A la luz de los hechos recientes, es evidente que se requieren cambios profundos en la administración de justicia, porque hasta ahora cada vez que logran enjuiciar a algún acusado de corrupción, se pierde el caso por no llevar bien la investigación, o porque se topan con autoridades igualmente cultivadas en la corrupción.

Los Duarte, Borge, Moreira, Medina, en total 8 ex gobernadores de los últimos años han sido acusados de malos manejos de los recursos públicos, de enriquecimiento ilícito, de delincuencia organizada incluso. Las sumas que se manejan son superiores a los 180 mil millones de pesos, cifra superior a los recortes que sufrió el presupuesto en todo el 2017. Los recursos desviados afectan seriamente las posibilidades de instrumentar debidamente las políticas públicas de consolidación de la economía nacional.

Lo más lamentable es que el clima de corrupción e impunidad invade todos los espacios en los que se manejan recursos públicos, la inversión en infraestructura para estimular la productividad y atraer capitales es quizá el área más sensible debido al terrible asunto del socavón en el paso exprés de Cuernavaca; pero también se habla de temas de petróleo, seguridad, en el sector salud, en la educación, en las obras sociales.

En mi opinión, el papel de denuncia que viene jugando la ciudadanía ha sido esencial para que los responsables de los actos de corrupción sean señalados y, en algunos casos, estén enfrentando juicios que esperamos sean favorables para la sociedad en su conjunto. La cercanía de la próxima coyuntura electoral para elegir Presidente de la República puede ser un buen momento para traducir la participación ciudadana en espacios de decisión y vigilancia del comportamiento de los gobernantes.