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El Teatro de la República

  • Fernando Ortiz Proal

PRIMER ACTO. EL PECADO DE SER PROCURADOR. En el México moderno el cargo de Procurador General de la República ha sido considerado eminentemente político. ¿Por qué? Como con el dilema del huevo y la gallina, tampoco se sabe qué fue primero, si la politización de la justicia o la judicialización de la política; lo que es un hecho, es que en las últimas décadas los nombramientos de los denominados abogados de la Nación han obedecido casi exclusivamente a criterios políticos. Inclusive, cuando la Procuraduría General de la República (PGR) se encomendó a perfiles académicos o estrechamente ligados a la defensa de los derechos fundamentales, la decisión tuvo mucho más que ver con su conveniencia política que con buscar su transformación y fortalecimiento institucional llevando un académico a su titularidad. Simplemente, el promedio de poco más de un año al frente de la PGR exhibe que además de político es un cargo de evidente y contundente coyuntura. Decía el destacado constitucionalista Diego Valadés, quien fungió como Procurador General de la República de enero a mayo de 1994, solo cuatro meses – aunque en su defensa hay que decir que en un año particularmente complejo en la historia política de nuestro país -, que para ser titular de la PGR se requería un abogado con suficiente prestigio dispuesto a perderlo. En nuestra opinión, Jorge Carpizo McGregor, Ignacio Morales Lechuga, Sergio García Ramírez, Pedro Ojeda Paullada y el citado Diego Valadés, han sido los de más empaque, aunque sus credenciales académicas poco o nada pudieron hacer para modernizar la procuración de justicia en México. Además de la pesada carga política inherente al cargo, siempre se hacen presentes el frecuentemente desbordado interés que provocan los hechos delictivos y los inevitables juicios populares que se emiten a través de la opinión pública. Estas sentencias del pueblo, sumarias e inapelables, determinan culpables, inocentes, modus operandi y, de paso, califican de manera inexorable al gobierno y procurador en turno, casi siempre con resultados negativos para el jurista en cuestión. El desprestigio, como decía Valadés, parece ineludible.

SEGUNDO ACTO. DESPOLITIZAR LA PGR. Se supone que la mutación a Fiscalía General de la República pretende, entre otras cosas, bajar la presión política a quien ocupe el cargo de Fiscal General. En principio, la no dependencia del titular del Ejecutivo lo emancipa para que deje de ser el abogado del Presidente y pueda desempeñarse efectivamente como el abogado de la Nación. No obstante, enfrentar al sistema no será tarea fácil. Finalmente, la presión vendrá a través de los partidos en la aprobación del presupuesto y en la confrontación mediática. El Fiscal General, a diferencia de los institutos políticos, trabajará en cierta forma solo, serán su prestigio, resultados y relación con la sociedad civil los que lo acreditarán. Y los tres factores no dejan de ser frágiles y dependen de las siempre caprichosas percepciones. Mientras que quien ocupe la Presidencia de la República es titular unipersonal de uno de los tres poderes de la Unión, está acompasado por un partido político nacional y, consecuentemente, de sus legisladores federales y locales – de quienes es líder natural – y de un número generalmente interesante de gobernadores y alcaldes. Además, de grupos de poder económico, social y cultural que apoyaron y/o se sumaron a su proyecto. En pocas palabras, si se pone muy salsa le van a echar montón al Fiscal. De ahí que su independencia será parcial, ya que estará condicionado en mayor o menor medida. De hecho, en la praxis su autonomía de gestión dependerá más de la actitud del Ejecutivo federal en turno que del andamiaje normativo-institucional que se construya. Duele pero es la verdad.

TERCER ACTO. NECIOS. Por ello, seguimos insistiendo en que lo más recomendable es comenzar a transitar al parlamentarismo. Consideramos que sería menos complejo ajustar todo el sistema de golpe, que pretender modificar y encontrarle a cada figura o institución jurídico-política un esquema ad hoc en un sistema políticamente inoperante. Como absurdamente, quizá por necios, parece que lo venimos y seguiremos haciendo.

TRAS BAMBALINAS. VÁMONOS. Renunció Raúl Cervantes a la PGR, según dijo, para “facilitar” la reforma de la institución; lo curioso es que ni siquiera lo consideró cuando su pase automático a Fiscal General atoró la gobernanza en el país. Y es que lo que parecía un trampolín se convirtió en un pesado yunque.

Notario Público 19 de Querétaro.

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