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El Bolígrafo – Conflicto electoral y desigualdad económica

  • Raúl Iturralde

En esta semana el país se mueve entre la coyuntura política de las secuelas electorales en el Estado de México y Coahuila, y el reciente reporte de la Comisión Económica para la América Latina (CEPAL) sobre la tendencia creciente de la desigualdad económica en el país. Ambos aspectos ilustran las condiciones de embrollos políticos y problemas económicos que colocan al país en una situación de vulnerabilidad y le impiden atender lo estratégicamente prioritario para enfilarnos hacia lo que todos anhelamos: impulsar un tipo de desarrollo sustentable que genere beneficios para toda la población y consolide el sistema político con base en la amplia y libre participación de las mayorías en las grandes decisiones nacionales.

En el caso de la coyuntura política, los declarados triunfos de los candidatos del PRI en el Estado de México y Coahuila deberán enfrentarse a las inminentes impugnaciones de los Partidos Morena y Acción Nacional respectivamente. La débil estabilidad del sistema político mexicano está en riesgo y amenaza con provocar una crisis de consecuencias terribles dada la inminencia del proceso electoral del próximo año. Las impugnaciones en gran medida están centradas en la duda que se ha sembrado sobre las acciones y el comportamiento ético de los institutos electorales estatales, se les acusa de haber asumido un papel tendencioso y parcial que favoreció el fraude y las anomalías durante la jornada en la que la ciudadanía acudió a las urnas a expresar su decisión respecto a quienes tendrían que ocupar los cargos de representación popular para los próximos tres o seis años, según el caso.

En el tema económico, el país no logra, o no tiene interés, en establecer una política pública tendiente a disminuir la enorme desigualdad económica que existe entre los grupos sociales. Según datos de la CEPAL, 10 % de las familias mexicanas, aproximadamente 10 millones de mexicanos, poseen 66 % de la riqueza del país y, dentro de ellos, 1 % (un millón) se apropia de 33 % de la riqueza total; en el extremo, tenemos que 90 % de las familias, alrededor de 110 millones de personas, viven con 33 % de la riqueza producida. La CEPAL establece que uno de los factores más relevantes que propicia esta desigualdad creciente radica en las relaciones de poder que a nivel individual y colectivo se producen en las relaciones sociales de los mexicanos.

Si cruzamos estos aspectos políticos y económicos, podemos darnos cuenta de que estamos ante un fenómeno muy preocupante, se vive una crítica situación política en las que los actores políticos se muestran incapaces para generar esquemas de acercamiento y acuerdos que los lleven a regenerar el debilitado tejido de la democracia y, por el contrario, se enfrentan con agresivos discursos y confrontaciones estériles. Por el lado de la economía, sigue siendo evidente la falta de voluntad para buscar enfoques de análisis diferentes a los que se vienen utilizando para encontrar los puntos de confluencia para impedir que las grandes desigualdades sigan creciendo.

En mi opinión, es imprescindible empezar a construir un nuevo esquema de participación ciudadana para reducir las crisis políticas y la desigualdad económica, los partidos políticos y sus dirigentes deben entender que el camino de la confrontación es la opción más costosa para resolver las diferencias, aleja a la ciudadanía de las urnas, crece la desconfianza en las instituciones y se convierte en un caldo de cultivo para la cultura del abuso del poder y de la impunidad.