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Cultura Tributaria

MÁS FISCALIZACIÓN DEL SAT

por Sergio Ledezma Martínez

Como contribuyentes, sobre todo aquellos que realizan actividades empresariales como persona física o como persona moral tienen una serie de obligaciones a cumplir, estas deben realizarse de acuerdo a lo dispuesto en la ley para no tener el riesgo de caer en infracciones y la consecuente sanción.
Una de esas obligaciones es la de determinar las contribuciones a su cargo cuando se ubiquen en la situación jurídica o de hecho que establezca la ley, tratándose del Impuesto Sobre la renta, se calcula sobre la utilidad fiscal obtenida, aplicando en el caso de las personas físicas la tarifa establecida en el artículo 96 de la ley del impuesto sobre la renta y en el caso de las personas morales la tasa del 30 por ciento.
Esa base se obtiene de restar de los ingresos acumulables las deducciones autorizadas y cumpliendo los requisitos establecidos, al efecto es importante observar que las deducciones deben tener una relación directa y razonable con la obtención del ingreso, no basta con tener un comprobante de la operación, sino que en todo tiempo se pueda demostrar la existencia de la operación y desde luego, haber cumplido con los requisitos que la ley establece.
A partir del ejercicio 2014, se establecieron una serie de mecanismos y facultades adicionales para las autoridades fiscales a efectos de cerciorarse del correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los particulares en la determinación de las contribuciones, uno de esos es precisamente la identificación de empresas que facturan operaciones simuladas y por otro lado a las empresas que deducen operaciones simuladas.
Esa mala práctica de los contribuyentes se da cuando una persona simula haber adquirido ciertos bienes obteniendo una factura de otra empresa que supuestamente le ha enajenado bienes o prestado servicios, acreditando indebidamente el impuesto al valor agregado y efectuando la deducción para el impuesto sobre la renta, causando un doble perjuicio al fisco.
Con ello se afecta de manera importante a la recaudación que afecta también de manera importante a la población en el sentido de que en cuanto menos se recauda se tiene que echar mano del endeudamiento o incremento de tasas de impuestos, generando una carga a los contribuyentes cautivos.
Para contrarrestar esas prácticas, como he mencionado, en el año de 2014 entró en vigor una modificación importante al Código Fiscal de la Federación, con la adición del artículo 69-B, por demás significativa y trascendente en esa reforma fiscal, en ello se vigila de manera especial a quienes facturan bienes o servicios sin tener la estructura suficiente tanto en activos como en personal para la realización de los mismos.
Esta disposición prevé la posibilidad de que las autoridades fiscales ejerzan sus facultades de comprobación investigando en primer término a quién ha emitido los comprobantes fiscales, verificando que cuente con los elementos suficientes para la enajenación de los bienes y prestación de servicios, iniciando con una presunción de práctica indebida.
Posterior a ello y habiendo dado el plazo al que emite los comprobantes para que haga las aclaraciones y éstas no sean satisfactorias, surge entonces la posibilidad para la autoridad para emitir y publicar la denominada “lista negra”, que contiene a las empresas que han emitido comprobantes con esas características de simulación.
La publicación en esa lista obliga a los contribuyentes que dieron efectos fiscales a esos comprobantes a que en el plazo de treinta días aclaren ante las autoridades la real existencia de la operación o bien a que presenten declaraciones complementarias dejando de deducir y dejando de acreditar el impuesto al valor agregado que consta en esos documentos, con la consecuente generación de diferencias a su cargo.
En esas consideraciones, en el caso de que la autoridad demuestre tales supuestos, puede configurarse como delito de defraudación fiscal, lo que implica entrar en un juicio de esa índole.
En alcance a todo ello, el Servicio de Administración Tributaria ha emitido el “Programa de Ejemplaridad”, que va dirigida a contribuyentes que se ubiquen en algunos supuestos como: casos de defraudación fiscal, cancelación de certificado de sello digital (CSD), como medida por no cumplir con obligaciones fiscales, emisión de comprobantes fiscales por operaciones inexistentes o simuladas, no localización de contribuyentes en su domicilio fiscal.

Comentarios. Sergio@ledezma-martinez.com