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El Bolígrafo – Inicio de año preocupante

  • Raúl Iturralde

Aunque ya nada debería sorprendernos, lo cierto es que la forma en que se anunció el aumento al precio de la gasolina es verdaderamente asombrosa. El secretario de Hacienda lo presentó como un “cambio histórico” y añadió que ahora se podrá hablar de un mercado de las gasolinas, como si esto fuera un triunfo nunca antes visto. En general, cuando se habla de “cambios históricos” es porque ocurre algo positivo para un país o para una organización; pero en este caso no veo lo histórico. Se establecieron 90 regiones para definir el precio de la gasolina, Querétaro quedó, junto con Guanajuato, en la región 53 y los precios serán de 16.02 pesos para la magna, 17.79 pesos la Premium y el diésel en 17.09 pesos por litro. Pero ahí no para la cosa, el secretario de Hacienda anunció que este aumento solamente es hasta el 17 de febrero, porque a partir del 18 de febrero, los ajustes serán diarios de acuerdo al comportamiento del mercado.

Atrás quedó el discurso que ligaba reforma energética con una disminución en los precios de la gasolina y de la luz; evidentemente, la idea de “que ahora se puede hablar de un mercado de gasolina”, donde el precio dependerá de las fuerzas de ese mercado, poco y nada significa para quien día a día observa cómo disminuye su poder adquisitivo. Llegó la realidad y para el ciudadano común el “cambio histórico” es, en palabras simples, que ahora tendrá que pagar alrededor del 20 por ciento más por el combustible, mientras que el salario solamente se incrementó en 9 por ciento aproximadamente.

El incremento a la gasolina le permitirá al gobierno federal recaudar más impuestos, pues cuatro pesos de ese costo es el llamado Impuesto Sobre Producción y Servicios (IEPS) y es un recurso que va directo a las arcas de la Secretaría de Hacienda. Para algunos especialistas es un aumento disfrazado de impuestos, para otros es la expresión de la mala conducción económica y fiscal del sexenio de Enrique Peña Nieto y ambas opiniones son acertadas.

Más allá de los argumentos que el gobierno federal utilice para defender sus lamentables decisiones, a nivel de la calle el rumor y el temor van en ascenso. Los rumores desatados a raíz del desabasto en algunas regiones del país, provocaron sentimientos de frustración y enojo entre los ciudadanos al calificarla como una estrategia de las empresas gasolineras para obtener una ganancia adicional. El temor radica en la aplicación del sentido común que dice: si sube la gasolina, sube el precio de todas las mercancías y, por tanto, se reducen nuestras posibilidades de alcanzar un mejor nivel de vida y la desigualdad entre pobres y ricos será mayor, con la previsible secuela de violencia social producto del descontento.

Así las cosas, más que histórico, es una medida regresiva que afectará a la economía en su conjunto, los precarios equilibrios entre los indicadores macroeconómicos, principalmente la tasa de inflación, la paridad peso-dólar y las tasas de interés, se encontrarán con grandes y serios problemas de conducción y organización para que no se desborden y nos lleven a una crisis todavía más profunda que la que se vive actualmente.

En mi opinión, aunado al problema económico y político por la decisión adoptada, está la posible respuesta de malestar en amplios sectores sociales que verán seriamente disminuidas sus opciones de mejora económica. No podemos desestimar la conflictiva y tensa situación social, no olvidemos que un porcentaje elevado de la violencia se deriva de la pobreza y la falta de oportunidades de empleo de la población vulnerable. Insisto, la lectura ciudadana es que el aumento de la gasolina es una medida que golpea directamente el bolsillo de quienes menos tienen y que el gobierno lo hace para defender los intereses de los que más tienen y que se verán directamente beneficiados con este aumento.