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El Bolígrafo – La ciudadanía y la elección de presidente de la república

  • Raúl Iturralde

Los hechos que siguen acaparando la atención de los interesados en los temas políticos del país, se caracterizan por los actos de corrupción de los gobernadores y presidentes municipales que han concluido sus periodos o como en el caso de Javier Duarte en Veracruz que pide licencia para huir de la justicia, inclusive en los últimos días “Diario de Querétaro” dio cuenta de las decisiones del PRI de expulsar al Ex – Gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, y de la suspensión de derechos políticos al Ex – Gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, por actos de corrupción durante sus administraciones.

Son hechos lamentables que inciden negativamente en la economía de los estados y del país; pero que, además, deterioran y corroen la estructura de todo el sistema político, extendiendo la desconfianza ciudadana en los actos de gobierno; golpeando la imagen de los partidos políticos que postularon a dichos representantes populares y provocando situaciones de confrontación entre los actores políticos que en poco contribuyen a erradicar este terrible mal de la corrupción.

La pregunta que quiero traer a la discusión es: ¿qué están proyectando los partidos políticos de cara a la elección presidencial de 2018 para mejorar el perfil de nuestra clase política y evitar que quienes ocupen cargos de elección popular no incurran en delitos como los que venimos escuchando y leyendo? Evidentemente el problema de la corrupción es un tema esencial a la que la ciudadanía está muy atenta, que comenta en todos los ámbitos posibles y que, desde luego, quiere conocer los planteamientos programáticos de los partidos para saber hacia dónde dirigirán su voto en 2018.

Hasta ahora, y más allá de las estrategias propagandísticas que al respecto se vienen publicando, ningún partido ha definido clara y convincentemente su programa contra la corrupción y, en consecuencia, no logran penetrar en el interés ciudadano. No basta con tener leyes que prevengan y sancionen estas conductas, es indispensable garantizar su aplicación en forma general y oportuna, desgraciadamente la impunidad es fiel compañera de tales conductas. La clase política está obligada a generar respuestas categóricas, los partidos políticos deben responsabilizarse por sus candidatos, dejar fuera a quienes no reúnen los mínimos requisitos de capacidad, responsabilidad y honorabilidad y mejorar sus procedimientos de selección para impedir que se sigan reproduciendo estas situaciones.

Desde luego, el electorado debe ser más cuidadoso al otorgar su voto y privilegiar la trayectoria, resultados y rendición de cuentas que tengan los candidatos en sus funciones previas. La ciudadanía debe tener mayor participación y fomentar las acciones de denuncia para evitar que las elecciones se conviertan en meras transacciones mercantiles y deterioren la cultura política del electorado. Las candidaturas independientes, aún con todas sus limitaciones y su escasa influencia, pueden contribuir a enriquecer la oferta política y sumar ciudadanos con mejores prácticas para la administración pública.

En mi opinión, los partidos políticos continuarán perdiendo credibilidad y confianza del electorado si no dan muestras de comprender las señales de agotamiento del sistema y si no son capaces de elaborar una firme plataforma política que en el plano de la honestidad y la transparencia logre convencer a la ciudadanía. El 2018 está cerca y estoy convencido que el gran debate nacional será el tema de la corrupción.