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El Bolígrafo – Otra vez la inseguridad

  • Raúl Iturralde

La inseguridad tan extendida en nuestro país y la incapacidad de las autoridades  encargadas de combatirlas son dos circunstancias que cada día son más evidentes; el efecto es el temor que se siembra entre los ciudadanos, quienes nos sentimos vulnerables y sin opción de acudir a las instancias que deben garantizar la seguridad e impartir justicia para brindarnos la protección necesaria. También se produce una percepción muy negativa sobre la actuación de las autoridades encargadas de estas tareas, quienes, por añadidura, en su afán de justificarse se insensibilizan y recurren a señalar a las víctimas como las responsables de sus propias tragedias.

Comentó lo anterior por los terribles sucesos que ocurren a diario en todo el país y donde la respuesta del Estado Mexicano es hacer declaraciones sin sustento y quien sufre las agresiones se le estigmatiza, provocando el descontento y malestar entre la población. En lo particular quiero abordar dos hechos delictivos recientes y las declaraciones de las autoridades para tratar de explicarlos.

El primer caso es el asesinato de una joven mujer dentro de las instalaciones de la UNAM; una vez que se conoció el hecho, la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México se apresuró a declarar sobre cuestiones que en nada ayudan a encontrar al responsable de la agresión y sí a cuestionar la conducta de la joven asesinada. Se dijo que no era estudiante, que se estaba drogando y alcoholizando, enviando el mensaje de responsabilizarla por lo ocurrido. Más allá de que estas circunstancias sean ciertas o no, la obligación de los encargados de la seguridad es investigar el ilícito y castigar a los culpables y no crear una atmósfera que sesgue la investigación, y es reprobable la decisión de enfocarse en el juicio moral a la víctima.

El segundo asunto que ha sido tratado vergonzosamente es el del ataque a una familia en la autopista a Puebla, suceso que terminó con el asesinato de un niño de tres años y la violación a una mujer adulta y una adolescente. Las autoridades se apresuraron a decir que se trató de un ajuste de cuentas entre bandas criminales. Al conocer más del asunto nos enteramos que se trata de una familia modesta donde el jefe de familia y que conducía su vehículo es un hombre ampliamente conocido en su lugar de origen, honesto, albañil de oficio que trabaja en la construcción. Nuevamente observamos que la actuación de la autoridad es claramente inadecuada, optando por declaraciones ligeras consistentes en responsabilizar a las víctimas y negándose a reconocer que carecen de aptitudes para atender esta problemática.

Ambos hechos son muestra palpable de la incapacidad de los cuerpos de seguridad para cumplir con su función esencial de brindar seguridad personal y patrimonial a sus habitantes; hace tiempo esto se perdió y es precisamente ahí en donde el Estado falla y pierde credibilidad, situación agravada por la incapacidad para reconocerlo y en la insistencia en responsabilizar a los ciudadanos de los ataques que reciben de la delincuencia.

En mi opinión, no reconocer la verdadera dimensión de la violencia y negar el grave problema de eficacia en los órganos de gobierno responsables de la seguridad ciudadana, provoca que la delincuencia y la violencia sigan creciendo; mientras que las declaraciones orientadas a cuestionar a las víctimas generan incredulidad y molestia ciudadana, haciendo evidente la crisis que vive hoy el sistema y la clase gobernante.