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El Bolígrafo – El Presupuesto 2017 y la Educación

  • Raúl Iturralde

Cómo lo comenté con ustedes en una entrega anterior, el Ejecutivo presentó al Poder Legislativo, el Proyecto de Presupuesto de Egresos para 2017, en el que se establece  disminución del 15% en términos reales en lo que a educación se refiere y que constituye el recorte más alto de todas las secretarías de estado. El encargo presidencial al nuevo titular de la Secretaría de Hacienda fue el de presentar un presupuesto austero, que beneficie a la población y que se obtenga un superávit primario, es decir, lograr que la diferencia entre ingresos y egresos sea favorable, sin considerar el pago de intereses de la deuda, de tal manera que el pago de la deuda sea mediante el saldo a favor que se obtenga. En otras palabras, se le pidió al secretario de Hacienda revertir la tendencia deficitaria que ha caracterizado a los presupuestos de los últimos 10 años en un momento en el que las condiciones externas e internas son totalmente adversas.

Revisando un poco más a fondo la propuesta que se está debatiendo y contrastándola con el presupuesto de egresos presentado en 2016, encontramos algunos aspectos sobresalientes; de ellos, quiero compartir con ustedes el referente a las decisiones tomadas respecto al qué hacer con la educación y con la deuda pública.

La experiencia en otros países muestra una relación directa entre educación y desarrollo; en aquéllos países en los que se apoya decididamente la educación de la población, se logran avances significativos en la generación de riqueza y en la disminución de la desigualdad económica. En México el discurso oficial afirma que la educación es la mejor vía para acabar con la pobreza y mejorar las condiciones de vida de los mexicanos. Agregaría que un país que apuesta por la educación cuenta con ciudadanos participativos y vigilantes de los gobiernos. Sin embargo, los hechos demuestran que el discurso se queda en el papel, pues el apoyo a la educación no se ve por ningún lado.

Los siguientes datos me permiten argumentar y darle forma a la idea que estoy expresando. En 2016 se asignó un presupuesto de 299 mil millones de pesos al sector educativo, para 2017, el presupuesto estima asignación de 266 mil millones de pesos, 33 mil millones de pesos menos, el equivalente casi al presupuesto de la UNAM. Por otra parte, en el rubro de deuda pública, encontramos que en 2016, se destinaron 370 mil millones de pesos y para 2017 se propone monto de 414 mil millones de pesos, 44 mil millones de pesos adicionales.

En palabras simples quiere decir que el proyecto de presupuesto privilegia el pago de la deuda por encima de la educación. Resulta carente de sentido el argumento del superávit primario a costa de seguir sacrificando la educación de los mexicanos.

En un par de meses más conoceremos las decisiones finales y el presupuesto que habrá de ejercerse en 2017, pero las expectativas son bajas, difícilmente se obtendrán los recursos necesarios para mejorar las condiciones educativas del país y, en consecuencia, seguiremos observando el crecimiento de la pobreza y la ampliación de las desigualdades económicas, políticas y culturales.

En mi opinión, la asignación del presupuesto es una razón poderosa para que la ciudadanía busque organizarse de mejor manera para incidir en esta importante decisión, también es una buena ocasión para obligar a nuestros gobernantes a cumplir con sus promesas de campaña, que invariablemente buscan obtener el voto ciudadano ofreciendo lo mejor en materia de educación, salud, vivienda y trabajo, pero que siempre terminan dejándolos de lado a la hora de asignar los recursos públicos, privilegiando cuestiones muy distintas y que generalmente responden a intereses de los partidos y de la clase política y no a las necesidades y demandas de la población en general.