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El Teatro de la República

  • Fernando Ortiz Proal

PRIMER ACTO. DOBLE MORAL. A nadie sorprende la doble moral norteamericana en la arena internacional. La máxima expresión de esta imperial postura va de las cuestionables invasiones a la intervención en la vida política de otras naciones. No obstante, existen otros espacios donde también se aprecia la siempre particular y convenenciera visión de las cosas del mundo de los vecinos del norte. Históricamente, los Estados Unidos de América se han caracterizado por la lentitud con la que ratifican las convenciones internacionales relacionadas con los derechos fundamentales que, paradójicamente, muchas veces han sido promovidas de origen por sus propias administraciones. El problema es que llegado el momento de la ratificación congresional, con alarmante frecuencia la ratificación de dichos tratados es congelada por años por los legisladores, particularmente republicanos, que consideran que la adopción de obligaciones jurídicas en el plano internacional puede “alterar” lo que estiman como el correcto funcionamiento de su orden normativo interior. En otras palabras, consideran que someterse a las leyes internacionales le resta fuerza a sus propias normas. Así las cosas, estiman que existe una especie de estado de excepción con relación a ellos y el resto del mundo, ya que mientras aplauden que todas las demás naciones libres del orbe suscriban un tratado internacional, ellos simplemente dilatan su ratificación y, como veremos a continuación, en algunos casos simplemente no llega la misma quedando exentos de su normatividad. ¿Soberbia jurídica? Probablemente. Pero, sin duda, una conducta ventajosa y contradictoria que recuerda al imperio romano, donde los derechos se apreciaban en forma distinta según la “calidad” de la persona. Lo que transgrede la esencia misma de la idea que da sentido a los derechos humanos: su universalidad.

SEGUNDO ACTO. CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO DE LA ONU. Este tratado internacional fue adoptado por la Asamblea General y abierto a la firma y ratificación de los Estados que integran la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 20 de noviembre de 1989, curiosamente en la misma fecha que celebramos nuestra Revolución. A principios de 2005 únicamente tres naciones no lo habían ratificado: Estados Unidos, Somalia y Sudán del Sur. En la actualidad lo han ratificado 192 de los 193 países del mundo considerados como “oficiales e independientes” – siendo el Vaticano en la ONU un “Estado observador” -, de ahí que comúnmente se hable de que la ONU la componen 194 naciones. Pues bien, ¿quién creen ustedes que es el único país que no ha ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU? Adivinó. Los Estados Unidos de América. El pretexto es peor que la negativa misma, dicen que su Suprema Corte ha garantizado el derecho de los Estados de la Unión Americana a dictar pena de muerte a menores de edad. Así como lo lee. Esa ha sido la justificación del impoluto Congreso de los Estados Unidos de América para no ratificar y, consecuentemente, sustraer a su país de los compromisos que impone en favor de la infancia el más completo de los acuerdos internacionales sobre dicha cuestión. Y este instrumento internacional, entre otros postulados centrales, reafirma el papel primordial de los padres y la familia en la crianza de sus hijos.

TERCER ACTO. DISPOSICIONES. Plenamente conscientes de que no tienen obligatoriedad jurídica alguna allá del otro lado de lo que será el muro de Trump, dada la prioridad que su máximo tribunal concede al “derecho a matar menores”, actuando ingenua y naifmente, a continuación transcribiremos algunos artículos de la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU que exhiben como la medida que analiza el Gobierno estadounidense de separar a los menores hijos de sus padres cuando sean detenidos cruzando ilegalmente la frontera con México, transgrede en forma por demás evidente el marco de protección internacional de los niños vigente en todo el mundo libre excepto en los Estados Unidos de América. Aquí van en lo conducente. “Artículo 1. Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad… Artículo 2. (1). Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales. (2). Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familiares. Artículo 3. (1). En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño… Artículo 4. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención… En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional… Artículo 7. (1). El niño será inscripto inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos. (2). Los Estados Partes velarán por la aplicación de estos derechos de conformidad con su legislación nacional y las obligaciones que hayan contraído en virtud de los instrumentos internacionales pertinentes en esta esfera, sobre todo cuando el niño resultara de otro modo apátrida…”.

TRAS BAMBALINAS. ¿IN GOD WE TRUST? Llama la atención que en términos del artículo 22 que por no abusar del espacio ya no transcribimos, cuando los menores son refugiados es obligación del Estado buscar a sus padres. Pero ahora en los Estados Unidos de América la intención es separar a los menores de sus padres cuando crucen la frontera sin documentos, con la única intención de “inhibir” un flujo migratorio que a estas alturas es imparable.

Notario Público 19 de Querétaro.

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