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El Teatro de la República

  • Fernando Ortiz Proal

PRIMER ACTO. EL NUEVO PARADIGMA NORMATIVO. En el marco del curso de actualización notarial a través del sistema de videoconferencias que imparte el Colegio Nacional del Notariado Mexicano, el sábado pasado el notario citadino José Ángel Fernández compartió el tema “Reglas especiales a la capacidad de las personas”. No obstante las múltiples aristas de la cuestión y su complejidad a raíz de la evolución en las últimas décadas del concepto, contenido y alcance de la idea de los derechos humanos, el ponente consiguió hacer una interesante y amena exposición. Y sin menoscabo de las siempre respetables posiciones personales, ya que se trata de aspectos muy controvertidos, inclusive nos atreveríamos a decir profundamente polémicos, nos parece que lo más valioso de la exposición fue el hecho de que nos abrió los ojos respecto de situaciones que, sin lugar a duda, tarde o temprano, serán materia de las nuevas controversias morales, religiosas, sociales, políticas, jurídicas y económicas, como en su momento lo han sido para nuestras generaciones temas como la homosexualidad, la pena de muerte, la eutanasia, el uso legal de la marihuana o el aborto voluntario. De hecho, algunas vuelven a presentarse pero desde enfoques diversos. El punto de quiebre es lo que la ex ministra de la Suprema Corte Olga Sánchez Cordero denomina como la “tendencia a la convencionalización y legalización del ordenamiento jurídico en México”.

SEGUNDO ACTO. CONVENCIONALIZACIÓN DEL DERECHO MEXICANO. Esto es, el efecto producido en nuestro sistema legal por las reformas constitucionales del 2011 y los criterios de interpretación respecto de su alcance emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue un dramático cambio que de golpe puso en la punta de la pirámide normativa a los derechos fundamentales. El concepto tradicional de libertades o garantías transmutó hacia todo derecho que garantice la tutela, respeto, promoción, defensa y reparación del daño cuando se transgreden, derechos humanos. Las propias disposiciones constitucionales son desplazadas cuando en un instrumento internacional suscrito por el Ejecutivo mexicano y ratificado por el Senado de la Repúblico o bien en una norma legal, cualquiera, se contempla una disposición más garantista de los derechos humanos. Hasta este punto todo parece correcto. Habrá quienes suspiren y hasta profieran un “¡por fin!”. Hemos salido de la dictadura de las formas, finalmente hemos escapado del infierno del criterio burocrático para dejar atrás aquella sentencia clásica de “la forma es fondo” e ingresar al cielo de la dignidad de la persona, al edén de los derechos humanos. Y, ciertamente, en muchos aspectos esto es de celebrarse. Pero veamos algunas situaciones que con inteligente filo planteó José Ángel Fernández.

TERCER ACTO. CONTROVERSIAS. Si se revisa la normatividad internacional y nacional aplicable en México en relación con los derechos fundamentales de los niños, encontramos como puntos de partida los siguientes fundamentos: la Convención sobre los derechos del niño reconoce plenamente los derechos de los menores de 18 años a su desarrollo, identidad, asociación y a la no injerencia en su vida privada; por su parte, el artículo 13 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes reconoce como derechos fundamentales de los menores, entre otros, los derechos al desarrollo, a la identidad, a la igualdad sustantiva, a no ser discriminado, y a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura. Con esta base, ¿puede un menor de edad decidir, y esto es lo interesante, sin la intervención de sus padres, cambiar de sexo, abortar, inseminarse artificialmente, determinar su voluntad anticipada, dejar de ir a la escuela o abandonar el domicilio familiar? ¿Existe hoy fundamento jurídico para ello, atendiendo a que los jueces siempre deben aplicar la norma que mayor protección brinda al derecho humano de que se trata o cuyo alcance se determina o interpreta? Sin manifestar si esto es o no correcto, adecuado, justo, conveniente o simplemente una locura, el punto es: ¿nos hemos percatado del dramático cambio en nuestro orden normativo derivado de las reformas constitucionales de 2011? ¿Siquiera vislumbramos los conflictos jurídicos que se avecinan? Pensamos que no.

TRAS BAMBALINAS. MACRON. ¿Milagro político o producto rentable creado y manipulado por viejos tiburones de la grilla gala?

Notario Público 19 de Querétaro.

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