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El sistema jurídico y los desastres

  • Raúl Iturralde

El pasado martes 19 de septiembre se produjo un terremoto de 7.1 grados en la escala Richter que afectó a varias entidades de la república, con graves daños en las zonas afectadas, incluyendo a la ciudad de México. No podemos olvidar que en la misma fecha 32 años atrás, un terremoto diez veces más fuerte ya había azotado a la Ciudad de México, causando el desplome de edificios y con un saldo enorme de personas fallecidas.

Comentando esta triste y lamentable situación con mi hijo, Raúl Iturralde González, quien está terminando su tesis de doctorado en derecho y se especializa en temas de derecho administrativo, comercial y civil, él me decía que le parece muy extraño que una ciudad con esos antecedentes no se encontrara preparada para enfrentar un terremoto más débil que el de la década de los ochenta; esta situación revela que la debilidad de las estructuras que colapsaron con los movimientos telúricos, la debilidad del sistema jurídico mexicano y la vulnerabilidad de los ciudadanos ante este sistema.

Raúl me propuso un ejercicio de imaginación: que los mismos hechos se hubieran producido en Estados Unidos; imaginemos que, a pesar de existir ordenamientos diseñados para evitar el derrumbe de edificios, éstos se hubieran caído con un temblor menor al que debería ser la base para esos ordenamientos. Lo que ocurriría es que tanto las empresas constructoras como los ingenieros y demás especialistas que autorizaron esos edificios ya se estarían preparando para litigar dichos asuntos por los próximos años.

Sobrevendrían las demandas civiles en contra de las compañías y de las mismas personas por negligencia en la construcción por miles o millones, de dólares. Lo cierto es que el mismo temor a ser demandados haría que las empresas revisaran dos veces antes de autorizar las construcciones; sin ser el mejor sistema jurídico del mundo, lo cierto es que sí hace que los ciudadanos se vigilen a sí mismos y estén protegidos frente a estas eventualidades.

En México no hemos desarrollado una teoría de obligaciones extra-contractuales tan avanzada como en otros países (llamados torts en los países anglosajones). Aquí optamos por el camino del derecho administrativo con la creación de procuradurías, institutos, fiscalías y demás órganos que no incentivan la participación ciudadana. Estos organismos y sus legislaciones usualmente limitan el resultado que los demandantes pueden obtener y sólo incrementan la burocracia estatal y abren las puertas a la corrupción.

Si se permitiera a los ciudadanos acudir a las cortes civiles, posibilitaría que los demandados indiquen las cantidades que ellos estiman necesarias (desde luego limitadas por los jueces) aumentando la responsabilidad de los prestadores de servicios y los vendedores de productos. La Suprema Corte de Justicia ya ha avanzado en esta materia en cuestiones de negligencia médica y desarrollando el concepto de “daño moral” como en el famoso caso ocurrido en 2013, del sujeto que se ahogó en un hotel de Acapulco.

En mi opinión, y siguiendo el consejo de mi hijo Raúl Iturralde González,, las herramientas con las que cuenta la Suprema Corte no son suficientes para desarrollar esta materia; será necesario reformar todo el sistema para permitir que la ciudadanía se vigile a sí misma, pudiendo demandar en cortes civiles a otros que hubieran sido negligentes. El terremoto del pasado martes demostró que nuestro sistema jurídico no es suficiente ni eficiente para darle un cauce justo a este tipo de tragedias.