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Delitos electorales

  • Raúl Iturralde

La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), fue creada en 1994, es una institución de la Procuraduría General de la República (PGR). Esta institución fue creada para procurar justicia en materia penal electoral, se encarga de investigar y perseguir el delito electoral cumpliendo funciones de Ministerio Público de la Federación. De acuerdo con lo que se señala en la página electrónica de la FEPADE, su misión es prevenir, investigar y perseguir los delitos electorales para garantizar la libertad del voto, generar seguridad, certeza jurídica y paz social en los procesos electorales del país.

En una sola semana, el sistema electoral mexicano entro en una profunda crisis que parece no tener fin. El 16 de octubre, el Procurador General de la República, Raúl Cervantes presenta su renuncia para no enturbiar el escenario político, según dijo; inmediatamente después el Presidente Peña Nieto anuncia que el nombramiento del Fiscal General se hará después de la votación del mes de julio de 2018 y deja a un encargado del despacho de la PGR, quien, a su vez,, el 20 de octubre procede a destituir al titular de la FEPADE, Santiago Nieto Castillo, bajo el endeble argumento de violar el código de conducta de la PGR.

De acuerdo con la información periodística de estos últimos días, no hay claridad respecto a las verdaderas causas que detonaron la destitución, el único elemento que se maneja es que el titular de la FEPADE ventiló públicamente una investigación en curso en la que se señalaban presuntos actos de corrupción del ex director de PEMEX, Emilio Lozoya, relacionados con el caso de la empresa Odebrecht.

Como sigue ocurriendo en la política mexicana, estos hechos se constituyen en posibilidades de los partidos políticos para posicionarse ante la opinión pública, tratando de hacerlo a partir de destrozar al otro. En el caso que estoy comentando, la decisión ha levantado innumerables reacciones, principalmente en contra de la decisión, la oposición cuestiona la destitución y han anunciado, cada quien por su lado, la defensa de Santiago Nieto y exigir su restitución, mediante un procedimiento legal ante el Senado de la República.

Lo preocupante de esta situación de inestabilidad es la cercanía del proceso electoral para elegir al próximo Presidente de la República, la FEPADE es una institución muy importante que debe contribuir al desarrollo del proceso democrático, investigando las posibles acciones de fraude y dándole seguridad a la ciudadanía de que se trabaja para reducir los delitos electorales; pero sí esta institución está en crisis, se pone en tela de juicio su legitimidad al tratar de imponer responsables a modo, que respondan solamente a los intereses de la clase política y dejen de lado los principios esenciales de la democracia: ejercer de manera libre e informada el derecho a votar por quien consideremos sea la mejor opción para el país.

En mi opinión, la pugna entre los partidos políticos debido a la destitución del Fiscal especializado para la atención de delitos electorales, presagia una guerra sucia en los próximos meses. El anhelo ciudadano de un Estado Constitucional de Derecho, con su sistema de instituciones legitimadas, con el respeto a las leyes y el fomento a la participación democrática, sigue siendo sólo eso; un anhelo que se ve lejano de alcanzar cada vez que observamos el surgimiento de conflictos innecesarios. Es un conflicto cuyas verdaderas intenciones todavía están por conocerse.